El pasado mes de febrero, el gobierno de El Salvador inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el cual se construyó durante un régimen de excepción que estuvo en vigencia desde marzo. Este centro penitenciario de alta seguridad tiene capacidad para alojar a 40.000 reclusos y cuenta con «celdas de castigo» en las cuales se pueden recluir a los presos, pero no ofrece áreas recreativas para ellos. Sin embargo, ¿realmente están trayendo justicia las políticas implementadas por su presidente Nayib Bukele?
Lo primero que hay que decir es que sólo el 0,3% está siendo juzgado por homicidio y sólo el 0,6% está siendo juzgado por delitos de agresión sexual, es decir, que la mayoría de personas que están en este momento en las cárceles es por pertenecer presuntamente a una pandilla, lo cual también plantea una gran problemática, puesto que, si bien hay más de 40.000 personas siendo juzgadas por organización terrorista o por agrupación ilícita en El Salvador estos delitos están definidos de una manera bastante amplia y se puede prestar para vacíos legales, incongruencias e injusticias.
Niños, niñas y adolescentes siendo procesados, este acontecimiento sucedió a finales de agosto, donde cerca de 2.000 niños y niñas (algunos entre 12 y 13 años) fueron enviados a detención provisional, gracias a una ley que disminuyó la imputabilidad de los menores, pasando de 16 años a 12 años para poder ser juzgados.
A todas esas situaciones, se le suma el hacinamiento, puesto que, al mes de agosto más de 50.000 personas habían sido enviadas a detención provisional, elevando la población penitenciaria a más de 86.000 personas. De acuerdo con información oficial, al mes de febrero de 2021, el sistema penitenciario de El Salvador tenía capacidad solo para 30.000 personas. Es aquí que nos preguntamos, ¿cómo se les dará un juicio adecuado a los salvadoreños? y sobretodo ¿cómo se les dará una reparación integral a las víctimas cuando el sistema no da abasto?
Adicionalmente, el gobierno ha limitado el acceso a la información pública y ha debilitado la labor del Instituto de Acceso a la Información Pública. Las autoridades señalaron a Human Rights Watch que la información sobre las personas detenidas durante el régimen de excepción era “reservada”, aun cuando se trata de información de interés público conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Lo que sí está logrando el presidente es popularidad, populismo punitivo y que las personas tengan una falsa idea de Justicia. Claro que se deben de sancionar los delitos, pero deben de hacerse bajo el debido proceso para lograr una justicia y una reparación integral de las víctimas.
Estos datos fueron extraídos de una base de datos a la cual tuvo acceso Human Rights Watch, en la cual respalda hallazgos sobre violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muerte de personas bajo custodia en El Salvador. Tales informes fueron publicados en su página web oficial.
También se realizó un video con la información anteriormente mencionada.
@dayhanabetancur7 Respuesta a @Ferneygo aquí respondo una pregunta bastante repetitiva sobre mi último video. #fyp #elsalvador???????? #nayibukele
♬ Monkeys Spinning Monkeys – Kevin MacLeod & Kevin The Monkey
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