“El gobierno ataca duro y le pone todo tipo de trabas a las empresas que actúan bajo el marco de la ley, pero se hace el de la vista gorda con todos los ilegales”.
Con motivo del hundimiento de la consulta popular en el Congreso el presidente Petro está convocando a movilizaciones que pueden generar un nuevo estallido social, esta vez promovido desde el mismo gobierno
“Le corresponde al pueblo reunirse en cabildo en todos los municipios de Colombia, y tomar la decisión que corresponde a la respuesta del senado de la República” y agregó que como “jefe de las fuerzas militares de Colombia y presidente legítimo de la República, acataré la decisión de los cabildos populares de todo el país” (ver).
En resumen, el presidente Petro está haciendo un llamado a desconocer las instituciones y la separación de poderes de nuestra democracia que fue la que lo eligió. Los congresistas también fueron elegidos popularmente por la población y representan intereses que necesariamente no coindicen con los del presidente Petro, entendiendo que ganó la presidencia con poco más el 51%. Medio país no comparte su propuesta de gobierno y es ahí donde los congresistas sirven de contra poder.
Con el estallido social se vieron desmanes de lado y lado, violencia, vías de hecho. En resumen, actuaciones por fuera de la ley y es preocupante que el primer mandatario de los colombianos, que juró respetar la Constitución, haga un llamado, así no sea explícito, a que sus seguidores actúen con agresión.
Para el presidente Petro, los únicos que tienen derechos son los de su línea; vemos como en Buriticá, Zijin, la empresa minera china que tiene allí una mina de oro le toca operar en medio de grupos al margen de la ley, poniendo en riesgo la vida de sus empleados y sólo pudiendo aprovechar el 50% de su mina, porque el restante está invadido por la ilegalidad. El estado colombiano, a pesar de que le dio la licencia ambiental a esta empresa no le da garantías de seguridad y por el contrario, ha tratado es de negociar con los que están al margen de la ley para que sea quienes operen, bajo el disfraz de pequeña y mediana minería.
El gobierno ataca duro y le pone todo tipo de trabas a las empresas que actúan bajo el marco de la ley, pero se hace el de la vista gorda con todos los ilegales.
Si el gobierno y el Estado colombiano no garantiza los derechos de todos los ciudadanos viviríamos en un caos, no habría convivencia y se impondría la ley del más fuerte; es lo que se vive en un sector rural de Jericó, en el que 11 personas están denunciadas penalmente porque años atrás vienen cometiendo vías de hecho bajo la excusa de estar defendiendo el agua y tratar de imponer su voluntad a la fuerza intimidando a todo el que no piense como ellos: bloqueando vías públicas, reteniendo por horas a personas contra su voluntad, invadiendo propiedades privadas. Estas personas tienen derecho a oponerse a una actividad económica, pero debe ser una oposición pacífica y sin vulnerar los derechos de quienes no están de acuerdo con su actuar.
Como decía el mexicano Benito Juárez “El respeto al derecho ajeno es la paz”.
*Empleado de Minera de Cobre Quebradona, mis opiniones no representan a mi empleador.
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