En diciembre del 2024 el Congreso le dio luz verde a una reforma trascendental, la que busca -de forma gradual y tras la sanción de una ley orgánica de competencias que actualmente se encuentra en fase de socialización previo a su radicación en el Congreso- aumentar en un periodo de doce años las transferencias de los Ingresos Corrientes de la Nación -ICN- que reciben los entes territoriales vía Sistema General de Participaciones -SGP-, pasando del 25.7% al 39.5% para el año 2036.
Con este incremento, estimado, según Fedesarrollo, en 60 billones a partir del 2036, se busca que los Distritos, Alcaldías y Departamentos dispongan de más recursos para mejorar la prestación de servicios básicos en educación, salud, agua potable, infraestructura y saneamiento. Esta reforma sobre el papel modifica los artículos 336 y 357 de la Constitución y, en la práctica, promete alterar el relacionamiento entre el Gobierno central y las regiones. Algo histórico.
De esta forma, el Congreso, con el respaldo del gobierno avanzó en dos carriles, por un lado, fortaleció gradualmente las finanzas de las regiones, y por el otro, desestimó las contrarreformas constitucionales de finales de los años noventa que lesionaron la descentralización legada por el constituyente en 1991. De ahí que sea una reforma histórica que pretende restituir aquel espíritu de “descentralización administrativa” que nació con la Constitución Política.
Y el consenso sobre su pertinencia entre la clase política, tanto sectores opositores como cercanos al gobierno, es prácticamente total. Además, de la Federación Nacional de Departamentos; la Federación Colombiana de Municipios; Asocapitales; la Gobernación de Antioquia -desinflando la ya fracasada propuesta de referendo por la autonomía fiscal del gobernador Rendón- y las cinco Regiones Administrativas y de Planificación. ¿Cómo negarle más recursos a municipios de quinta o sexta categoría que se ven en serias dificultades para cumplir con sus planes de desarrollo?
Ahora bien, la pregunta clave que surge es: ¿cómo hacerle control a la plata adicional que van a recibir los entes territoriales? ¿Cómo garantizar el cumplimiento de los principios de concurrencia, coordinación y colaboración?
Ese tema será central en la discusión que se tendrá con prontitud en el Congreso para establecer con claridad la forma como las regiones pasarán a administrar los nuevos recursos; es decir, cómo y en qué se gastarán la plata adicional. Ojalá termine la mala práctica legislativa de crear competencias sin recursos. Así, nacerá una importante ley de competencias que marcará un segundo tiempo decisivo para determinar una verdadera descentralización en el país.
Una discusión a la cual debemos estar atentos como ciudadanos y ciudadanas porque es prioritaria para el país. Dejando claro, eso sí, que, a partir de consensos amplios y acuerdos interpartidistas, el gobierno del cambio si le cumplió a las regiones y le apostó como nunca antes lo había hecho ningún otro gobierno a incrementar sus recursos. Un legado que no se puede dejar de lado o pasar por alto.
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