Las Empresas de Desarrollo Urbano fueron concebidas como entidades descentralizadas para ejecutar proyectos de infraestructura, dinamizar procesos urbanísticos y facilitar la gestión técnica de obras en los municipios. En teoría, deberían ser instrumentos ágiles para materializar el desarrollo local.
Sin embargo, en la práctica, en varios municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría, estas entidades han terminado convertidas —según denuncias y advertencias oficiales— en mecanismos que permiten ampliar la contratación directa bajo el paraguas legal de la menor cuantía, eludiendo en muchos casos procesos de licitación pública más rigurosos contemplados en la Ley 80 de 1993.
El debate no es menor. La contratación directa no es ilegal por sí misma. La propia normativa la contempla en determinados casos. El problema surge cuando se utiliza como regla general y no como excepción, o cuando coincide con incumplimientos graves en otras obligaciones administrativas, como el pago oportuno de salarios.
La lupa de la Contraloría
La Contraloría General de Antioquia anunció una Actuación Especial de Fiscalización en 21 municipios del departamento. El contralor Juan Carlos Herrera Toro advirtió que algunos alcaldes estarían utilizando las EDU para adelantar contratación directa mientras incumplen con obligaciones básicas de sus administraciones.
Aunque no se han detallado oficialmente todos los hallazgos, sí se confirmó que municipios como Santa Fe de Antioquia, El Peñol, Marinilla, Andes y Turbo están bajo revisión.
La auditoría contempla:
- Verificación de los requisitos legales en la creación de las EDU.
- Evaluación de su sostenibilidad fiscal.
- Revisión de ingresos, gastos y flujo de caja.
- Análisis de la coherencia entre el objeto social y el uso real de los recursos.
- Examen financiero del período 2022–2025, con énfasis en 2025.
Esto no es un asunto menor. Municipios pequeños, con presupuestos limitados y alta dependencia de transferencias, están ejecutando proyectos de alto impacto financiero. Si la planeación falla o si la contratación no es eficiente, el riesgo no es solo político: es patrimonial.
EL IMPACTO EN LAS ARCAS MUNICIPALES
En municipios con ingresos reducidos, cada decisión financiera pesa. Cuando una administración prioriza grandes contratos de infraestructura a través de una EDU, pero al mismo tiempo presenta retrasos en salarios o dificultades para cumplir obligaciones corrientes, se genera una señal preocupante de desequilibrio fiscal.
El riesgo es doble:
- Desfinanciamiento estructural: comprometer recursos futuros sin respaldo suficiente.
- Desviación del objeto social: utilizar la empresa para fines distintos a su misión original.
En el caso de Andes, por ejemplo, la Empresa de Desarrollo Urbano local ha sido objeto de comentarios y cuestionamientos ciudadanos sobre la naturaleza y el volumen de algunos contratos. Será la auditoría la que determine si existen o no irregularidades, pero el solo hecho de que haya dudas públicas demuestra la necesidad de mayor transparencia.
¿QUÉ DEBEN PREGUNTARSE LOS CIUDADANOS?
Más allá del debate político, hay preguntas clave que cualquier ciudadano debería formular:
- ¿La EDU de mi municipio fue creada cumpliendo todos los requisitos legales?
- ¿Sus estados financieros son públicos y comprensibles?
- ¿Existe coherencia entre su objeto social y los contratos que ejecuta?
- ¿El municipio está al día en salarios y obligaciones mientras ejecuta grandes proyectos?
- ¿Los procesos contractuales garantizan pluralidad de oferentes o se concentran en pocos contratistas?
Las EDU no son, por definición, ilegales ni perversas. Bien manejadas, pueden ser instrumentos útiles para acelerar el desarrollo urbano. Pero mal utilizadas pueden convertirse en oficinas paralelas de contratación que debilitan la transparencia y comprometen la estabilidad fiscal.
CONTROL FISCAL Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA
La actuación de la Contraloría de Antioquia marca un punto importante: el control no debe ser reactivo sino preventivo. Si las EDU están operando con eficiencia, sostenibilidad y responsabilidad fiscal, las auditorías lo confirmarán. Si no es así, deberán establecerse responsabilidades.
En municipios pequeños, donde cada peso cuenta, la vigilancia ciudadana es tan importante como la institucional. No se trata de frenar el desarrollo, sino de garantizar que el desarrollo no se convierta en una carga financiera futura.
En tiempos preelectorales, este debate cobra mayor relevancia. La gestión de las EDU no es un asunto técnico aislado: es una decisión política que impacta directamente el bolsillo de los ciudadanos y la viabilidad financiera de los municipios más vulnerables del país.
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