“Controlan el comercio: los combos deciden qué rutas de buses desde y hasta donde van, deciden qué camiones suben a surtir las tiendas y mercados del barrio y dan la venia para que un producto pueda o no comercializarse en el territorio ”
“Imagínese, yo confío más en los muchachos del combo que en la misma policía, es que ellos le solucionan a uno el problema sin necesidad de llamar a las autoridades. La semana pasada mi marido me estaba pegando, llamé a los muchachos quienes regañaron a mi esposo y lo amenazaron, toca así”. Eso me contó ‘doña Mariela’, una señora que trabaja como costurera en alguna comuna de Medellín.
Esta es la realidad que hoy en día viven las comunas de Medellín, un mundo totalmente distinto o lo que viven personas de estratos socio- económicos de clase media o alta, que jamás han sabido lo que es que los muchachos lleguen a cobrar la “vacuna” por prestar una supuesta seguridad a los barrios, que no es más que una forma de amedrentar a los ciudadanos de bien –que con las manos atadas– deben agachar la cabeza, porque en la mayoría de las comunas se impone la ley del fúsil.
Estos combos son comandados por muchachos que no sobrepasan los 30 años de edad y realmente son estados paralelos a la legalidad de las instituciones del municipio porque todas las necesidades de los habitantes las cumplen a carta cabal.
Controlan el comercio: los combos deciden qué rutas de buses desde y hasta donde van, deciden qué camiones suben a surtir las tiendas y mercados del barrio y dan la venia para que un producto pueda o no comercializarse en el territorio.
Hacen las veces de Secretarios de Hacienda, puesto que si alguien tiene una deuda sin pagar por parte de un vecino, ellos van y la cobran, eso sí adjudicándose una gran cantidad del capital.
Son jueces y conciliadores pero ni en equidad ni en derecho, aplican sus técnicas de negociación y formulas de arreglo basadas en los golpes y en las armas, que tristemente son más efectivas que cualquier sentencia judicial.
Son la fuerza no pública que controla la seguridad en el barrio, legitimados por el miedo, la amenaza y la zozobra de saber que no se puede hacer nada malo porque la autoridad del barrio puede ajusticiar en cualquier momento.
Hasta de Secretaría de Gobierno fungen porque deciden qué establecimientos pueden abrir y hasta qué horas, inclusive cuales pueden vender o no licor, así mismo con las fiestas o celebraciones en las casas, ellos tienen su propio código de convivencia ciudadana.
Tristemente este fenómeno cultural ha estado impuesto desde la época del narcotráfico en la ciudad de Medellín y no hemos podido contra él, y usted deberá entender que los alcaldes anteriores no se preocuparon por ese asunto, al contrario, dejaron que ese mal creciera y los muchachos se sintieran con ganas de poder y empezaron a expandirse hasta llegar a los barrios más tradicionales de la ciudad.
Muestra de eso son los anteriores sucesos con una reconocida ruta de buses a la cual le incineraron un bus y luego le asesinaron un conductor por rehusarse a pagar la famosa “vacuna” que tanto daño le hace a la capital de la montaña.
Mientras no tengamos un Estado y una institucionalidad real y fuerte no va a cambiar ese fenómeno social tan arraigado en nuestros barrios; mientras aquí nos preocupemos más por salir en las redes sociales pidiendo cárcel o venganza y diciendo que la ciudadanía no tiene miedo –montados en un carro blindado y con esquema de seguridad–; mientras no tengamos presencia institucional en las comunidades con soluciones de fondo y con generación de empleos, con oportunidades académicas; y mientras no cambiemos la mentalidad de nuestros habitantes, vamos a seguir teniendo estados paralelos.
