Fin del Conflicto

Resumen y opinión respecto del tercer punto del Acuerdo Gobierno-FARC.

Recordemos que el Acuerdo final entre el Gobierno y las Farc se compone de 6 puntos:

1) Reforma Rural Integral

2) Participación Política

3) Fin del Conflicto

4) Drogas ilícitas

5) Víctimas

6) Mecanismos de implementación y verificación.

En esta columna me centraré en el tercer punto. El texto es de 297 páginas, y se le está a punto de ser resumidas 48 páginas (más otras 55 de anexos) en 6 con otras 5 de opinión. Tómese el tiempo de leerse esto detenidamente para que se entere de lo pactado en el tercer punto.

Opiniones previas:

Éste es tal vez el punto más extenso del acuerdo, y tiene una razón muy importante: es el verdadero centro del acuerdo como una de las exigencias máximas del gobierno. Si en algún momento se decidió dejar de intentar la salida armada como medio para finalizar el conflicto y optar por la vía negociada, fue porque lo primero que se buscaba era que se terminara el conflicto armado interno que ha existido en Colombia desde hace muchas décadas. No se trata este punto, como en la Reforma Rural Integral o en la Participación Política, de una especie de llamado al Estado colombiano para que legisle y trabaje en su institucionalidad; sino de un verdadero acuerdo para que, finalizada una época de transición, comience la vida de civil de aquéllos que en algún momento empuñaron un arma. No es lo mismo decir que se deben construir carreteras que comuniquen a los pueblos del campo, que decir que en tal día exacto se tendrá que concentrar un porcentaje exacto de armas y que de ahí se ejecutará todo un protocolo de acción ya acordado para su manejo.

Para entender este punto del “Fin del Conflicto” hay que tener en cuenta que lo que se busca finalmente es la no repetición del conflicto. Esta no repetición se garantiza bajo una serie de medidas que contrarresten las causas del conflicto: desigualdad en las oportunidades, censura política, persecución institucional, entre otras.

Sin embargo, la palabra “conflicto” puede a veces sonar ambigua. Como ya he mencionado en puntos anteriores, lo que trae “paz” no es sólo el cese de hostilidades; sino la satisfacción de las necesidades socioeconómicas de las personas con bajos recursos (para lo cual está la Reforma Rural Integral), la satisfacción en la mayor medida posible de los derechos de las víctimas (para lo cual está el punto sobre Víctimas), o la garantía del pluralismo político en el país (para lo cual está la Participación Política). Y justamente este tercer punto tiene dos grandes secciones: una destinada a lo que estrictamente consideramos como “conflicto armado”, entendido entonces como el conjunto de ataques armados entre las partes y hacia terceras personas que causa estragos, cuya erradicación sólo traería un cese al disparo de las balas; y otra hacia la terminación de un “conflicto en general” ya entendido como una situación social de Colombia, cuya erradicación traería “paz”, y teniendo entonces garantías para que en un futuro tengamos certeza de que no volveremos a estar de frente con dos o más actores armados que se maten entre sí.

Para la primera concepción de “conflicto armado” se tiene entonces dos situaciones muy puntuales: 1) el cese al fuego y 2) el proceso de dejación de armas. Algunos sectores de la opinión pública se quejaron de que en el primer y segundo punto era el Gobierno quien tomaba la mayoría de las obligaciones y eran pocas las que tomaba las Farc. En su momento expliqué la razón de esto: la historia del conflicto armado en Colombia y la deuda que el Estado colombiano tenía sobre el tema de la distribución inequitativa de la riqueza, el abandono del campo, la persecución militar de los opositores, las limitaciones al ejercicio de los derechos políticos, entre otras cosas. Además, mencioné que era evidente que sería en otros puntos en donde encontraríamos que las Farc tomaría una serie de obligaciones que han surgido tanto de la insistencia del pueblo colombiano a lo largo de los años como de su lento pero progresivo compromiso por terminar esta guerra (por ejemplo con el tema de Víctimas y de la Jurisdicción Especial para la Paz).

En este orden de ideas, es este uno de los puntos en donde las Farc toma una de las obligaciones más importantes que siempre se le exigió: otorgar garantías para que en el comienzo de un período de transición se deje de disparar, de secuestrar, de extorsionar, entre muchas otras cosas; con el fin de comenzar una completa vida de civil. Sabemos que desde el comienzo de las negociaciones este compromiso era muy débil y lento, pero fue consolidándose cada vez más. Tal vez uno de los momentos en que se demostró más consolidación fue en el decreto del cese al fuego unilateral por parte de las Farc en donde se comprometían a dejar de cometer estas hostilidades. Aunque sobra decirlo, las cifras de guerra han disminuido considerablemente pese al escepticismo de algunos, y son éstas las cosas que hay que tener en cuenta para poder entender el trasfondo de esto.

Para la segunda concepción de “conflicto en general” como una situación de guerra que vive Colombia y donde se busque que generaciones futuras no reincidan en la delincuencia (lo que evidentemente sería una de las causas por las que no llegaríamos a tener “paz”), se tiene entonces otras dos situaciones muy puntuales: 1) la reincorporación política y 2) la reincorporación socioeconómica de las Farc. Es aquí donde se toca uno de los puntos más discutidos en la opinión pública sobre los acuerdos: por un lado, las curules de las Farc y su participación en política; y por otro lado, las garantías económicas para sus integrantes que ayuden a su reinserción social.

Hay algo aquí muy importante por reflexionar y es lo siguiente: muchos utilizan estos dos puntos para ir en contra del proceso. Y lo que se debe pensar es que es algo que es necesario desde todos los puntos de vista.

Si tenemos en cuenta que en un conflicto armado lo que buscan las partes es la exterminación militar del otro (o al menos su gran debilitamiento) para poder imponer su propio poder y sus propias reglas, sabemos que en este proceso ninguna de las dos partes logró hacerlo. Si una persona comete un delito y no tiene la capacidad para seguirlos cometiendo sin ser capturado, fácilmente será atrapado por el Estado y, aunque tardíamente en ciertos casos, será ajusticiado. Sin embargo, si quien comete el delito son ahora miles de personas, las víctimas ascienden a las centenas de miles y la capacidad del Estado no es la suficiente para frenar las masacres o asesinatos en serie por ejemplo; lastimosamente se llegará un punto en donde tenga que empezar una negociación para perseguir un bien mayor: el cese de las balas, la construcción de una igualdad de oportunidades para todos, la justicia hacia las víctimas y la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Es realmente utópico creer que el Estado logrará imponerse ante todos los delincuentes y ajusticiarlos mediante la salida armada.

Muy seguramente todos hubiésemos preferido que al delincuente se le aplicara la ley en su total expresión. Me incluyo. Varias veces me he dado cuenta de que todos los seres humanos estamos siempre sedientos de lo que consideramos como “justicia” en nuestras mentes, pero siempre hay que entender que esta “justicia” como la concebimos tiene un costo mucho mayor. Es evidente que, en más de 50 años de conflicto, el Estado colombiano no fue capaz de someter a las Farc (incluso cuando estamos hablando de un Estado que con todas las complicaciones logró someter al narcotraficante más grande de toda la historia). Así como es igual de evidente que las Farc, con todos sus ataques, no lograron tumbar al Estado colombiano e imponer su régimen de poder. Esto sólo deja en evidencia que hay más probabilidad de que continuar una lucha armada sea realmente condenar eternamente a la población que tiene que empuñar un fusil y pelear a nombre de nosotros; que de lograr una salida armada al conflicto (con todas las víctimas que esto incluya eventualmente, por supuesto). Es mucho más preferible tener la duda sobre un modelo de paz, que tener la certeza sobre una guerra que cobra vidas enteras.

Se vuelve entonces necesario pensar en los costos humanos que pueden surgir de ello. Quien quiera ofrecer su vida en nombre de la “nación” por ser ésta su felicidad, bienvenido sea. Pero que esa felicidad justa, que es su felicidad, no implique necesariamente la de miles de colombianos que prefieren vivir una vida tranquila a tener que estar en un momento de vida o muerte con un fusil en la mano. Y si consideramos entonces que ambas partes deben entregar una porción de sus intereses para perseguir ese fin mayor, se vuelve totalmente necesario crear figuras como participación política, reincorporación socioeconómica o justicia transicional por parte del Gobierno; y dejación de armas, reconocimiento a las víctimas, reparación de los daños y cumplimiento de las sanciones por parte de las Farc. Tan es así, que así como hay personas de la población civil en contra de esto (buscando entonces su fin mayor de “justicia” que termina cobrando más vidas), también hay personas dentro de las Farc que están en contra de esto (no olvidemos ese frente que se declaró disidente y declaró traidor a su propio movimiento armado; lo que implicó su persecución militar por parte de las fuerzas armadas). Nadie nunca estará de acuerdo, pero la negociación se da en un escenario en el que se hace necesario dar un alto al derrame de sangre y solucionar los problemas de raíz.

Sobre esto se habla entonces de las curules entregadas la participación política y las garantías económicas entregadas en la reincorporación socioeconómica. Recordemos que surgirá un nuevo movimiento político de las Farc, que durante 180 días de un procedimiento legislativo especial tendrán 6 voceros que no podrán votar en los proyectos (no son curules), que habrá igualmente 5 curules garantizadas en ambas cámaras desde el 2018 hasta el 2026 (teniendo todavía la duda de quiénes podrían ser los participantes) y que podrán lanzarse a las presidenciales (para mayor detalle véase Participación Política). ¿Mucha participación? ¿Poca participación? Es una pregunta que dependerá de lo que considere justo cada quien. Yo habría preferido como máximo 3 curules, teniendo en cuenta que otras poblaciones tienen menos representación. Sin embargo, la presencia de otras dos curules no debería generar ese malestar de “indignación” que suele generar en tanto se logró mucho menos de lo que se buscaba en un principio y en tanto, como dije en el punto de Participación Política anteriormente citado, la apertura democrática y el debate político es totalmente necesario.

Sobre las garantías económicas (que en breve las detallaré) hay que pensar dos cosas: la primera es que, obviamente, es necesaria una garantía económica si lo que se busca es un “fin del conflicto”. Le he escuchado a muchas personas que la duda que tienen del posconflicto es que no se den las circunstancias necesarias para que al desmovilizado le sea más rentable tener una vida de civil que tener una vida delictiva. Lanzan argumentos –muy ciertos además- de que su inexperiencia educativa y laboral, y sus conocimientos en armas; lo único que harían sería que en un tiempo se repita la historia. Si vamos a hablar en términos utilitarios, se necesita entregar una situación socioeconómica tal que al guerrillero le sea más rentable vivir legalmente. No se puede pretender que dejen las armas y, como dicen coloquialmente, darles la bendición y despedirlos; creyendo que todo va a salir bien. El Gobierno no es iluso. Tienen que salir con algún estudio y algún proyecto de vida, tienen que salir con garantías económicas necesarias para que no busquen en la ilegalidad su sustento, y tienen que ser tanto útiles para sí mismos como para la sociedad colombiana. Para esto está entonces la reincorporación socioeconómica: a través de una serie de programas educativos, productivos, y económicos; se buscará que el desmovilizado se convierta en un reinsertado civil.

Y si ya no vamos a hablar de términos utilitarios sino de justicia, hay que tener en cuenta además que las cifras de la guerra demuestran claramente lo que para muchos parece sarcasmo: la violencia es más cara que la reinserción. Según cifras del Indepaz, el promedio del gasto estatal en el conflicto fue de 7.6 billones por año, de lo que se deduce que el gasto diario fue de 22.000 millones. Es incluso cómico, pero el gasto de todo lo establecido en estas garantías económicas, además del costo del nuevo partido político que surja de las Farc equivaldría a sólo 15 días de esta suma. No sé ustedes, pero yo prefiero mil veces que los impuestos se distribuyan en intentar una paz que en seguir manteniendo un conflicto absurdo. Y es obvio que el gasto del posconflicto no será tan sencillo como parece ser (puesto que gran parte de ese dinero tendrá que redistribuirse a muchos otros sectores del gasto público: educación, vivienda, salud, infraestructura, inversión, etc.); pero es evidente que es más justo un gasto que busque una verdadera paz, ésta vez sí como todos la concebimos, que una guerra.

Para concluir estas opiniones previas, considero que es totalmente necesario reflexionar todos estos puntos antes de gritar a los cuatro vientos que el acuerdo no es justo. Quien crea que “no se pueden tragar esos sapos” como dicen algunos, tiene que entender que su decisión de no tragar sapos (que en realidad siempre he sostenido que los únicos que tienen derecho a no tragar sapos son las víctimas del conflicto) implica necesariamente la continuación del sufrimiento de personas que no conoce y que nunca va a conocer. Sobre esto pienso hablar en el punto de víctimas, pero desde ya lo anticipo: conversar con las Madres de la Candelaria, por ejemplo, es una muestra de que hasta gran parte de las víctimas prefieren que ese sufrimiento no se reavive en otras personas, a que haya certeza de que otros vivirán sus tormentos diarios. Yo a estos “sapos” no los considero tan así, les intento buscar la lógica. Las curules no se regalan porque sí (de por sí la clase política odia que le quiten el poder) y el dinero público no se regala porque sí (de por sí el Estado siempre busca tener más dinero y no dárselo a quien no lo considere necesario). Y es precisamente eso lo que se intenta explicar y lo que cada ciudadano debe tener en su mente para entender por qué es más justo buscar un alto al sufrimiento que una luz verde para su continuación.

Lo pactado:

Como se mencionó anteriormente, para entender el punto del “Fin del Conflicto” debe primero diferenciarse ese concepto de “conflicto”. Sobre esta diferencia se hará entonces la división de lo pactado para efectos de su explicación y resumen: 1) Fin del conflicto como cese de ataques y hostilidades y 2) Fin del conflicto como situación social. Sobre el primero se menciona que se establece una serie de medidas para que se terminen los actos bélicos y para que se termine el enfrentamiento armado –donde se incluye entonces el cese al fuego y la dejación de armas-. Sobre el segundo se menciona que se establece una serie de medidas para que se termine la situación social de violencia generalizada que existe en Colombia y para que se construya una paz de tal forma que se garantice la no repetición del conflicto –donde se incluye entonces la reincorporación política y la reincorporación socioeconómica-. Hay un tercer punto que trata sobre la persecución de las Bacrim y demás organizaciones que atenten contra lo pactado.

1 Fin del conflicto como cese de ataques y hostilidades

Se trata de dos procesos acordados con sumo detalle (las 55 páginas de anexos y protocolos tratan sobre los detalles de esto –como el registro de armas, las reglas de convivencia de las personas que estén concentradas, las rutas de desplazamiento, el protocolo para la destrucción de las armas inestables, las obligaciones diurnas de los integrantes, etc.-). Estos dos procesos son el cese al fuego (como el momento entonces en que paren las hostilidades tanto entre las partes como hacia la población civil) y la dejación de armas (como el proceso mediante el cual no se da “rendición militar” sino “entrega física de armas” a un tercero –la ONU- para finalizar el conflicto y destinarlas a la creación de monumentos conmemorativos-). Se ha depurado la información hasta lo más básico e importante, por lo que quien desee saber más puede dirigirse a los protocolos.

El cese al fuego y la dejación de armas tendrá un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), que consta de una serie de instancias y equipos de trabajo que se encargarán de observar una por una las actividades que deben realizarse en el proceso del cese al fuego y dejación de armas para garantizar que se cumplan las reglas de este punto. El MM&V estará compuesto por unos equipos de trabajo que se asignarán a cada área de concentración determinada en donde se deban realizar actividades de cese al fuego y dejación de armas. Además habrá ocho instancias regionales para verificar el buen cumplimiento del monitoreo de estos equipos de trabajo y habrá una instancia nacional que resolverá conflictos entre las partes (junto a las regionales) respecto de este punto del acuerdo (por ejemplo que una parte diga que ya se entregó un arma y la otra diga que el arma desapareció entonces que la están ocultando en caletas). Las instancias locales estarán compuesta por 10 miembros del gobierno, 10 de Farc, y 15 de la comunidad internacional (países latinoamericanos principalmente y una misión verificadora de la ONU no armada que instalará 29 sedes locales de verificación en 26 ciudades del país).

Para concretar el proceso de transición, el día de inicio de implementación de todo el proceso de cese al fuego y dejación de armas es según el acuerdo el “Día D a la Hora H”. Sobre este día hay una gran discusión: el Alto Comisionado para la Paz dijo que el Día D y la Hora H sería el “momento en que Santos y Timochenko estampen su firma en el acuerdo”, es decir el 26 de Septiembre. Por su parte, uno de los negociadores de las Farc dijo que como el acuerdo debía ser sometido a un plebiscito, cuando eventualmente gane el Sí oficialmente empezaría tal Día D. Otros dicen que habrá una fecha intermedia. Aunque lo más probable es que sea el 26 de Septiembre.

El proceso de dejación de armas y otras cuestiones se hará en 28 áreas de concentración especificadas para ello, que son 22 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVT) y 6 campamentos (antes eran 31 áreas pero se descartaron unas por la presencia de resguardos indígenas). Algo curioso por notar es que estas zonas tienen alta incidencia en la historia del conflicto armado: no fueron puestas porque sí. A partir del “Día D+1” (es decir, eventualmente el 27 de Septiembre) las tropas de la fuerza pública se reorganizarán y darán sus coordenadas para abrirle campo a los integrantes de las Farc en su desplazamiento a las ZVT, con acompañamiento del MM&V. De ahí, mediante las rutas de desplazamiento específicas que fueron trazadas por ambas partes, se movilizarán el “Día D+5”. En este proceso de transición, las Farc se obliga explícitamente a no tener presencia armada en las zonas fuera de las acordadas, a salir de estas zonas sin los permisos necesarios y en los casos acordados, a adquirir o fabricar nuevas armas, a cometer actos de destrucción de la infraestructura presente en la zona, a realizar actividades ilícitas para el mantenimiento de su organización, a incrementar su capacidad de combate y a incumplir los procedimientos acordados.

Es importante tener en cuenta que las ZVT están constituidas entonces para garantizar esto. Por un lado, la fuerza pública rodeará la zona con un anillo de seguridad de un kilómetro de ancho (y también está expreso en el acuerdo que sus actividades no deben cesar para proteger a la población civil, coordinadas igualmente con las debidas denuncias de las Farc cuando sean necesarias –por ejemplo lo que pasó con el frente que se declaró disidente al proceso y que ya está siendo perseguido militarmente gracias a información de las Farc- lo que demuestra que el argumento de que “las fuerzas armadas dejarán de protegernos” es una falacia profunda). Y por otro lado, el MM&V estará adentro con las Farc vigilándolos, lo que hará que ambas cosas garanticen que estas prohibiciones anteriormente mencionadas se mantengan controladas. De igual forma, la dejación de armas de las Farc es una muestra (además de que fue colocado explícitamente en el texto), de que ambas partes cooperarán para que quien ostente el monopolio legítimo del uso de la fuerza sea el Estado colombiano a través de su fuerza pública. Cosa que debió haber sido así desde hace décadas.

Estas zonas, además, buscan la primera etapa de la reincorporación civil de los integrantes de las Farc. Una vez concentrados, no pueden salir a menos que sea sin armas y de civil. Las Farc debe entregar un listado de personas que se concentrarán en las zonas (lo que, en resumidas cuentas, sería en realidad los individuos pertenecientes a Farc que hagan parte de todo este proceso de desmovilización y que por ende quien no se encuentre en las listas será considerado disidente, lo que implicará su persecución militar); y con este listado tendrán un control de quienes están adentro y además se adelantarán las suspensiones de orden de captura necesarias con lo establecido en la ley. Sólo se permitirá la salida de 60 integrantes de Farc que junto a equipos del gobierno y acompañados de la fuerza pública harán pedagogía sobre el acuerdo; y por obvias razones éstos serán los primeros que entreguen armas.

Las ZVT no son repúblicas independientes: sigue rigiendo el régimen jurídico colombiano en las zonas, sólo que para realizar ciertas actividades se requieren procedimientos especiales (como el caso en que deba entrar la policía a la zona o la altura a la que deben volar las aeronaves que circulen sobre las zonas). Esto quiere decir que las autoridades locales podrán entrar en cualquier momento en coordinación con el MM&V, pero jamás lo podrá hacer un civil. Algo importante por decir es que en el tiempo en que los integrantes de las Farc estén en estas zonas, se les brindará educación y capacitación laboral para diversas actividades y así ayudar a su reincorporación a la vida civil.

Para el que tenga la duda, estas zonas veredales están ubicadas en: Antioquia (Remedios, Ituango, Dabeiba); Cesar (La Paz); Norte de Santander (Tibú); Tolima (Planadas, Villarica); Cauca (Buenos Aires, Caldono); Nariño (Policarpa, Tumaco); Putumayo (Puerto Asís); Caquetá (Montañita, Cartagena del Chairá); Arauca (Arauquita, Tame); Meta (Macarena, Mapiripán, Masetas, Vistahermosa) y Guaviare (San José del Guaviare). Sobre los campamentos todavía no se sabe cuáles dos descartarán. Previamente estaban: Antioquia (Vigía del Fuerte), Guajira (Fonseca), Chocó (Riosucio), Córdoba (Tierra Alta), Cauca (Corinto), Caquéta (Sin Vicente), Meta (Losada y Macarena), y Guainía (Puerto Colombia).

El día D+5 (ya sabemos que eventualmente puede ser cinco días después de la firma del Acuerdo Final) comienza oficialmente el proceso de desarme: las Farc entrega al MM&V la información sobre el armamento en su posesión para que aliste el proceso de desarme. Desde el día D+7 (una semana después) se da traslado de todas las armas, municiones, explosivos y otros a las ZVT buscando tener todas concentradas, registradas y vigiladas en contenedores a más tardar el día D+30 (un mes después). Se concentrará otro tipo de armas progresivamente hasta el día D+60 (dos meses después), siendo fecha máxima además para la destrucción del armamento inestable o de manejo peligroso. A más tardar el día D+150 se tendrá que tener listo el almacenamiento de todo el armamento de las Farc, y en el tiempo restante (entre el día D+150 y el día D+180 que es cuando terminan de funcionar estas ZVT y termina todo el proceso de dejación de armas) la misión de la ONU recibirá estas armas y las destinará a la creación de 3 monumentos, a saber: uno en algún lugar de Colombia que coordinen las Farc y el Gobierno, otro en Cuba, y otro en la sede principal de la ONU.

2 Fin del conflicto como situación social

En pocos términos se trata del proceso de reincorporación a la vida civil de los desmovilizados de las Farc que estén en las listas que se entreguen en las ZVT para ello. Esta reinserción se puede dividir en dos: la reincorporación política y la reincorporación socioeconómica. Sobre la política, ya he detallado sus características en el punto anterior, por lo que no lo trataré de nuevo en éste (véase Participación Política). En este orden de ideas, me centraré en la reincorporación socioeconómica.

La condición primera para obtener las garantías de la reincorporación socioeconómica es la dejación de armas. Como parte del compromiso explícito de las Farc de terminar el conflicto, dejar las armas y no volver a utilizarlas; se creará una organización de economía solidaria (muy posiblemente una asociación mutual) denominada Economías Sociales del Común o ECOMÚN como órgano líder de la reincorporación colectiva de los integrantes de las Farc. Los beneficiarios de todos los programas que adelante tanto el ECOMÚN como el Gobierno Nacional serán solamente, se reitera, aquéllos que hayan sido presentados en la lista de las Farc en las ZVT como miembros de su grupo armado. Quienes no estén en la lista serán considerados disidentes. Además de los demás órganos establecidos para la vigilancia, se creará un Consejo Nacional para la Reincorporación que junto a otras funciones (como definir las actividades que se harán para la reincorporación), tendrá a su cargo el seguimiento de este proceso.

Lo primero que se hará para llevar a cabo el proceso será un censo socioeconómico, para determinar el universo de individuos que se desmovilizan y que son beneficiarios del proceso. Entre el ECOMÚN y el Consejo establecerán “programas productivos” aplicables al mayor número posible de integrantes de las Farc según los resultados que arroje el censo. Estos programas productivos son los que se les asignará para su reincorporación y pueden ser individuales y colectivos; teniendo especial prelación los programas sobre protección ambiental y desminado humanitario. Cada integrante tiene la opción de escoger entre uno colectivo (sobre el cual se encargará de financiar el ECOMÚN) o el individual, sobre el cual se les dará por una sola vez una suma equivalente a 8 millones de pesos para que ellos mismos lo adelanten (debe ser destinado exclusivamente a la compra de vivienda, a educación o a montar un negocio).

Al terminarse las ZVT, cada integrante de las Farc tendrá derecho al pago de una suma de 2 millones de pesos como asignación única de normalización y un sustento mensual del 90% de 1 SMMLV (alrededor de 620 mil pesos) durante 24 meses –además de la seguridad social-, bajo la condición de que no tengan otro vínculo contractual que les genere ingresos.

El ECOMÚN adelantará programas educativos para garantizar la educación básica, media, superior (por ejemplo técnicas) y otros tipos (culturales, deportivas, humanas, protección del medio ambiente, etc.) que permitan la posibilidad de obtener un cargo laboral. Sobre esto sigue siendo preocupante que no haya un llamado al sector privado para la cooperación en estos temas, pues sin su ayuda no sólo este punto sino la totalidad del Acuerdo quedaría a medias. Si luego de terminados los 24 meses del sustento, el beneficiario sigue continuando su ruta de estudio; se le seguirá dando un sustento (ya esta vez tasado de otra forma) hasta que finalice. Además, este órgano buscará crear un programa para la formación en política. Se trata de un centro de pensamiento (organización sin ánimo de lucro) como institución educativa para el buen conocimiento y ejercicio de la política.

3 Lucha contra organizaciones criminales

Se trata de un programa de lucha focalizado contra las Bacrim que atenten, entre otras cosas, contra defensores de derechos humanos y líderes sociales. Se buscará la creación de un “Pacto Político Nacional” que sea una declaración política contra todo tipo de organización violenta armada en contra de la población (aunque con efectos jurídicos posteriores como proponer una nueva ley para establecer nuevas o mayores sanciones a los delitos que puedan tener relación con el paramilitarismo).

Para adelantar el programa necesario de combate contra estas organizaciones, se creará una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que en coordinación con el Sistema Integral de Seguridad en el Ejercicio de la Política (sobre el Sisep véase Participación Política) será la instancia de recomendación, diseño y coordinación en todos los niveles territoriales para el plan de acción en el desmantelamiento de estas organizaciones. Estará integrada por el sector defensa del gobierno nacional (ministro de defensa, de justicia, comandante de fuerzas militares, director de policía nacional), el defensor del pueblo, dos voceros de las Farc, el fiscal general y una Unidad Especial de Investigación.

Sobre esta Unidad Especial, se trata de una unidad que hará parte de la Fiscalía (algo similar a lo que ocurrió en Justicia y Paz con las unidades especiales para esto) que se encargará de la investigación (que podrá tener incluso cooperación de la comunidad internacional) y acusación de los delitos que se den para atentar contra lo pactado en los acuerdos, especialmente para la persecución de delitos contra defensores de derechos humanos y líderes sociales; y de igual forma para la persecución de las Bacrim en Colombia –que incluirá no sólo la acusación a sus miembros sino a los funcionarios públicos que sean cómplices en estas actividades delictivas-. Todo se hará con el acompañamiento de un cuerpo élite para ello que se creará en la Policía Nacional, donde sus integrantes tengan las más altas cualidades que sean idóneas para la protección de los investigadores y demás funcionarios en el desarrollo de estas funciones.

Para concluir todo este punto, hago de nuevo el llamado a la reflexión que se hizo al comienzo del texto en las opiniones previas sobre entender la finalidad de las partes al negociar. El compromiso por el cese al conflicto y la construcción de una paz fue en su comienzo muy lento y débil, pero cada vez más ha ido creciendo. Ya me ha pasado varias veces que al contar noticias sobre el conflicto a las personas, éstas hacen expresiones sorpresivas como dando a entender que jamás pensaron que cosas que demuestren el comienzo de un compromiso hacia la paz pudieran suceder. Lo cierto es que ambas partes desconfiaban de sí mismas y con el paso del tiempo encontraron en la negociación la salida más idónea para terminar un conflicto y construir con el posconflicto una paz verdadera, con aportes de parte y parte.