Hablemos de cifras, accidentalidad y recursos públicos

“Invertir, en cambio, en la educación simple pero continua en el tiempo como eje transformador de la sociedad siempre será una buena opción. La eficiencia y la eficacia deben ser los principios orientadores de nuestras decisiones con los recursos públicos”


Hablemos de cifras, accidentalidad y recursos públicos.

A nivel mundial, una persona pierde la vida cada 23 segundos, lo que equivale a 2 o 3 personas cada minuto. En Colombia, las cifras oscilan entre 6,000 y 7,000 personas al año, siendo los jóvenes y adultos jóvenes (entre 15 y 45 años) quienes encabezan las estadísticas nacionales[1].

Es preocupante que, como sociedad, vamos normalizando esta realidad. En una ciudad en constante movimiento, no es extraño presenciar un accidente vial que deja una víctima fatal o una persona con heridas graves y permanentes. Sin embargo, los accidentes de tránsito son evitables mediante la concienciación social sobre la importancia de la seguridad vial.[2]

Si consideramos que el factor humano es la variable más relevante en los siniestros viales, podemos plantear soluciones que, si se analizan con determinación, pueden ser muy efectivas para disminuir la accidentalidad. Lo primero es señalar que los recursos existen para implementar estas acciones de prevención. El artículo 160 del Código Nacional de Tránsito establece que el dinero recaudado por concepto de multas o sanciones de tránsito tiene una destinación específica, pero vamos por partes.

En resumen, un recurso de destinación específica es dinero que el gobierno local (por ejemplo, el municipio de Sabaneta) recibe y que debe usar solo para un propósito concreto. En este caso, las multas impuestas por las autoridades de tránsito se incorporan al presupuesto general del municipio, pero estos ingresos no pueden ser empleados a discreción del mandatario local. Al contrario, deben ser utilizados en programas o acciones específicas que la ley señala. Así, el dinero que usted paga al cometer una infracción de tránsito se debe invertir, según el artículo 160[3] del Código Nacional de Tránsito, en:

Mejora de la Infraestructura Vial:

  • Semáforos y Señalización: Instalación y mantenimiento de semáforos y señales de tránsito.
  • Reparación y Construcción de Vías: Mantenimiento de carreteras y construcción de nuevas vías para mejorar la fluidez del tráfico y reducir accidentes.
  • Pasos Peatonales: Construcción de puentes peatonales y pasos de cebra para mejorar la seguridad de los peatones.

Educación y Capacitación en Seguridad Vial:

  • Campañas de Educación Vial: Programas educativos en colegios y comunidades para promover el respeto a las normas de tránsito.
  • Capacitación de Conductores: Cursos y talleres para conductores sobre manejo defensivo y normas de tránsito.

Equipamiento y Recursos para el Control del Tránsito:

  • Vehículos y Equipos para la Policía de Tránsito: Adquisición de vehículos, cámaras de vigilancia y equipos de comunicación para la policía de tránsito.
  • Tecnología para el Control de Infracciones: Sistemas automatizados para detectar y registrar infracciones de tránsito, como cámaras de velocidad.

Programas de Prevención de Accidentes:

  • Análisis y Estudios de Accidentes: Investigación y análisis de las causas de los accidentes para implementar medidas preventivas.
  • Intervenciones en Puntos Críticos: Mejoras específicas en los puntos donde se registran altos índices de accidentes.

Después de revisar los estados de contratación en SECOP 2, nos encontramos con que el municipio de Sabaneta está realizando una licitación pública por MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS, con objeto contractual “Desarrollo de acciones afirmativas para la prevención y reducción de la siniestralidad vial en el municipio de Sabaneta en cumplimiento del mandato legal que imponen los artículos 56 y 160 del Código Nacional de Tránsito Terrestre”.

Es una decisión loable, de aplaudir, de celebrar. ¿Qué mejor forma de invertir los recursos del municipio que en abatir la siniestralidad vial y preservar vidas? Sin embargo, se invita a analizar y leer los documentos del proceso de licitación, lo cual deja muchos interrogantes que compartiré a continuación.

Un contrato de cientos de millones

En primer lugar, no son pocos recursos los que se van a invertir en un solo contrato. Según el Plan Anual de Adquisiciones (PAA)[4] presentado en la página de Colombia Compra Eficiente, el municipio de Sabaneta tiene presupuestada una inversión de $15,068,516,640 COP para la Secretaría de Movilidad y Tránsito en el año 2024. De esto, unos SEIS MIL MILLONES COP son para la contratación de personal profesional y técnico que ayude en las diferentes acciones de la Secretaría, cerca del 40% del presupuesto anual, un gran pie de fuerza humano para llevar a cabo múltiples tareas, todas esenciales y necesarias si tenemos en cuenta la sensible y fracturada movilidad del municipio.

El contrato mencionado representa un 12% de la inversión total para la Secretaría de Movilidad y Tránsito en 2024, un gran recurso con un fin loable. Pero, analizando los reportes actuales de SIA OBSERVA[5] y SECOP, nos encontramos con contratos a personas naturales que emplean Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) con el artículo presupuestal idéntico al empleado para sustentar el contrato SAB 05-004-24 de acciones afirmativas para la prevención y reducción de la siniestralidad vial, es decir, el artículo 2.3.2.02.02.009-675101, llamado Campañas Persuasivas y Coercitivas de Educación Vial ICDE.

Además, en el CDP 2540 del contrato SAB 05-004-24, se emplean artículos muy especiales, como el 2.3.2.02.02.009-46661001 y 2.3.2.02.02.009-4666101, que financian una de las estrategias más significativas, representativas, queridas y con mejor asimilación por la ciudadanía: nuestros PATRULLERITOS INFANTILES. En otras palabras, el dinero destinado para los patrulleritos se empleará en un contrato de campañas, las cuales en ningún momento desarrollan o fomentan alguna actividad para estos chicos, y es aquí donde surge otro interrogante.

El segundo interrogante es respecto a los alcances del contrato SAB 05-004-24. En general, los estudios previos señalan que para el desarrollo de este contrato de varios cientos de millones se dividirá la necesidad en dos grandes campañas: 1) La Cátedra de Educación Vial, que sensibiliza sobre seguridad y comportamiento vial, y 2) La campaña «Entrega las llaves», que destaca la prevención de conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente durante eventos y fiestas. Estas se dividen en cinco necesidades o secciones específicas: 1. “Un minuto” Motociclista, 2. “Un minuto” Peatón, 3. “Un minuto” Ciclista, 4. “Un minuto” Conductor, 5. “Un minuto” Cátedra vial educación campaña, y 6. “Un minuto” Entrega las llaves.

El contrato se divide en esta serie de actividades, para las cuales se solicitan ítems o elementos que propician el desarrollo de las campañas, como vallas, mini vallas, jingles, adhesivos y demás elementos. Sin embargo, las cantidades pueden ser algo confusas si se pretende realizar esta campaña durante el año. Por ejemplo, se solicitan:

  • Mil (1000) termos plásticos
  • Mil (1000) sombrillas
  • Ochocientos (800) mugs viajeros que conserven la temperatura
  • Nueve mil (9000) llaveros
  • Dos mil (2000) copas aguardienteras
  • Dos mil (2000) vasos cerveceros
  • Doscientas (200) horas de carro valla
  • Tres mil (3000) libretas con esfero
  • 75 mini vallas en hierro
  • 200 intervenciones con publicidad BTL en el municipio
  • 90 intervenciones con personal en semáforos, etc.

Pareciera más una campaña publicitaria o de recordación que una real acción para evitar accidentalidad y reducir siniestralidad.

Finalmente, respecto a los requisitos exigidos por la administración local para la licitación, hay algunos factores que dejan dudas. El pliego de condiciones establece: “Se otorgarán diez (10) puntos al oferente que presente dentro del municipio de Sabaneta un Establecimiento de Comercio y/o bodega para el desarrollo del alcance contractual, ubicado en el Municipio de Sabaneta, con el fin de agilizar la entrega oportuna e instalación y/o distribución de los insumos requeridos”. Además, respecto a la exigencia habilitante: “Los proponentes deberán acreditar mediante el Registro Único de Proponentes (RUP) la celebración y ejecución de tres (3) contratos que correspondan cada uno al 100% del presupuesto oficial, cuyo objeto esté relacionado con el desarrollo de campañas para la prevención y reducción de la siniestralidad vial”.

Las dudas surgen y se perciben con facilidad. Si entendemos el Valle de Aburrá como un espacio donde su tránsito no implica mayor tiempo, nuestro territorio se puede recorrer de punta a punta en 1 o 2 horas. Desde el centro de Medellín a nuestro municipio se puede llegar en aproximadamente 30 minutos sin congestión vehicular. No se evidencia por qué estos requisitos benefician a un grupo muy particular de posibles oferentes. Además, la exigencia de experiencia por concepto de tres contratos por valor de 1,600 millones de pesos cada uno, es decir, que hayan contratado solo en tres contratos mínimamente 4,800 millones de pesos, limita enormemente la pluralidad de oferentes, en contravía de los principios contractuales del Estado.

En conclusión, son muchas las razones que generan dudas:

  1. Invertir el 12% del presupuesto de la Secretaría de Movilidad en un solo contrato que se compone de campañas tan específicas, con características publicitarias, sin evidencia científica de su efectividad[6], limita enormemente el fortalecimiento de otras estrategias que han demostrado algún grado de éxito, como la cátedra estudiantil, que queda corta de presupuesto. Aún más teniendo en cuenta que se emplean artículos presupuestales de otros programas como los Patrulleritos en los CDP’ del contrato en mención.
  2. La contratación de apoyo profesional y técnico con los rubros del artículo Campaña Coercitiva vislumbra una falta de planeación y falta de cumplimiento técnico del plan anual de adquisiciones (hoja de ruta de la planificación).
  3. Las exigencias técnicas y de experiencia en el pliego de condiciones no corresponden a decisiones de carácter técnico o de planificación, parecen arbitrarias y limitarían la pluralidad de oferentes. La exigencia de poseer un local comercial o arrendarlo en nuestro municipio por cuestiones prácticas de transporte o almacenamiento no corresponde con el entendimiento de las dinámicas comerciales de nuestro territorio, otro elemento que limita la pluralidad de oferentes. Recordemos que desde las reglas del mercado liberal, la limitación de oferentes trae consigo una falta de competitividad en precios, por ende productos más costosos para el consumidor final.
  4. Las cantidades exigidas de elementos como termos, mugs, copas, vasos o llaveros son abismales. Si ponemos en tela de juicio si un recordatorio o suvenir nos ayudará a generar conciencia sobre el cumplimiento de las normativas de tránsito y, por ende, la reducción de la siniestralidad, será en cambio una excelente campaña publicitaria llena de regalos y obsequios, con casi 90 vallas, vallas arco y mini vallas resplandecientes saturando todo nuestro municipio.

Se debería abogar por un gasto público eficiente y mesurado, en el que las campañas gocen de cierto grado de efectividad en el cumplimiento de sus fines y objetivos, apoyar por un cuerpo de agentes de tránsito totalmente equipado, vías con señales reflectivas y pintura antideslizante, semáforos inteligentes que se puedan administrar en tiempo real y muchas otras estrategias que serían nuevas en nuestro municipio. Es hora de avanzar más allá de las campañas de personas disfrazadas de semáforos y de pancartas con mensajes largos en los semáforos que pocas veces leemos con detenimiento debido a nuestra estrepitosa cotidianidad. Invertir, en cambio, en la educación simple pero continua en el tiempo como eje transformador de la sociedad siempre será una buena opción. La eficiencia y la eficacia deben ser los principios orientadores de nuestras decisiones con los recursos públicos.

“A nadie debería avergonzarle cambiar de parecer, para eso existe la razón. Según Emerson “Una coherencia necia es el duende de las mentes pequeñas, adorado por los pequeños estadistas, filósofos y teólogos”. Por eso nos esforzamos tanto por aprender y empaparnos de sabiduría. Sería lamentable si no pudiéramos descubrir que en el pasado nos equivocamos.”[7]


Todas las columnas del autor en este enlace: https://alponiente.com/author/jsgarcia/

[1] Organización Mundial de la Salud. (2020). Global status report on road safety [Informe]. Recuperado de https://www.who.int/publications/i/item/9789240004304

[2] La seguridad vial es un conjunto de medidas dirigidas a prevenir accidentes de tráfico. Incluye el cumplimiento de leyes de tránsito, el diseño y mantenimiento de infraestructuras seguras, la educación pública sobre prácticas seguras en la carretera y la aplicación efectiva de la ley. Promueve comportamientos seguros por parte de conductores, peatones y ciclistas, con el objetivo de minimizar los riesgos en las vías y proteger la vida y la salud de todos los usuarios de la carretera, contribuyendo así a un entorno vial más seguro y sostenible.

[3] Código Nacional de Tránsito. Articulo 160. De conformidad con las normas presupuestales respectivas, el recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito, se destinará a la ejecución de los planes y proyectos del sector movilidad, en aspectos tales como planes de tránsito, transporte y movilidad, educación, dotación de equipos, combustible, seguridad vial, operación e infraestructura vial del servicio de transporte público de pasajeros, transporte no motorizado, y gestión del sistema de recaudo de las multas, salvo en lo que corresponde a la Federación Colombiana de Municipios.

[4] El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es un documento que detalla todo lo que se planea comprar durante el año, incluyendo productos, servicios, fechas y costos aproximados. Su objetivo es organizar las compras de manera eficiente, asegurar la transparencia y facilitar la planificación, evitando compras de última hora. Además, garantiza un mejor uso del dinero público y el cumplimiento de las normas legales. En resumen, el PAA es una herramienta esencial para la buena administración de los recursos en una entidad estatal, promoviendo eficiencia y transparencia en el gasto público.

[5] SIA Observa es una plataforma en Colombia que permite monitorear y supervisar el uso de los recursos públicos. Facilita la transparencia y la participación ciudadana, permitiendo que las personas accedan a información sobre contratos, adquisiciones y ejecución presupuestal de las entidades estatales.

[6] Estos son algunos estudios científicos que han demostrado la reducción de la siniestralidad por medio de acciones afirmativas:

«Roundabouts,» Insurance Institute for Highway Safety.

«Cycle Tracks: Lessons from Europe,» Pedestrian and Bicycle Information Center.

«Traffic Calming Measures,» New Zealand Transport Agency.

«Seat Belt Use in 2019 – Overall Results,» NHTSA.

«Graduated Driver Licensing and Teen Drivers,» Insurance Institute for Highway Safety.

«Evaluation of Advanced Driver Assistance Systems,» NHTSA.

«Alcohol Interlocks in Sweden,» Swedish Transport Administration.

«The Effectiveness of Traffic Law Enforcement,» Monash University Accident Research Centre.

«The Effectiveness of Seat Belt Legislation,» European Transport Safety Council.

[7] Diario para estoicos (Ryan Holiday, Stephen Hanselman)

Juan Sebastián García

Abogado y deportista. Interesado en los temas públicos a nivel local y nacional, entusiasta en opinar y tomar partido. Desde Sabaneta, Antioquia.

Comentar

Clic aquí para comentar

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.