Falta de incentivos

La falta de crecimiento, por la desaceleración económica es un fenómeno que ha ocupado las agendas académicas de las Universidades más prestigiosas. Como lo comenté en una columna anterior, la gente desconfía de los economistas más preparados, y ello puede ser por lo difícil de la disciplina. El crecimiento de un país, usualmente se mide por indicadores macroeconómicos como el PIB, no se puede demostrar las condiciones de vida desde una sola arista. La vida en relación está atada a muchos otros indicadores cualitativos, como el trabajo y la dignificación de este.

Dignificación del trabajo, no es establecer un salario mínimo que permita satisfacer la suficiencia de bienes materiales (Tampoco creo que funcione bien). Me refiero a la satisfacción por hacer parte de un colectivo laboral, sentirse bien y hacer bien. Cuando se extrapola a la esfera pública, considero, que el tema es aún más relevante para las discusiones contemporáneas sobre derecho constitucional, administrativo, la antropología y la sociología jurídica.

La vocación pública ha desaparecido y con ella el correcto funcionamiento del aparato colectivo de toma de decisiones. En otros continentes, como en Asía, es un orgullo pertenecer a la administración pública, en todas sus jerarquías, ramas, corporaciones y entidades. La remuneración podría decir casi con absoluta seguridad (claramente desde mi perspectiva), no es el problema; en SIMO, hay escalas salariales desde más del salario mínimo (2023). Entonces la suficiencia de bienes materiales no sería problema, en principio. Sin embargo, cuando algún ciudadano se acerca a la administración, por ejemplo, en Bogotá, para cumplir con alguna diligencia en el Sistema Integrado de Movilidad, la primera impresión podría ser lo deshumanizador del sistema y de los funcionarios de todos los niveles.

Desde la locación, hasta las amenidades limitan la buena percepción del público en la administración; pero, sobre eso no quiero ahondar (por ahora). Los administradores, en cualquier nivel jerárquico, y en cualquier secretaria, despacho, ministerio, superintendencia; deberían querer atender al público, y eso representa ir un poco más allá de una atención genérica y despreocupada por los intereses de cada particular.

Sin animo de generalizar (más), me gustaría satisfacer y promover la vocación pública que ha muerto, entonces me gustaría revivirla y generar discusión a partir de ello. Eso es difícil de materializar, pero con el interés político necesario y con el interés de los funcionarios capacitados; se puede lograr. Que el Derecho de Petición verbal se generalice; algunas personas no conocen sus derechos, algunos funcionarios desconocen derechos, alejan a la administración de los administrados. No se puede, de manera errónea, considerar que todos los ciudadanos tienen una formación académica homogénea en cuando a calidad y cobertura. Es por eso, que los esfuerzos jurídicos como el Derecho de Petición Verbal imponen una carga a la administración y facilita, generaliza y garantiza el acceso a los derechos del constituyente primero. Que el hablar, y no solo el español, sea uno de los criterios que permita considerar una petición respetuosa, claro, ello no presupone que la respuesta sea favorable, pero si presupone su consideración y el acceso a los derechos.

La vocación pública es empatía, y la empatía es necesaria para atender al público. Entender las realidades de Colombia es competencia y obligación de las ramas del poder público, pero materializarlas es competencia de los funcionarios, de cualquier clasificación (laboral, prestación de servicios), y cualquier jerarquía. Que se encuentre vinculados al Estado será la relación jurídica necesaria que genera una obligación de garantizar los derechos de las personas, idealmente, ese no sería el límite de dicha obligación, los privados deberían atender estas discusiones.

Nota: Lamento ejemplificar la situación que describo por medio del Sistema Integrado de Movilidad, no quiero establecer nada de manera prematura e irresponsable como que son responsables o los únicos que cometen el error. Me refiero más bien a que el problema está inmerso en las relaciones de todo tipo de la administración con los administrados.


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Juan Camilo Munar Garcia

Abogado, y Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales.

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