Mientras más cercana se encuentre la finalización del conflicto armado, mayor vigor adquiere la batalla de las narraciones, es decir, la confrontación entre las partes en conflicto (Estado, grupos armados insurgentes y grupos armados contrainsurgentes o paramilitares) por cómo se relatan las decisiones, los acontecimientos y crímenes del conflicto, y cuál va a ser la la memoria que se legue a las generaciones futuras.
Cada parte en conflicto tiene, como su nombre lo indica, la condición y el espíritu de parte tanto cuando realiza la lucha armada en procura de doblegar al adversario, como cuando cesa la confrontación y se abre paso la memoria de lo sucedido y, por tanto, tiende a hacer una narración de los hechos de carácter auto-interesado y unilateral en la que pretende que las violaciones contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario sólo fueron cometidas por el adversario, negándose a reconocer las violaciones y las víctimas propias. Cada parte quisiera borrar sus abusos y atrocidades. Esto es muy palpable en el largo camino que está llevando al desescalamiento y, ojalá, finalización del conflicto armado colombiano.
En la memoria de todos está el recibimiento del jefe paramilitar Salvatore Mancuso en julio de 2004 en el Congreso de la República cuán si fuera el más egregio de los ciudadanos y su discurso autojustificatorio donde no hubo una sola palabra de reconocimiento de las atrocidades y víctimas del paramilitarismo. Celebró hablar en la “cuna de las leyes y el templo de la democracia” y con arrogancia ratificó “el compromiso patriótico de las AUC por salvaguardar una Colombia digna, libre, segura y en paz sigue en pie como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confiere nuestro movimiento nacional antisubversivo…”[1]. Como que los paramilitares estaban salvando el país y eran los artífices de la libertad del pueblo colombiano, borrando el hecho de que rara vez combatían contra la guerrilla y, aplicando la estrategia de “quitar el agua al pez”, se dedicaban a desaparecer, asesinar, desplazar, desposeer y masacrar a personas civiles cuya única falta había sido habitar territorios de influencia guerrillera, usando los métodos más crueles (motosierras, hornos crematorios, empalamientos, ejecuciones públicas).
Al comienzo de los diálogos de paz, las FARC se declaraban víctimas del conflicto armado y negaban su carácter de victimarios mientras proclamaban que estaban salvando al pueblo colombiano de la opresión y la explotación. Preguntado por un periodista de Televisión Española si estarían dispuestos a pedir perdón a las víctimas, el guerrillero Jesús Santrich respondió, entre risas, cantando el coro del conocido bolero: “quizás, quizás, quizás”[2]. Un gesto grotesco que banalizaba la violencia de este grupo insurgente contra la población civil con secuestros brutales muchos de ellos terminados en asesinato o desaparición del secuestrado, asesinatos selectivos, tomas sangrientas de pueblos, reclutamiento de menores, sembrado de minas, voladuras de oleoductos, masacres.
Otro capítulo en la batalla de las narraciones lo ha protagonizado el Presidente Santos que, seis años después de fundado el Centro Nacional de Memoria Histórica[3], el 27 de marzo expidió el Decreto 502 de 2017, con el objeto de incluir al Ministro de Defensa en el Consejo Directivo del CNMH[4], aduciendo que “la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas del conflicto armado implica que las instituciones que participaron en él contribuyan al esclarecimiento de sus causas y a comprender las dinámicas institucionales y las relaciones políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, y aporten a la reconstrucción de la verdad histórica ya evitar la repetición de los hechos”. Si esta es la finalidad, podríamos pensar que también deberían estar representadas en dicho Consejo Directivo las otras partes que participaron en el conflicto armado y que conocen directamente los hechos para que, en pie de igualdad, aporten a la reconstrucción de la verdad histórica y a la realización del derecho a la verdad de las víctimas.
Pero esto es algo que ya a primera vista resulta chocante, porque la misión del CNMH de contribuir al derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto, queda en entredicho si en el Consejo Directivo tienen asiento ya no autoridades civiles y miembros de la sociedad civil, sino representantes de la Fuerza Pública, que es una parte en el conflicto y, aunque combatió en defensa del orden constitucional, lo hizo frecuentemente violando de manera grave la Constitución y el derecho internacional.
Este es el problema que enunciamos al comienzo: cada parte del conflicto con auto-interés busca un relato parcial, favorable a su posición, como lo han mostrado las Autodefensas Unidas de Colombia y las FARC, y ahora con esta decisión el Gobierno, que parece haber cedido a la presión de sectores de las Fuerzas Armadas que rechazan los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica donde queda puesta en evidencia la responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública, de autoridades civiles y militares en masacres, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, bombardeos indiscriminados, y sus relaciones con grupos paramilitares (por ejemplo, Basta ya! y los informes sobre Segovia y Remedios, Trujillo, Comuna Trece de Medellín, San Carlos, Granada).
Lejos de un reconocimiento de responsabilidades ante las víctimas y ante el pueblo colombiano por deshonrar gravemente sus deberes constitucionales –algo que resulta crucial para la reconciliación del país–, reclaman que sea lavada la imagen de la Fuerza Pública y que soldados y policías sean presentados como héroes de la patria y nunca como victimarios. Para contrarrestar la enorme fuerza moral y política que tiene la memoria histórica crearon en julio de 2013 el Centro de Memoria Histórica Militar y trabajan en la producción de un relato laudatorio y exculpatorio.
Esta tendencia podría acentuarse con la inclusión del Ministro de Defensa en el Consejo Directivo del CNMH al quedar facultado para “definir y adoptar los lineamientos estratégicos para la construcción de la memoria histórica, y formular una estrategia de priorización de proyectos de investigación que contribuyan al conocimiento de la verdad histórica”. Es decir, del Ministro de Defensa dependerá definir en gran medida la agenda de la construcción de la memoria y determinar sobre qué acontecimientos del conflicto armado focalizar la atención, a cuáles privilegiar en desmedro de otros. Ello implicaría desalentar las investigaciones del CNMH que involucren en las atrocidades a los miembros de la Fuerza Pública, y que muestren la realidad de que junto a los soldados y policías que llevaron a cabo la defensa de las personas y de las instituciones sometiéndose a la Constitución y al Derecho internacional y que en muchos casos sacrificaron su vida por ello, están otros muchos que traicionaron sus deberes constitucionales y cometieron graves crímenes convencidos de que la derrota de la guerrilla tenía que alcanzarse a cualquier precio (masacres, asesinatos selectivos, torturas, desapariciones), se aliaron con grupos paramilitares, o cometieron los mal llamados falsos positivos, esto es, retuvieron ilícitamente, desaparecieron y asesinaron a campesinos inermes haciéndolos pasar por guerrilleros caídos en combate a cambio de permisos de fin de semana, acercamiento a las regiones de origen, bonificaciones y ascensos, según el sistema de estímulos de la seguridad democrática del ex presidente Uribe[5].
El establecimiento de la verdad y la perdurable memoria son el último tributo que debemos rendir a las víctimas, a fin de impedir que sean dos veces asesinadas: físicamente y de olvido. La averiguación de la verdad debe ser libre, no puede tener ni vigilancia ni cortapisas por ninguna de las partes del conflicto. En esto no puede haber distingos: verdad para las víctimas de la guerrilla, para las víctimas de los paramilitares, para las víctimas de agentes del Estado.
El CNMH ha realizado una labor de esclarecimiento de la verdad, de denuncia de la pluralidad del sufrimiento causado por los actores del conflicto y de justicia reparadora para las víctimas, labor de la más alta talla e integridad y con una enorme capacidad de irradiación en la conciencia pública de nuestro país, y no puede convertirse en una instancia de producción de memoria oficial. Sólo conociendo lo que sucedió y por qué, sabremos de qué se van a reconciliar los distintos sectores políticos y sociales del país, y qué es lo que se van a comprometer a no repetir en pro de una paz estable y duradera.
[1] Ver, Mancuso en el Congreso, en https://www.youtube.com/watch?v=KcQYlCDuwFk
[2] Telediario de Televisión Española, 29 de octubre de 2012.
[3] Fue creado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011.
[4] El Consejo Directivo está presidido por el Director(a) de Departamento de la Prosperidad Social (DPS) e integrado por la Ministra de Cultura; la Ministra de Educación Nacional; el Ministro de Justicia y del Derecho; la Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas; el Director CNMH y tres representantes de organizaciones de víctimas elegidos por la Mesa Nacional de Víctimas.
[5] Muchos de estos hechos están establecidos de manera inconcusa en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaran la responsabilidad del Estado colombiano en graves violaciones de los derechos humanos cometidas con ocasión del conflicto armado; por ejemplo, casos Las Palmeras, Ituango, 19 comerciantes, Gutiérrez Soler, Pueblo Bello, Valle Jaramillo, La Rochela, Caballero Delgado, Santo Domingo, todos vs. Colombia.
