Analizando la propuesta presentada por el partido Comunes, el cual está conformado por antiguos integrantes en armas de las FARC, para legalizar los grupos de autodefensa ilegal llamados guardias campesinas en Colombia. Esta propuesta ha generado un intenso debate en el país, ya que se considera que podría tener graves consecuencias para la seguridad y la estabilidad de la nación.
El fenómeno del mal llamado “paramilitarismo” o grupos de autodefensa ha sido una constante en América Latina, especialmente en países como Colombia, México, Guatemala y El Salvador. Estos grupos armados surgieron en su mayoría como una respuesta de la población civil a la inseguridad y la violencia generada por la delincuencia organizada y los grupos guerrilleros. Sin embargo, en muchos casos, estos grupos se han salido de control de las instituciones y han terminado convirtiéndose en organizaciones criminales que buscan el control del territorio y el tráfico de drogas y armas.
En Colombia, el fenómeno de Autodefensa (Paramilitarismo) ha sido particularmente crítico, ya que este país ha sido escenario de un conflicto armado interno de más de 50 años que ha dejado un gran número de víctimas y ha generado un clima de inseguridad y violencia en muchas regiones. Los grupos de autodefensa surgieron en Colombia en la década de los 80 como una respuesta de los terratenientes y los empresarios a las acciones de las guerrillas que pretendían expropiar sus tierras y obtener financiamiento a través del secuestro y la extorsión. Estos grupos se convirtieron rápidamente en una fuerza paralela al Estado y comenzaron a controlar grandes zonas del país, especialmente en las zonas rurales.
La historia de las Autodefensas en Colombia es una muestra clara de los peligros que implica permitir que grupos armados ilegales asuman funciones que corresponden exclusivamente al Estado. Estos grupos han cometido graves violaciones a los derechos humanos, como masacres, desplazamiento forzado, extorsión, secuestro y violencia sexual, entre otros. Además, han generado una espiral de violencia que ha afectado a toda la sociedad colombiana, ya que muchos grupos ilegales han surgido como una respuesta a la acción de las autodefensas o mal llamados “paramilitares”.
El monopolio de la fuerza por parte del Estado es una de las bases fundamentales del Estado de derecho y la democracia. Esto significa que es el Estado quien tiene el poder y la capacidad de aplicar la ley y garantizar la seguridad de los ciudadanos. El Estado es el único garante de la vida, la honra y la propiedad de los ciudadanos, y su responsabilidad es proteger a la población y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales.
Este principio se encuentra plasmado en la Constitución Política de Colombia, la cual establece que «la fuerza pública está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares». Asimismo, la Constitución señala que «nadie puede arrogarse el derecho de hacer justicia por sí mismo, ni ejercer violencia para reclamar su derecho».
En este sentido, la propuesta de legalizar los grupos de autodefensa ilegal en Colombia es altamente peligrosa y puede llevar a consecuencias muy graves para la seguridad y la convivencia en el país. Es importante que se mantenga el monopolio de la fuerza en manos del Estado, y que las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía cumplan con su responsabilidad de manera efectiva. Solo así se podrá garantizar la paz y la seguridad en el territorio nacional y se evitarán los riesgos que conlleva el surgimiento de grupos armados al margen de la ley.
Esta idea ha sido defendida por teóricos políticos como Thomas Hobbes, quien en su obra «Leviatán» sostiene que el Estado debe tener el monopolio de la fuerza para evitar la guerra de todos contra todos. Según Hobbes, el Estado es necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos, ya que sin él, la vida sería «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta».
También el filósofo John Locke, en su obra «Segundo tratado sobre el gobierno civil», sostiene que el Estado tiene como función principal proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Para ello, es necesario que tenga el monopolio de la fuerza y que sus actuaciones estén limitadas por la ley y el respeto a los derechos fundamentales de las personas.
Además, la propuesta presentada por el partido Comunes es especialmente preocupante, ya que sus integrantes son antiguos miembros de las FARC, un grupo guerrillero que ha sido responsable de graves violaciones a los derechos humanos y delitos atroces durante décadas. Legalizar los grupos de autodefensa ilegal sería un paso atrás en la consolidación de la paz y la justicia en Colombia, y pondría en riesgo los avances alcanzados hasta ahora en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC.
En lugar de legalizar grupos ilegales, es necesario fortalecer las instituciones y las fuerzas de seguridad del Estado para garantizar la protección de los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos. También es importante abordar las causas subyacentes del conflicto armado y trabajar por el desarrollo integral de las regiones más afectadas por la violencia y la exclusión social.
En definitiva, el monopolio de la fuerza por parte del Estado es esencial para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en Colombia. La legalización de grupos de autodefensa ilegal solo traería más violencia y sufrimiento para la población. Es necesario trabajar por la consolidación del Estado de derecho y la paz, fortaleciendo las instituciones y promoviendo el desarrollo integral y la inclusión social en todo el territorio nacional.
En definitiva, la creación de grupos de autodefensa ilegales solo contribuirá a la fragmentación del país y al debilitamiento del Estado de Derecho.
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