“Una minería formalizada no solo impulsa la productividad, sino que consolida nuestra responsabilidad con el entorno y las comunidades.”
Los días 30 y 31 de mayo la Comisión Accidental de Seguimiento a la labor legislativa en materia minera se instala en Medellín para revisar el articulado de las leyes 685 de 2001 y 2250 de 2022, y proponer un nuevo marco que responda a los desafíos reales de las regiones mineras. Será una sesión decisiva: académicos, gremios, autoridades y representantes de municipios como Remedios y Segovia llevarán al Congreso el pulso de sus territorios, con la voz y la experiencia de quienes viven la minería a diario.
Remedios, uno de los municipios fundacionales de la colonización antioqueña, ha tejido su identidad en torno al oro desde hace siglos. Sus ríos y vetas sostienen familias enteras que hoy carecen de garantías para formalizar su labor y conservar sus recursos. Segovia, por su parte, es una potencia industrial en ciernes: gran parte de su minería aún opera en la informalidad, desaprovechando el enorme potencial de valor agregado y encadenamientos productivos que podrían surgir de una adecuada regulación.
A continuación, presentamos las seis propuestas clave para transformar la minería en un motor de desarrollo local y bienestar colectivo:
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Contratos pensados para la gente.
Los contratos de operación y de asociación están diseñados para fortalecer la exploración y explotación a través de contratistas especializados que se encarguen de dichos procesos para maximizar la productividad, pero no contemplan una relación a largo plazo y son intensivos en recursos. Hoy, los pequeños mineros, como alternativa de formalización, se ven obligados a firmar contratos concebidos para grandes contratistas. Esto les impone cargas operativas excesivas y los somete a la voluntad de los titulares, y sin reglas claras genera una profunda incertidumbre jurídica. Por eso proponemos una figura especial de “Contrato de Operación” y “Contrato de Asociación” dirigida exclusivamente a la pequeña minería, que garantice diez años de estabilidad —con prórrogas automáticas si se cumplen metas—, asesoría técnica gratuita del SENA y acceso a créditos blandos para mejorar el equipo. A cambio, el productor comprometerá el 10 % de sus utilidades a seguridad y saneamiento de agua, y se someterá a auditorías anuales con sanciones proporcionales solo en caso de incumplimiento. De este modo, la pequeña minería obtiene la “zanahoria” de beneficios claros y el “garrote” de controles efectivos, sin perder la autonomía que le da su tradición.
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Zonas de Desarrollo Minero Regenerativo: laboratorios de esperanza.
En vez de dispersar esfuerzos, proponemos delimitar territorios específicos —Zonas de Desarrollo Minero Regenerativo— donde las comunidades, el sector público y el privado trabajen en conjunto. Allí, la formalización colectiva facilitaría títulos compartidos, mientras proyectos de reforestación y ecoturismo generan nuevos ingresos. Lucía, una joven graduada en ecología de Urrao, podría liderar un vivero comunitario que oferta plantas nativas para recuperación de ríos, al tiempo que guía senderos turísticos que difunden la historia minera local. Estas Zonas serían el laboratorio para aplicar y escalar buenas prácticas, con acompañamiento financiero del Fondo de Fomento Minero y la supervisión de oficinas municipales especializadas.
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De la norma a la economía del buen vivir.
Para que nuestra apuesta tenga respaldo institucional, la Ley 2250 de 2022 debe fortalecerse. Extender los protocolos de preformalización hasta 24 meses permitirá que cada minero pase por un proceso de capacitación, evaluación y acompañamiento que no se agote en un trámite de un día. La creación de figuras como el “minero regenerativo” dará derechos a beneficios tributarios y líneas de crédito preferenciales, pero también un compromiso claro de restaurar áreas degradadas. Así, quienes extraigan oro o cobre en el Suroeste antioqueño sabrán que su trabajo no se mide solo en onzas, sino en hectáreas recuperadas y oportunidades comunitarias.
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Gobernanza cerca de tu casa.
Si una norma queda únicamente en Bogotá, difícilmente cambiará la vida en los municipios. Por eso, cada localidad con tradición minera debe contar con una Oficina Municipal de Fomento Minero, con presupuesto propio y personal capacitado en asistencia técnica, mediación de conflictos y gestión de proyectos. Esta oficina sería el primer punto de contacto para una exminera de Segovia que quiera reconvertirse en joyera, o para los líderes comunales de Amalfi que buscan certificar su oro bajo estándares éticos y de origen. Es allí donde los ciudadanos verán que el Estado cumple su parte y que la minería puede ser aliada del desarrollo local.
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Educación minera al alcance de todos.
No basta con dictar leyes; hay que preparar a quienes trabajan en el socavón y a quienes habitan la montaña. Un sistema de formación minera popular, basado en convenios con el SENA, universidades públicas y cajas de compensación, ofrecería cursos modulares —de minería segura, procesamiento de minerales, gestión empresarial y joyería artesanal— que empoderen a jóvenes como Andrés, que prefiere quedarse en Remedios a emprender con pulseras de oro certificado. Esta red de mentores y tutores permitiría asegurar que la capacitación no sea una promesa vacía, sino la puerta de entrada a empleos mejor remunerados y prácticas más seguras.
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Un reto compartido, un futuro compartido.
Las reformas que proponemos no son utopías: combinan incentivos, controles y acompañamiento para traducir la riqueza minera en bienestar. Cuando cada contrato de “operación” garantice certidumbre y cada Zona Regenerativa sea potencia de emprendimiento, estaremos construyendo un sector que aporta al Producto Interno Bruto y al capital social de las comunidades. Antioquia, con sus 125 municipios y su diversidad de realidades, puede liderar este cambio. Pero para lograrlo necesitamos el respaldo de la Comisión Accidental del Congreso y de todos los actores: ciudadanos, gremios, academia y gobierno.
Este 30 y 31 de mayo en Medellín no se trata solo de discutir artículos y numerales. Se trata de imaginar la próxima generación de antioqueños que heredarán un territorio más próspero, equitativo y reconciliado con su entorno. De convertir la minería en una fuente de orgullo colectivo, donde cada gramo extraído sea un paso hacia un futuro más justo.–
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