Una vez más tengo la oportunidad de escribirles desde Ciénaga, Magdalena, un municipio de quinta categoría que ha sido tan golpeado por la corrupción administrativa que tuvo que acogerse hace más de 13 años a la Ley 550 de 1999 porque su mezquina clase política lo dejó en bancarrota. Aunque me vea motivado a retomar el tema de la corrupción -y de las responsabilidades de unos y otros frente al problema- por las presuntas irregularidades cometidas por el Alcalde Municipal de Ciénaga en la contratación del PAE (Programa de Alimentación Escolar), los planteamientos que a continuación expondré pueden fácilmente leerse desde cualquier parte del territorio nacional.
El año entrante se celebrarán elecciones territoriales donde podremos elegir a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Esta coyuntura electoral, es el escenario propicio por naturaleza para que se lleve a cabo el primer gran acto de corrupción. Este primer acto se da entre un político que compra votos y un ciudadano dispuesto a venderlo. El político que compra votos, es alguien con una lógica empresarial –que busca generar utilidades con el tesoro público-, que ve la política con ojos de lucro y no con fines para servir. Es decir, la política al servicio de él y no él al servicio de la política ni de la gente. Y el ciudadano que vende el voto, es alguien que no cree que su participación tanto dentro como por fuera de las urnas es fundamental, además de ser una persona con una visión cortoplacista, pues desea –a través de la venta del voto- solucionar sus necesidades personales inmediatas.
Este primer gran acto de corrupción es la antesala hacia el embargo de un municipio, un distrito o un departamento, más en los casos donde las dirigencias de un determinado territorio buscan el favor y la bendición de élites políticas y económicas de mayor ámbito o trascendencia. Los sometidos, deberán responderle política, burocrática y económicamente a los monopolizadores del ejercicio político. Esta situación no solo obstruye el desarrollo local en términos económicos porque los recursos no se terminan invirtiendo completamente, sino también coarta la posibilidad de que se discutan pública y democráticamente los verdaderos problemas de la comunidad.
La deslegitimidad del ejercicio político en países como Colombia no solo radica en que la ciudadanía piense y exprese que los dirigentes son corruptos, ladrones o lacayos, sino en que la sociedad termina por distanciarse de la toma de decisiones concernientes a los asuntos públicos (véase:https://alponiente.com/corrupcion-y-consulta-anticorrupcion-en-colombia/) cuestión que inevitablemente descalabra a nuestra democracia. No podemos hablar de una democracia sólida cuando no hay una participación ciudadana activa.
Debido a la responsabilidad que tiene el ciudadano frente al problema estructural de la corrupción, es más que necesario establecer un nuevo pacto ciudadano que nos permita pensar en conjunto y tomar decisiones que favorezcan el bienestar de las mayorías. Las decisiones individuales como la de vender el voto, son tomadas sin pensar que pueden generar un efecto boomerang: comienzan por afectar a otros y terminan por perjudicar a todos sin distinción alguna. Asumir este nuevo pacto ciudadano, nos puede garantizar en cierta medida la oxigenación del quehacer político, el rescate de valores democráticos y el fortalecimiento de nuestras instituciones políticas. En 2019, todo esto puede darse a través de un mecanismo sencillo: el voto. Sin venderlo y sin comprarlo. Ejerciéndolo a conciencia y con convicción.
