A Gustavo Francisco Petro Urrego y su séquito de aduladores, hoy más que nunca, les queda claro que en la vida se cumplen todos los plazos y se pagan todas las deudas. La narrativa que surgió tras los acontecimientos de noviembre de 2019 se ha convertido hoy en una realidad tangible en Colombia. El ascenso de la izquierda al poder engendró inicialmente una sensación de optimismo entre las clases populares, que fueron incondicionales en su apoyo y ahora son testigos de la falta de atención a sus necesidades.
El Pacto Histórico será recordado como una fuerza política que no supo gobernar eficazmente el país. La compleja situación social que en 2019 llevó a protestas en las calles y planteó serios cuestionamientos al statu quo del establecimiento gubernamental, se revierte y estalla en las manos de Gustavo Francisco Petro Urrego y los agentes de la izquierda. La fragmentación de intereses al interior de la coalición de gobierno ha sacado a la luz una agenda privada de su mandatario que exalta el descontento con un gobierno que no se alineó con la confianza depositada en él para atender la reforma a la salud, la transformación pensional y laboral, la limitación de recursos para la educación, el asesinato de indígenas y líderes sociales, entre otros factores. La incapacidad de gestión de su presidente está repercutiendo negativamente en la nación, como resultado de muchos años de desatención a la demanda popular de una distribución equitativa y justa de las cargas sociales.
Parece que los únicos que han avanzado algo en esta fase de cambio son los que prometieron vivir «sabrosito». Desde la izquierda antes se contaban masacres, protestaban contra las subidas de los combustibles, expresaban odio a la burocracia diplomática, apoyaban las huelgas, defendían el derecho a criticar al Gobierno, decían sentir repugnancia por la corrupción, pero ya no. La confrontación ideológica, los delirios de persecución, la polarización política, la falta de imparcialidad y objetividad por parte de los actores del Pacto Histórico indican que en Colombia se está produciendo una desestabilización democrática, como se ha visto en otras partes de América Latina. Se está al frente de una situación en la que confluyen intereses contrapuestos y desencuentros que crean un clima de caos e insurrección en el tejido social colombiano. Es ilógico que conociendo los hechos y observando la situación de primera mano, se persista en aceptar y seguir creyendo en las mentiras de su dignatario.
Colombia se encuentra en un momento crucial de su historia, en el que se deben tomar medidas decisivas. La convocatoria de la oposición a una manifestación el 23 de noviembre presenta una oportunidad crucial para expresar la disconformidad al gobierno actual, que se enfrenta a importantes desafíos. El movimiento #FueraPetro está ganando impulso, con un número cada vez mayor de individuos y grupos que piden la salida de Gustavo Francisco Petro Urrego del poder. Este creciente coro de voces representa una sección transversal diversa de la nación, incluyendo familias, niños, fuerzas militares, empresarios y aquellos que valoran la libertad, el trabajo y la decencia. El clamor de la ciudadanía es que el país merece un gobernante que realmente se preocupe por el pueblo y no un ex-militante guerrillero que irresponsablemente incumple sus propuestas de campaña, llevando a los ciudadanos a ser cada día más pobres. Tristemente los agentes de la izquierda se prestan diariamente a la corrupción y aplican políticas que perjudican la inversión.
El país se enfrenta actualmente a un descenso del nivel de vida y a un aumento de la violencia. Quienes se entusiasman con el cambio deben entender que hay que salvar a Colombia de los efectos negativos del socialismo. La combinación de factores es indicativa de una estrategia de su mandatario que difícilmente redundará en la preservación de la seguridad, la convivencia y la normalidad ciudadana. Además, sugiere la intención de recurrir a la fuerza, si es necesario, para mantener el poder atacando el orden democrático. La falta de conciencia entre los miembros de la izquierda del gobierno está teniendo un impacto perjudicial en Colombia. La apuesta por el cambio está resultando contraproducente. Los datos indican que las reformas están teniendo un impacto perjudicial. Es poco probable que el acoso a la prensa impida que se oigan las voces que reclaman una reacción de la ciudadanía.
La limitación de la libertad de expresión pretende imponer restricciones a la comunicación verbal y a la manifestación de las diferencias bajo la coherencia del pensamiento. La postura ideológica radical está teniendo un efecto adverso en la convivencia pacífica en Colombia, con el resultado de que los problemas que se han dejado enconar durante los últimos dos años ahora están saliendo a la luz. Los reiterados ataques del gobierno al sector privado, junto con el nombramiento en cargos de responsabilidad de personas que carecen de los conocimientos técnicos necesarios, han colocado al país al borde de una crisis energética sin precedentes. El camino del socialismo lleva a la conclusión de que Gustavo Francisco Petro Urrego es el responsable del actual estado de cosas en el país. Se puede argumentar que su presidente es el culpable de la pobreza y la falta de oportunidades que afectan a los ciudadanos. El giro de la política de izquierda en materia de seguridad, economía y educación marca el inicio de un importante deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, es imperativo que se tomen medidas sin demora.
El respaldo del gobierno al M19 y a los grupos armados ilegales equivale a un aval a la actividad criminal. Por eso no es raro que funcionarios de la Fiscalía aparezcan en público disfrazados, luciendo el atuendo de los terroristas del ELN. El hecho de que su dignatario esté alineado con la ideología beligerante no niega la realidad de que los emblemas y otras características identificativas de los grupos terroristas no son una forma de entretenimiento, ni pretenden ser percibidos como tales. Quienes se dedican a actividades delictivas y prácticas corruptas están disfrutando de los beneficios del duro trabajo de la clase trabajadora, que se dispone a manifestarse pacíficamente el 23 de noviembre para expresar su preocupación por la situación actual en Colombia. Muchos ignoraban los riesgos que entrañaba confiar el poder a un antiguo militante de la guerrilla que, con una arraigada mentalidad de izquierda, desatendió sus responsabilidades para dar cabida a una mayor presencia de estructuras criminales.
Las actividades de delincuentes y terroristas se han hecho más frecuentes en Colombia. Las limitaciones impuestas por el gobierno de izquierda a las fuerzas militares y policiales tienen un efecto adverso en la capacidad operativa de los responsables de mantener el orden y defender el Estado de Derecho. Gustavo Francisco Petro Urrego está causando un daño significativo al pueblo colombiano. Su objetivo es mantener el statu quo para los empobrecidos, con la esperanza de que con el tiempo mejoren sus circunstancias. Sin embargo, no tiene ninguna intención de cumplir sus promesas. Como movimiento estratégico en la política socialista, la izquierda intenta ganarse la confianza y el apoyo de la ciudadanía en general para influir en ella y dirigirla hacia una agenda ideológica específica cuando sea necesario. El propósito de dar poder al ELN, a las FARC y a los narcotraficantes es consolidar el número de partidarios que se adhieren a la ideología política de su dignatario, considerado ya como uno de los líderes más controvertidos y nefastos de la historia colombiana.
Sería un error suponer que la pasividad es el mejor curso de acción hasta las elecciones de 2026. La manifestación del 23 de noviembre marca el inicio de un proceso para lograr el cambio y reavivar el optimismo, erosionado en los últimos tiempos. Los pasos en falso dados por la izquierda en el poder deben rectificarse con acciones estratégicas y el desarrollo de una apuesta política bien definida que aborde la necesidad de salir de la situación actual. Las importantes y complejas cuestiones derivadas de la polarización exigen un enfoque global y atento a la comprensión de las legítimas demandas de las masas que protestan. La situación actual de Colombia plantea al gobierno importantes retos y exige la aplicación de soluciones inmediatas para satisfacer las necesidades de la población. Un número significativo de ciudadanos están superando sus miedos y ansiedades para tomar las calles y alzar sus voces. El inconformismo con el que se está saliendo a la vía pública es distinto al descontento social basado en información parcial y retórica incendiaria de líderes políticos que buscan perturbar la paz de la mayoría de los ciudadanos colombianos.
Para lograr la unidad es indispensable que los colombianos se abstengan de entrar en confrontaciones ideológicas. Ahora es necesario dejar de lado los derechos constitucionales que alimentan el odio y las rencillas entre los extremos políticos. Los actores del conflicto armado, que actualmente se presentan como víctimas, y quienes por apatía se sienten coartados en su libertad de acción y movimiento, deben superar el ambiente hostil de miedo y censura que rodea la protesta social. Es imprescindible atender los llamados del colectivo nacional para el establecimiento de un compromiso político con Colombia que facilite la reconstrucción del núcleo social colombiano. En lugar de pedir la renuncia de su presidente, independientemente de su competencia, es a través del proceso democrático de votar y elegir que se puede hacer frente a los problemas de desfinanciación del Estado, la corrupción y los numerosos desafíos que enfrenta la sociedad colombiana. Solo si se reconoce la historia y el impacto del conflicto más antiguo del continente, se podrá superar los obstáculos que hoy vive Colombia.
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