“Hipoteca inversa es el eufemismo para denominar el que las viviendas de las personas mayores podrán ser empeñadas con cargo a sus familias, vendidas a bajo costo y sin intereses, o expropiadas de manera progresiva hasta el final de sus vidas.”
El 24 de marzo, horas antes del inicio de la cuarenta nacional decretada por el gobierno, Iván Duque invitó al país a “contagiarse de solidaridad”. Nos dijeron que era momento para proteger la vida. Que esa era la prioridad. Los tiempos difíciles asomarían y la disciplina sería la clave para evitar los contagios. Por entonces, el Instituto Nacional de Salud estimaba que Colombia alcanzaría las 22.000 personas contagiadas. Ahora, de acuerdo con las cifras al 11 de junio, hemos alcanzado las 45.212 personas positivas para COVID-19.
Le dijeron al país que empezaría una etapa en la que sería necesario “(…) proteger a los abuelitos, a los abuelos y abuelas, que sepamos les vamos a dar nuestro afecto, pero que tenemos que hacerlo con la debida distancia”. Nunca imaginamos que la distancia de la que nos habló el presidente sería tan literal.
Nadie podría haber llegado a pensar que se le dejaría tan lejos del ejercicio de sus derechos a las personas mayores por cuenta de la pandemia. Con los días se naturalizó el tono, de por sí peyorativo, para calificar a las personas mayores. Todos resultaron ser “abuelitos” y la distancia con estos se hizo física, social, y ahora económica.
Fue física cuando las medidas de aislamiento se ampliaron en el tiempo. Se profundizó cuando, a medida que se ampliaban las exenciones, se dejaba por fuera a las personas mayores bajo el pretexto de proteger su vida.
El gobierno ha considerado que el confinamiento en el que se tiene sometida a la población mayor de 70 años, que en Colombia representa -según el DANE- el 9,1% de la población, es la única e infalible fórmula para preservar la vida de esta población que, sólo en Bogotá, supera el millón de personas.
Pero los datos otra evidencia sugieren. Aunque el proceso de envejecimiento es permanente a lo largo del curso de la vida, y hay cierto consenso en reconocer que cada día de nuestra existencia envejecemos un tanto más, la vejez puede considerarse a partir de los 60 años. Tomando este punto de referencia, del total de la población contagiada para COVID-19, el 14,91% corresponde a personas mayores de 60 años, y lo más grave aún, del total de las 1488 personas fallecidas, 1084 -el 72,85%- corresponden a personas mayores.
Hace carrera en el mundo una suerte de discriminación que va desde el desprecio por su vida, tal como se produjo en Italia cuando ante la limitación de unidades de cuidados intensivos se propuso no dar prioridad a personas mayores de 80 años por considerar que estas tenían menor probabilidad de superar la enfermedad, hasta la marginación social que desató un rechazo social que se ha extendido desde Francia, Argentina.
En el país los contagios de personas mayores, sin embargo, se mantienen y la letalidad no reduce. La razón puede encontrarse en que los lugares de contagio de esta población no están en la calle, principalmente, sino en el entorno familiar. Pese a esto, las medidas se orientan a reducir su autonomía, a considerarlas improductivas no obstante que también integran el ancho y ajeno mundo de la informalidad.
Pero como nos lo ha enseñado la historia, lo peor siempre está por venir. El paternalismo que disfraza la discriminación contra las personas mayores, ahora quiere arrebatar lo poco que conservan en medio de la crisis: su patrimonio.
Hipoteca inversa es el eufemismo para denominar el que las viviendas de las personas mayores podrán ser empeñadas con cargo a sus familias, vendidas a bajo costo y sin intereses, o expropiadas de manera progresiva hasta el final de sus vidas.
Tomemos el ejemplo incluido en el comunicado de prensa de la Presidencia de la República. María de 75 años, y Martín de 70, deciden hipotecar de forma inversa su vivienda que tiene un valor de $200 millones. Por ese monto, recibirán una suma de $800.000 pesos de manera mensual hasta el final de sus días. Una vez mueran, su vivienda pasará a manos de la entidad financiera.
De considerar que la expectativa de vida en Colombia está en los 76 años, en realidad María recibiría un año de renta, lo que en cuentas claras sería $9.600.000 de pesos. Suponiendo que el acuerdo suscrito con la entidad financiera incluye que el monto de la renta se continuará entregando a Martín, bajo ese marco de expectativa de vida, implicaría que este recibirá $48.000.000 de pesos por una vivienda que cuesta $200.000.000 de pesos. Si Martin quisiera recuperar el valor de su vivienda tendría que vivir, como mínimo, hasta los 90 años, y eso sin contar que para el momento de su muerte el valor de su vivienda habrá aumentado por cuenta de nuevos avalúos.
Esta es una medida contra la ya frágil clase media. En un principio de realidad, no será quien habite en Altos de la Estancia, o en los límites de Soacha y Ciudad Bolívar en Bogotá, la que vaya a hipotecar su casa. Lo harán las personas mayores que con mucho esfuerzo y trabajo lograron un patrimonio tangible pero que, por cuenta de las actuales condiciones económicas, y la ausencia de una renta básica o pensión, se ubican dentro de la denominada pobreza oculta.
La respuesta a estas necesidades, que podrían atenderse mediante una renta básica para población en situación de vulnerabilidad, es la expropiación progresiva del patrimonio por parte de un sector financiero voraz. El mismo que se niega a realizar préstamos a medianas y pequeñas empresas por considerarlas un sector en riesgo. El aislamiento, visto así, ha sido social, preventivo, inteligente, pero en lo absoluto solidario y digno para las personas mayores.
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