La falta de evaluación de impacto a las políticas públicas ha facilitado que candidatos y gobernantes intencionalmente puedan llenarnos de argumentos e ideas engañosas que nos mantienen en el subdesarrollo.
Existen tantas propuestas de política pública como candidatos a elección popular. Invariablemente cada cuatro años llegan candidatos con un abanico de ideas plasmadas en sus planes de gobierno y concretadas luego en los planes de inversión y los planes de desarrollo. El gobernante elegido proclama con orgullo los logros de sus programas y el impacto en su ejecución. Todo lo anterior envuelto en el discurso del “buen gobierno” acompañado de una declaración de “una excelente ejecución de los recursos públicos”. Pero, ¿existen datos reales del verdadero impacto y efectividad de sus inversiones?
En marzo, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez calificó su política de seguridad como altamente efectiva bajo el argumento que los homicidios de Castilla habían pasado de 12 a 7 comparando los primeros dos meses de 2016 y 2017. Pero se podría usar la misma metodología para hacer la conclusión contraria: los homicidios en febrero de este año fueron 54, 13 más que los reportados el mismo mes del año pasado; y los registrados en abril de 2017 fueron 40, 16 más que los reportados el mismo mes del 2016[1].
¿Sugiere esto que la política tiene un impacto positivo unos meses y otro no? o ¿Que es efectiva para algunas comunas y otras no? o ¿Que el problema del conflicto en Medellín obedece a lógicas ajenas a las institucionales? La respuesta es simple: no se sabe. Nadie lo podrá saber incluyendo el alcalde si no se hace una evaluación de impacto seria del programa. La falta de evaluación no ha sido impedimento para que se lleven a cabo masivos encuentros verborrágicos en prestigiosas instituciones de la ciudad con taquilleros personajes de la vida política y económica que defienden esta política pública presumiendo ligeramente que acabará con la criminalidad en Medellín.
De la misma manera el exalcalde Sergio Fajardo argumenta que Medellín pasó “del miedo a la esperanza” gracias a su política de “urbanismo social”, donde a través de grandes inversiones en infraestructura cayeron en picada los homicidios de la ciudad. Sin embargo, lo mismo ocurrió en todas las principales ciudades de Colombia en los mismos años. ¿Significa esto que todos los alcaldes ejecutaron políticas exitosas al mismo tiempo?, o ¿tal vez la disminución de los homicidios obedeció a dinámicas nacionales como la desmovilización de las AUC?, o ¿acaso fue un efecto del crecimiento económico colombiano en ese momento? De nuevo, no se sabe, no existen evaluaciones de impacto que demuestren alguno de estos argumentos.
Estos son tan solo dos ejemplos que se repiten recurrentemente en nuestro circo de falacias políticas. Año tras año gobernantes de ciudades como Medellín “invierten” grandes cantidades del dinero público en la ejecución de políticas que no solo no se sabe a priori si alguna vez fueron efectivas, sino que nunca se podrá saber si lo fueron una vez han sido aplicadas.
Sencillamente el ciclo completo de la política pública: concepción, diseño, implementación, y evaluación de impacto; no sólo no ha estado en las agendas de los gobernantes que deciden sobre nuestros recursos, sino que son éstos los que, por conveniencia, impiden ser evaluados.
La afectada es la comunidad. Sin información confiable no es posible exigir los derechos que nos otorga la constitución, ni mucho menos hacer un control político serio sobre las actuaciones de los gobiernos.
Que se realicen evaluaciones de impacto serias e independientes más que un tecnicismo, es un paso necesario para fortalecer, modernizar, y mejorar el impacto de nuestra democracia en la sociedad.
Por: Elizabeth Montoya – Directora del IBSER
[1] Informe diario de homicidios (2017). Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia SISC
Esta columna fue realizada por uno de los miembros del IBSER.
