Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, ha pedido a los españoles que ahorren para que complementen su pensión pública. Es de las pocas cosas serias que ha dicho en los siete años que lleva en el Gobierno, viniendo así a reconocer de forma casi explícita el grave problema de sostenibilidad que enfrenta el sistema público de pensiones.
Los pensionistas no han tardado en responder. Ante los evidentes recortes a los que se enfrentan los jubilados en sus pensiones públicas vía revalorización, edad de jubilación, ajuste por esperanza de vida, etc, han salido a protestar para exigir una prestación que se corresponda con lo que han venido aportando al sistema a lo largo de su vida laboral.
Vamos a poner en perspectiva cuál es el problema del sistema actual de pensiones y a qué retos se enfrenta (y cómo deberá afrontarlos).
El funcionamiento del sistema
El sistema público de pensiones está basado en un modelo de reparto. Esto quiere decir que las prestaciones que perciben los jubilados no son el resultado de sus cotizaciones previas a lo largo de los años, sino producto de los trabajadores que al mismo tiempo están cotizando. En otras palabras, los contribuyentes de hoy pagan las pensiones públicas de los jubilados de hoy, sin importar lo que estos pagaran en el pasado (pues sirvió para pagar las prestaciones de los jubilados de aquél momento).
Este esquema se fundamenta en el llamado pacto intergeneracional, que vendría a ser una suerte de «contrato» firmado entre generaciones para asegurar la cohesión social y el bienestar de los más mayores. Desde una óptica estrictamente económica, esto se traduce en lo que expuse en el párrafo anterior: las personas en edad de trabajar están obligadas a pagar las pensiones de los que ya no lo hacen.
Su funcionamiento, por lo tanto, es bastante sencillo. Vendría a ser una especie de hucha en la que todos los meses los trabajadores en activo aportan unos ingresos y los jubilados retiran el dinero para sus pensiones. Es sumar y restar, no hay más.
Bueno, ¿y dónde está el problema? Simplemente en que cada vez los ingresos son menores y los gastos son mayores. Es decir, la hucha cada vez está más vacía y necesita apoyo exterior para poder seguir funcionando. Podríamos decir que los factores determinantes para que el sistema de reparto pueda funcionar son los siguientes:
- La pirámide demográfica. Es esencial que haya más población joven y trabajadora que envejecida. De esta forma, la carga económica de cada pensionista deberá ser soportada por más personas, reduciendo así el peso (tasa de dependencia). Si la pirámide poblacional se invierte, el sistema de reparto de convierte en inviable per se.
- La esperanza de vida. Las pensiones públicas son vitalicias, se han de pagar durante toda la vida del jubilado. Si las personas cada vez vivimos más años, el gasto por persona necesariamente aumentará.
- La tasa de reemplazo. Este es el porcentaje de pensión pública que nos queda con respecto a nuestro último salario cotizado. Cuanto más alta sea esta tasa, mayor será el gasto que deberá soportar el sistema.
- El paro. La existencia de un alto nivel de desempleo reduce el nivel de cotizaciones (ingresos) a la Seguridad Social, además de aumentar los gastos en los presupuestos públicos para pagar las prestaciones por desempleo.
- El nivel de los salarios. Íntimamente ligado con el punto anterior, un nivel de salarios bajo conlleva cotizaciones más bajas (se calculan como porcentaje sobre el salario), por lo que si el nivel de los salarios es bajo, las cotizaciones también lo serán.
Las proyecciones demográficas no son muy halagüeñas. España va camino de convertirse en un país de ancianos. La pirámide de población va camino de invertirse. Ya a día de hoy la tasa de dependencia es de dos trabajadores por pensionista, lo cual supone un serio problema.
Fuente: Banco de España[1] (2018)
Para más INRI, la esperanza de vida no hace más que aumentar a medida que pasan los años, consecuencia directa del alto nivel de desarrollo económico con el que cuentan las sociedades modernas. Como se puede observar, se espera que para 2060 la población mayor de 67 años represente más del 30% del total, el doble que en la actualidad. Cada vez hay más pensionistas y cada vez viven más años.
Fuente: INE (2018)
No solo viven más años, también cada vez cobran más. En 2008, la pensión media que recibía un jubilado en España era de 821,55€. En el mes de febrero del presente año, esta ha sido de 1077,52€. Esto se debe a que los nuevos jubilados cada vez tienen derecho a pensiones más altas debido a que sus cotizaciones a lo largo de su vida laboral fueron más altas, lo que hace subir la media.
España cuenta además con una tasa de reemplazo (82%) superior a la media de la UE (71%) y la de la OCDE (62%). Si las tendencias demográficas siguen como parecen que lo harán, esta tasa se verá reducida drásticamente, pudiendo alcanzar cotas inferiores al 50%.
Fuente: OCDE (2018)
Si bien es cierto que el empleo está volviendo a coger impulso en nuestro país, seguimos soportando una tasa de paro muy elevada (16,4%) y los salarios siguen estancados. Si tenemos en cuenta que la legislación laboral sigue siendo fuertemente paternalista y no pone solución al problema de la dualidad, parece difícil intuir que España llegará algún día a conocer el pleno empleo, y mucho menos que éste permanecerá estable en el tiempo.
Por todo esto, el sistema actual de pensiones tiene tres caminos:
- La quiebra, que se daría en el momento en el que los gastos fueran superiores a los ingresos. De hecho, a día de hoy esta situación es prácticamente una realidad, pues el Estado ha necesitado cubrir los gastos corrientes con el dinero del Fondo de reserva de la Seguridad Social, hasta el punto de que ya casi se ha agotado.
- El recorte, bien sea por la vía de los ingresos (aumento de las cotizaciones sociales e impuestos) o por la vía de los gastos (recortes en las prestaciones públicas). Es el más probable de todos, tanto que es el camino que está siguiendo el Gobierno para «sostener» el sistema. Entre otros, los recortes más sonados han sido el retraso paulatino de la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años, la desindexación de la revalorización al IPC, o la aplicación de coeficientes de reducción en función de un índice de esperanza de vida.
- La reforma. Esta es la opción que parece menos viable, pues si tenemos en cuenta que el partido que se atreva a reformar el sistema de pensiones no volverá a ganar unas elecciones en décadas, la reforma está bastante lejos. Porque de un pacto mejor ni hablamos. Transitar hacia un sistema mixto en el que convivan la capitalización individual, el ahorro privado y el reparto es la opción más sensata y sostenible a lo largo del tiempo, pero también la más improbable dado el panorama político.
Ante esta situación, no parece ninguna locura afirmar que el sistema público de pensiones será el responsable de que la población jubilada de no dentro de mucho sea más pobre que la actual.
¿Qué podemos hacer ante esto?
El problema es evidente, y ya ni siquiera el Presidente lo oculta: las pensiones públicas no van a garantizarnos un retiro digno. La única alternativa real que nos cabe (sobre todo a los más jóvenes) es empezar a ahorrar tan pronto como se pueda y la cantidad que se pueda.
El mercado ofrece múltiples alternativas a los ahorradores: desde planes de pensiones, hasta fondos de inversión, pasando por aseguradoras, empresas, activos inmobiliarios, etc. Todo activo que suponga un depósito de valor y un medio de ahorro estable es una buena forma de asegurarnos que mantendremos un nivel de vida más o menos estable después de jubilarnos.
En definitiva, hacerle caso a M. Rajoy, aunque sea solo esta vez. La situación es la que es, y lo mejor será poner los medios adecuados para aliviarla. Porque si no lo hacemos nosotros no lo van a hacer los políticos. De eso estoy seguro.
[1][1] Informe: El sistema público de pensiones en España: situación actual, retos y alternativas de reforma.
