“Incómodo resulta para Gustavo Francisco Petro Urrego, y los agentes del cambio, que el periodismo ejerza su función social de vigilancia y control sobre los hechos de la agenda política. Agresiones constantes, desde los micrófonos y la tribuna presidencial en las plataformas digitales, poco contribuye con la democracia.”
La tarea de desprestigiar el periodismo, y atajar el libre derecho del ejercicio profesional en la construcción de opinión pública, es la peligrosa frontera que existe entre la democracia y una dictadura. Dardos constantes que lanza su presidente, contra periodistas y los medios de comunicación donde los compara con los “nazis” o los etiqueta como “extrema derecha”, son los que exaltan los ánimos y propician ataques como el que perpetró la Minga Indígena en contra de la Revista Semana el viernes, o lo que hizo durante las protestas sociales la “primera línea” contra las instalaciones de RCN. Estrategia que se teje desde la izquierda denota que nadie está exento de cometer un error, pero grave es no reconocerlo y asumir la responsabilidad sobre el mismo. Colombia se encuentra en un punto de quiebre en el que, si no se asumen las lecciones aprendidas, y se recompone el camino, se deberá apropiar que desde el poder público se legitima la solución de las diferencias por las vías de hecho.
Cuestionamiento social que tiene al periodismo en el ojo del huracán no puede minimizar, desconocer, o hacer al margen, los temas profundos de la coyuntura nacional. La industria informativa, como cuarto poder, está llamada a incubar mentes críticas y creativas, ser un agente dinamizador que lleve a la ciudadanía a desarrollar competencias en la interpretación de los hechos y la construcción de la noción de realidad. La emisión de contenidos responsables, y la comunión con la verdad, sin las presiones de factores externos, son la base de una unión indisoluble que debe existir entre los medios, el periodismo y la ciudadanía. Resonancia que ahora se da a delincuentes, prófugos de la justicia, perspicaces reos, o imputados que prometen colaborar y luego se retractan, genera tensiones al interior del gobierno que se siente incómodo con la libertad de expresión y el ejercicio fiscalizador que le corresponde al periodismo y molesta al poder de turno.
Mal precedente siembra que, como estrategia, desde la Casa de Nariño, se cohoneste con la agresión contra un medio de comunicación nacional. Señalamientos de su mandatario contra la prensa, acusaciones de publicación de informaciones falsas o “violencia xenofóbica”, son las que propician que el disenso sin violencia no sea posible en el país, y por ello se comience a recordar la época cuando los narcotraficantes atacaban medios para que estos no dijeran la verdad sobre ellos. Lo que se vio este viernes en la sede de la Revista Semana, por parte de algunos indígenas que estaban en Bogotá participando en una marcha convocada y pagada por el gobierno, es una clara y crasa violación a la libertad de prensa y una amenaza a quienes ejercen la opinión y el periodismo en Colombia. Paso a paso se comienzan a desenmarañar una red de mentiras ideológicas que se construyeron como una agenda de cambio.
Pilar fundamental de una sociedad civilizada es el garantizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, respetar la diversidad de opiniones sin apostar por radicalizar y manipular a la ciudadanía como lo hace el progresismo socialista que promulga la izquierda en Colombia. La violencia nunca será el camino de un ideario colectivo que está deformando el avance social que tanto anhelan los “nadies”. Peligroso es un gobierno que desde el artilugio de la palabra busca tejer una maraña de mentiras ideológicas para confundir a su favor. El ejercicio profesional de la comunicación se debe hacer al margen de una militancia ideológica, no puede perder el norte de la responsabilidad social que se tiene al frente de la audiencia, antes que contribuir a la polarización, o incendiar el ambiente nacional, se debe coadyuvar con miradas, análisis y argumentos a la solución de problemas locales, regionales y nacionales.
En el marco de una inestabilidad, política, económica, social y legislativa, como la que vive Colombia, el periodismo está llamado a ser eje o motor del desarrollo a través de los contenidos que inserta en la cultura. Más que una tribuna de exhibición, o tribunal de la santa inquisición, el ejercicio periodístico debe constituirse en un escenario de interacción, entre sujetos sociales y colectivos, que, desde los mensajes difundidos, en los medios convencionales y las tecnologías digitales, aflora un componente ético de compromiso con la construcción de la realidad. Liderazgo, pluralidad, veracidad, honestidad e innovación deben converger para construir propuestas de contenido en las que no solo se oriente al espectador y a la opinión pública, sino que demuestren la preparación para el advenimiento de un escenario de participación y expresión.
En Colombia es elevado el número de periodistas que han sufrido ataques y denunciaron amenazas por abordar temas que incomodan a ciertos sectores sociales. Estigmatización de profesionales que ejercen el periodismo con sentido ético, precepto moral que obliga a invocar una máxima de las clases universitarias: “Es interior. Nadie es recto, ni íntegro porque otro se lo imponga. Va por dentro. No es cuestión de leyes o normas externas. Ser ético es limpieza, pulcritud espiritual y mental que solo conoce y sabe uno mismo. La ética no es un espectáculo ni se vende en ninguna parte”. Se está al frente de una etapa en la que el periodismo es el recurso efectivo para atenuar el agobio que producen la impermanencia, la incertidumbre, la mutación, el simulacro, la mentira, los relatos simplificadores, las noticias falsas y el llamado ejercicio de la comunicación de apariencia o comunicación líquida.
En Colombia, un país cuya agenda informativa hace frente a múltiples situaciones y contextos, ejercer la profesión periodística es algo complicado por una serie de factores que circundan a los medios de comunicación, pero a su vez el entramado social que los rodea. Nexos del periodismo con la clase política y económica no pueden coartar la libertad de ofrecer información veraz y sin sesgos a la audiencia, el brindar una mirada sin compromisos y prejuicios. El sano ejercicio de la comunicación debe estar distante de la intolerancia, acusaciones monotemáticas que hostigan a una fracción de la población nacional. Las guerrillas, el narcotráfico, la corrupción, las tragedias, los asesinatos, los desplazamientos y demás flagelos sociales, del colectivo colombiano, se naturalizaron desde la frivolidad donde los hechos de importancia pierden trascendencia en la agenda informativa, triste es ver que en el país se prioriza el escándalo sobre la investigación, la contextualización y el dar sentido a los acontecimientos.
Implicaciones que ahora se conocen, aunque sean filtraciones ilegales, no dejan de ser verdad y deben ser analizadas, contextualizadas y confrontadas desde la prensa. Bochornosos enfrentamientos ególatras de su presidente con quienes lo critican, y no cohonestan con su política, denotan que el concepto de ética hace parte del paisaje social. Antes que mirar la viga en el ojo ajeno, es momento de un mea culpa, autorreflexión, autocrítica y autocorrección por parte de quienes son garantes de la construcción de la agenda informativa del ciudadano, fijar distancia ante la manipulación que se basa en el ataque al otro por el simple hecho de pensar diferente o tener una posición política contraria. Es indispensable recoger los códigos deontológicos y el buen actuar donde la teoría se constituye en fundamento de la práctica, esta profesión es más que un escenario para responder a las ansias de fama. El periodista es un intermediario entre los hechos, la verdad y el ciudadano, mecanismo de control y vigilancia en la construcción social de una nación.
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