“La educación abre puertas, pero es el acompañamiento integral el que asegura que permanezcan abiertas.”
En Colombia, la política de gratuidad en la educación superior ha sido celebrada como una de las más importantes conquistas en la lucha por la igualdad de oportunidades. Sin embargo, aunque este avance abre las puertas a miles de jóvenes, la sola exoneración de matrícula no garantiza su permanencia en el sistema educativo. La deserción, especialmente entre estudiantes de entornos vulnerables, sigue siendo un desafío que requiere una intervención integral. Con el gobierno de Gustavo Petro, se han trazado nuevos lineamientos que buscan fortalecer la gratuidad, pero también surgen preocupaciones sobre su viabilidad financiera y sostenibilidad a largo plazo. ¿Cómo podemos garantizar que aquellos que cruzan las puertas de la universidad no se vean forzados a abandonarla antes de tiempo?
La gratuidad en la educación superior ha sido un avance significativo en Colombia, marcando un hito en la lucha por la igualdad de oportunidades. Como educador, valoro los esfuerzos del gobierno de Gustavo Petro por consolidar y expandir esta política. Sin embargo, cualquier avance debe ser evaluado en su totalidad, tanto en sus aspectos positivos como en los desafíos que enfrenta, particularmente en términos de sostenibilidad financiera y viabilidad a largo plazo.
Desde el gobierno de Iván Duque, la política de gratuidad cubre los costos de matrícula para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en instituciones públicas, beneficiando a un amplio sector de la población joven. El gobierno de Gustavo Petro ha propuesto fortalecer esta iniciativa y garantizar que más estudiantes puedan acceder a la educación superior sin que el factor económico sea un impedimento. Petro, en su Plan Nacional de Desarrollo, establece que la gratuidad debe convertirse en una política estructural y no coyuntural, con el objetivo de reducir las brechas históricas de inequidad en el país.
No obstante, uno de los mayores retos que enfrenta la administración de Petro es el aspecto financiero. La política de gratuidad, aunque justa y necesaria, plantea un desafío en términos de sostenibilidad fiscal. En un contexto económico delicado, marcado por la alta inflación y la incertidumbre económica global, es legítimo preguntarse de dónde provendrán los recursos para financiar esta expansión. La gratuidad no solo implica la exoneración de las matrículas, sino que debe estar acompañada de inversiones sustanciales en infraestructura, programas de apoyo estudiantil, contratación de más docentes y la modernización de las universidades públicas.
Petro ha propuesto que la reforma tributaria aprobada en 2022 proporcione parte de los recursos necesarios para garantizar la gratuidad. No obstante, el éxito de esta reforma depende de factores como el aumento de la recaudación y la lucha efectiva contra la evasión fiscal, metas que son inciertas en el corto plazo. Además, el gobierno enfrenta la dificultad de equilibrar la financiación de la educación superior con otras prioridades como la salud, la seguridad social y la infraestructura nacional, todas ellas igualmente urgentes.
Un informe del Ministerio de Hacienda ha señalado que, de continuar con el ritmo actual de expansión de la política de gratuidad, el gasto en educación superior podría volverse insostenible si no se establecen límites claros o se identifican nuevas fuentes de financiación. Este aspecto ha generado preocupación entre analistas económicos, quienes advierten que una política educativa que no esté respaldada por un presupuesto robusto podría terminar deteriorando la calidad de las instituciones públicas. La gratuidad, si no se acompaña de una inversión paralela en la mejora de las condiciones de las universidades, podría conducir a la masificación sin una oferta adecuada, afectando la calidad de la educación que reciben los estudiantes.
Otro aspecto crítico es que la política de gratuidad no aborda suficientemente las barreras adicionales que enfrentan los estudiantes vulnerables. Si bien se elimina el costo de la matrícula, los jóvenes continúan enfrentando problemas para cubrir gastos como transporte, alimentación, alojamiento y materiales de estudio. La deserción no se resuelve únicamente con la eliminación de las barreras financieras en el acceso, sino que requiere un enfoque integral que también incluya el apoyo emocional, psicológico y académico. Si bien Petro ha planteado algunos programas complementarios, estos aún no tienen la cobertura necesaria para garantizar que los estudiantes más vulnerables puedan permanecer en el sistema educativo.
Además, la política de gratuidad enfrenta críticas relacionadas con la calidad educativa. Aunque Petro ha hecho énfasis en la necesidad de fortalecer el sistema público, la expansión de la gratuidad podría generar un incremento en la matrícula sin que las universidades estén preparadas para recibir tal cantidad de estudiantes. Sin suficientes docentes, laboratorios y recursos tecnológicos, la calidad de la educación superior podría verse comprometida. El presidente, ha mencionado la importancia de asegurar que las instituciones tengan la capacidad de ofrecer una formación de calidad, pero los recursos disponibles hasta ahora no parecen ser suficientes para cumplir con esta promesa en el corto plazo.
Por lo que, un tema que sigue siendo preocupante es la articulación de la educación superior con el mercado laboral. El presidente ha planteado la necesidad de vincular a las universidades con los sectores productivos, asegurando que los jóvenes tengan mejores oportunidades de empleo al graduarse. Sin embargo, la política de gratuidad no ha incluido hasta ahora suficientes mecanismos que garanticen una transición efectiva del sistema educativo al mercado laboral, lo que deja a muchos jóvenes graduados sin oportunidades claras de empleo formal.
Así las cosas, la política de gratuidad en la educación superior es un avance importante hacia la equidad, pero su sostenibilidad financiera y su impacto en la calidad educativa son temas que deben ser abordados con urgencia. El gobierno de Gustavo Petro ha mostrado voluntad política para consolidar la gratuidad como una política estructural, pero si no se acompaña de un financiamiento adecuado, una infraestructura robusta y mecanismos de apoyo integral, existe el riesgo de que esta medida se vuelva insostenible a largo plazo. Como país, debemos asegurarnos de que la gratuidad sea un verdadero motor de transformación social, no solo una promesa sin las condiciones para su éxito real.
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