La primera columna de 2024 tiene un sabor agridulce que ha dejado en varias instalaciones de Concejos municipales en Bogotá, Medellín y Soacha. En las dos primeras ciudades mencionadas se refieren a los vacíos jurídicos de aplicación de la Ley 1909 de 2018 o Estatuto de Oposición, en especial de su artículo 14, relativo a la ocupación de las Mesas Directivas de los cuerpos colegiados por parte de la Oposición, ya que en ambos Cabildos dichos sectores no tuvieron representación en las Vicepresidencias. En el caso soachuno, la Oposición es tomada por dos sectores que van en contravía de motivación a realizar control político al recientemente posesionado Victor Julián Sanchez “Perico”. Por un lado, se encuentra el ex secretario de Gobierno municipal y segundo candidato en votación a la Alcaldía Danny Caicedo; y por otro lado, las listas pertenecientes a la coalición de partidos de izquierda que gobierna el país Pacto Histórico (opositores también a la anterior administración de Juan Carlos Saldarriaga). Lo común en las tres ciudades, es que el mecanismo de la representatividad de los sectores sociales en los Cuerpos Colegiados tiene falencias en cuanto a ser un instrumento de mejoramiento de la administración pública, pluralidad de ideas políticas, calidad de argumentos y planes de gobierno, y en el caso que toque ser auxiliares de la Justicia y los entes de control para denunciar irregularidades. Son comunidades polarizadas, que lamentablemente vislumbran en el discurso de sus nuevos delegados se representan pugnas, rencillas, revanchismo personalista, oportunismo de estructuras partidistas. Por esta razón, es necesario no solamente que se reglamenten de manera orgánica mediante legislación específica de obligatorio cumplimiento a nivel regional de dichos puntos del mismo Estatuto de Oposición (que deriva del Acuerdo Final de Paz que entró al bloque de la Constitución Política colombiana desde 2017), sino que se amplíe hacia las organizaciones de base y la ciudadanía en general el ejercicio de la Oposición e Independencia concretamente en la participación ciudadana, la expresión y creación de contenidos en los medios públicos y sobre todo, llevar a que la gente tenga una real representación viva y no una entelequia.
“Mis breves frases son los toques cromáticos de una composición pointilliste* .
Filosofía “pointilliste”: se pide al lector que gentilmente haga la fusión de los tonos puros”.
“El diálogo entre democracias burguesas y democracias populares carece de interés, aún cuando no carezca de vehemencia, ni de armas. Tanto capitalismo y comunismo, como sus formas híbridas, vergonzantes, o larvadas, tienden, por caminos distintos, hacia una meta semejante. Sus partidarios proponen técnicas disímiles, pero acatan los mismos valores. Las soluciones los dividen; las ambiciones los hermanan. Métodos rivales para la consecución de un fin idéntico. Maquinarias diversas al servicio de igual empeño”.
Nicolás Gómez Dávila, filósofo y políglota colombiano. Co fundador de la Universidad de los Andes (1913-1994)
“El reaccionario es un animal humano a quien los progresistas consideran como una especie de bestia prehistórica, cuya sola existencia los incomoda y escandaliza. Ningún otro tipo de pensamiento consigue exasperarlos más eficaz y coléricamente. No conciben la posibilidad de que alguien, capaz de profesar un conjunto de ideas que niegan la totalidad del sistema en sus dos fases, la comunista y la capitalista, pueda existir como tal, como criatura humana. Les parece que esa existencia constituye no sólo un anacronismo intelectual sino sencillamente una infracción, una equivocación, un error imperdonable de la biología”.
Hernando Tellez, escritor, diplomático y crítico de arte colombiano (1908-1986)
“La teocracia, que es el ideal del pensamiento reaccionario, se basa a la vez en el desprecio y en el temor del hombre, en la idea de que éste se encuentra demasiado corrompido para merecer la libertad, que por otra parte no sabe utilizar, y que cuando se le concede la utiliza contra sí mismo, debido a lo cual, y para evitar su perdición, las leyes y las instituciones deben hacerse reposar sobre un principio trascendente”.
Emil Cioran, filósofo y escritor rumano nacionalizado francés (1911-1995)
SALVAGUARDA LEGAL
El presente artículo está amparado por el artículo 20 de la Constitución Política y por el artículo 13 de la Ley 1909 de 2018 o Estatuto de Oposición.
NO HAY QUE RAYARSE CON EL DERECHO
La escuela antijurídica existente dentro de los estudios de la Administración Pública, proviene en parte del resentimiento, el celo profesional y el malestar del inconsciente colectivo en contra de los abogados y su hasta hace poco casi monopólico manejo del Estado -paradigma degradado en prejuicio que hace que seamos uno de los países con mayor saturación de egresados de Derecho en el mundo junto a México, lo que los indicadores de países desarrollados muestran que en ellos actividades relativas a la ciencia, medicina y nuevas tecnologías son las profesiones más cotizadas y solicitadas-.
En la ESAP, si algo he concluido en este primer año como estudiante de pregrado formal después de una década, es que pertenezco a las minorías sin bandera: al reaccionarismo político e intelectual, a la centro derecha conservadora que aún cree en el uribismo, al café de los administrativos y las paletas del Fondo de Empleados y a los que somos pro jurídicos. Si uno no sabe Derecho, en toda su real concepción, en un país como Colombia, está condenado a perder dinero, a ser esclavo de los prejuicios de otros -las facultades de Derecho y universidades son producto de los sistemas ideológicos de uno y otro bando político que estuvieron en guerra 130 años en nuestro país. Cada uno, con elementos académicos destacables, pero con el veneno del prejuicio y la verdad absoluta en sus propias opiniones-.
Por lo anterior, como cuando uno se matricula para una posición, debe ser coherente con ella. Y eso, en una sociedad como la bogotana, o en general en el Interior del país inevitablemente te genera sino enemigos y malas acciones en contra, si al menos que mucha gente ya no te mire con los mismos ojos. Lo bueno, es que la indiferencia se acaba.
Por eso, paralelamente comenzaré si todo sale bien este semestre a alternar de manera paralela la carrera de Derecho con la Administración Pública, y entre muchas otras decisiones, continuar una tarea de comunicar tanto autogestionadamente como luchando por los espacios en los medios públicos y masivos que sea posible -no vamos a contribuir a la epidemia de la explosión de emisoras virtuales sin contenido, en la guerra del centavo de la pauta y que ponen música en el 70% de su programación, se salva menos del 15% del ecosistema online y comunitario- para hacer realidad la reglamentación seria de las garantías para la Oposición y la Independencia establecidas en el marco legal colombiano. Pero no solamente para los políticos, sino para la ciudadanía en coherencia con la naturaleza del Estado Social de Derecho vigente desde 1991.
Por esta razón, una causa política de quien escribe este espacio de opinión es a través del apoyo a proyectos relativos a estas garantías reales desde el Congreso de la República, así como desde realizar tanto una pedagogía crítica al sentido actual del ejercicio de Oposición en la política colombiana.
ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN: ¿AL SERVICIO DE QUIÉN?
Soy crítico. Lo seré siempre. Y algo que no me convence es esa historia de los “buenos” y “malos” de telenovela. Como decían las antiguas cartillas pedagógicas de organismos multilaterales que generaron material en época de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 y en 2017 el fast track con que se logra su inclusión dentro de la Constitución Política, hubo participación de muchas organizaciones políticas y sociales con clara militancia y antigüedad en estar ubicadas a la izquierda del espectro: Congreso de Los Pueblos, Marcha Patriótica, Unión Patriótica, Partido Comunista Colombiano, entre otros.
Las encuestas señalan, sobre todo después del escenario del Paro Nacional de 2021 -mal llamado “Estallido Social”-, que más del 60% de la población del país no cree en los partidos políticos, y los añade a la larga lista de instituciones en las que no cree como el Congreso, el Gobierno, la Policía -lamentablemente tanto por una campaña de propaganda sucia proveniente de muchos sectores políticos de manera sistemática, aprovechando vacíos éticos, formativos, de cualificación y modernización de su doctrina e incorporación de efectivos-, la Justicia y entes de control.
Las personas que militamos en partidos políticos legalmente constituidos no sumamos más allá, si acaso el 12% de la población colombiana. Sí, de todas las 37 personerías jurídicas otorgadas por el Consejo Nacional Electoral. Y la que mayor número de militantes, de esa minoría poblacional tiene, sigue siendo el Partido Liberal Colombiano -el partido político más antiguo del país, y uno de los más antiguos del mundo, fundado en 1848-.
Aquí cabría hacer una pregunta: ¿para quién fueron redactados y gestionados todos los términos investigativos y de prudencia jurídica que llevaron a la promulgación como Ley Estatutaria, valga la redundancia la Ley 1909 de 2018 o Estatuto de Oposición? ¿Para la ciudadanía colombiana o para aquellos que si bien tienen un origen legítimo como delegados para la toma de decisiones y regulación social, no son ni las únicas ni las absolutas voces de la diversidad del país y su sociedad? ¿No hay conflicto de intereses con la esencia de la democracia representativa como evolución y complemento del viejo esquema de la democracia representativa, lo que es la esencia del actual Estado Social de Derecho?
Cabría una pregunta más: ¿A quién realmente después de ocho años han beneficiado de manera real los Acuerdos Finales y No Finales impuestos a fuerza al país por la élite política entre las FARC y el Gobierno de esas élites en el país?
¿PARA CUÁNDO VA A TENER VOZ LA GENTE?
“Primero la gente” lamentablemente se vuelve una muletilla populista que la gente está hastiada de escuchar en épocas electorales. Pero realmente las que han tenido menos participación, soluciones y reivindicación central con el Acuerdo Final y todo el resultado de su inclusión en el marco legal colombiano, han sido los ciudadanos, principalmente aquellos que han sido víctimas del Conflicto Armado Interno.
Las elecciones de los Consejos de Juventud regionales a nivel nacional en diciembre de 2021 tuvieron una victoria aplastante de la centro izquierda y la centro derecha, debido a que los sectores radicales que fueron protagonistas de una cuarta intentona de Golpe de Estado contra el mediocre gobierno duquista (pero que casi terminan es ocasionando una guerra civil urbana en Cali y Bogotá, además de casi quebrar el país), salvo en ciertas regiones, tuvieron una estruendosa derrota, un poquito “por w” como se dice en el microfútbol porque al tener las tesis marxistas y anarquistas en contra de la “democracia burguesa”, al no validar un escenario, se dan el autoconsuelo para validar su no participación.
La postulación a dichos cargos, no era solamente por los partidos políticos, sino por las organizaciones sociales ambientalistas, deportivas -eso incluye el barrismo social-, animalistas, musicales, artísticas, culturales, religiosas, culturas urbanas, entre otras. Dichos estamentos fueron los que más motivaron candidaturas, además de ejercicios ciudadanos políticos con clara identidad ideológicas pero desligados de los partidos y su esquema tradicional.
La discusión de las garantías ciudadanas a la Oposición e independencia deben trascender el debate entre políticos. Pero la estructura perversa con que se ha diseñado el Estatuto, ha hecho que el debate se resuma a los tecnicismos al servicio de los egos de los futuros candidatos, y no al ejemplo de la construcción de país desde la diferencia. Lo vemos en el Editorial de El Nuevo Siglo del pasado 3 de enero:
“En el fondo el debate en torno a que los partidos contradictores de los gobiernos de Carlos Fernando Galán en la capital del país y de Federico Gutiérrez en la antioqueña termina limitándose a una sola duda: ¿la declaración pública de una bancada en torno a que se declara en oposición a la administración departamental o municipal entrante es elemento político sólido y suficiente para darle a esa colectividad el estatus de opositor, con todas las garantías y derechos que señala el Estatuto respectivo?”
Las personas, la ciudadanía colombiana tiene la capacidad de generar ideas, propuestas e incluso discutir y proponer políticas públicas que afecten las soluciones de sus problemas. La democracia representativa y participativa no riñen, son complementarias, sobre todo en el ejercicio regional de la coadministración junto a los cargos ejecutivos (alcaldes y gobernadores).
Hacer respetar a la ciudadanía colombiana más allá de los acuerdos de unos pocos sobre la Nación y sus instituciones es nuestro deber.
La única solución: una Ley Orgánica que clarifique los artículos 13 y 14 del Estatuto de Oposición para garantizar de manera específica los derechos de los ciudadanos y sus delegados en los Cuerpos Colegiados que asuman con respecto al Gobierno Nacional y los ejecutivos regionales de Oposición e Independencia.
FUENTES
- El Nuevo Siglo, 3 de enero de 2024. Enlace virtual: https://www.elnuevosiglo.com.co/editorial/el-estatuto-de-oposicion
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