En alguna parte se preguntaban los defensores de la teoría del Realismo Jurídico Norteamericano: ¿qué es una sentencia?, e inmediatamente se respondían: la decisión a la que el juez quiere llegar. Con la falta de decoro con la que se vienen adelantando las investigaciones en Colombia, salió el Contralor General de la República a anunciar la imputación que el ente de control hace por los problemas que se vienen presentando desde el año 2018 con la construcción de Hidroituango. Aunque se cuida enormemente de prejuzgar, utilizando para ello una palabrita que de tanto manosearla ya no significa nada, permite concluir en su auto que los “presuntos” responsables del atraso y los sobrecostos en la construcción de Hidroituango son las personas naturales y jurídicas que antes del 31 de diciembre de 2015 tuvieron que ver con el diseño y la construcción de la hidroeléctrica.
En un largo y farragoso auto de más de mil páginas, el ente de control hace un análisis del acervo probatorio allegado en los últimos meses y concluye que nueve personas jurídicas y diez y nueve personas naturales, entre los que se encuentran exgobernadores, exalcaldes y exdirectivos de EPM e Hidroituango S.A., contratistas y compañias aseguradoras, deben concurrir al proceso en calidad de imputados, a defenderse de los graves cargos que se les formulan.
El tema no es de poca monta, pues se trata de la construcción de la hidroeléctrica más grande del país; ni tampoco sencillo de abordar, ya que la maraña de actores y contratos que lo explican exige de mucho análisis, con temas altamente técnicos. Lo más seguro es que solamente los implicados en la investigación, así como sus apoderados, se hayan tomado el trabajo de leer con cuidado el auto de la Contraloría; y muy probable que ni siquiera los investigadores puedan dar cuenta de los miles de folios que conforman el expediente. De ahí que lo dicho por muchos de los que se han ocupado del tema no corresponda ni a la verdad verdadera, y mucho menos a la verdad procesal. Son opiniones que de manera apresurada, descontextualizada o malintencionada, buscan sacar algún provecho de la situación, o rellenar las páginas de un periodico o los minutos de un noticiero.
Con todo, hay un elemento que me llama poderosamente la atención. Para diciembre del 2015 el proyecto avanzaba de acuerdo con el cronograma y con costos ajustados a lo presupuestado, y fue en abril de 2018, 28 meses después, que se presentó la contingencia. Luego, ¿cómo pueden insinuar que todos los problemas de la obra son responsabilidad de quienes la tuvieron a su cargo hasta el año 2015, cuando entregaron la administración del departamento, de la ciudad y de EPM a una nueva administración elegida para el periodo 2016-2019?
Si se revisa la lista de imputados se puede concluir que ninguna de las personas que tenían la responsabilidad del proyecto cuando se presentaron las decisiones que pusieron en riesgo la obra, están vinculados a la investigación. El sellamiento de los túneles, la construcción de un túnel sin contar con la licencia ambiental, los fuertes inviernos del 2017 y las consecuencias derivadas del taponamiento de los túneles con material vegetal, así como la desviación por la casa de máquinas de las aguas del Cauca y el “secamiento” del río con graves consecuencias ambientales y sociales, ocurrieron en el período 2016-2019, y ninguno de los gobernantes de este período, ni el gerente de EPM, ni los miembros de la Junta Directiva de esta empresa, se encuentran dentro del listado de personas imputadas. Se investiga a quienes tomaron decisiones veintiocho meses antes de abril de 2018, fecha en la que se presentó la contingencia, y no a quienes tomaron las decisiones durante los dos años que antecedieron la misma. ¿Cómo se explica esto?
Toda la investigación adelantada por la Contraloría General de la República parece cabalgar sobre un plan de aceleración que se acordó en diciembre del 2015, el mismo que se implementó en los años siguientes. Y este hecho, que de suyo no puede considerarse como malo, ya que no es otra cosa que disponer de mayores recursos -humanos, técnicos, económicos- para recuperar tiempos perdidos dentro de la construcción de la obra, se mira sólo en uno de sus momentos: la adopción, dejando de lado el otro importante momento: su implementación. Si esa fue realmente la causa raíz de la contingencia, ¿lo correcto no sería llamar a rendir explicaciones tanto a aquellos que tomaron la decisión como a los que la implementaron?
Si los móviles de la investigación no son claros, lo que debería investigarse es “la investigación”, porque no puede ser que un hecho tan importante para el país, antes que ser sometido a una dura criba para establecer responsables y responsabilidades, se utilice con fines exclusivamente políticos.
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