En estos días, y a pocas semanas de la primera vuelta presidencial en nuestro país —Colombia—, la sobreexposición a los videos de algunos candidatos en redes sociales resulta, cuando menos, inquietante. No tanto por su contenido inmediato, sino por las formas en que este se presenta: discursos que, más que propuestas programáticas, parecen revestirse de posturas ideológicas que el mundo —erróneamente— creyó haber superado.
Para abordar esta discusión es necesario, en primer lugar, precisar qué entendemos por democracia liberal. Es decir, construir un marco conceptual que nos permita saber desde dónde leer y analizar este fenómeno.
Según Eduardo Fernández Luiña, profesor de la UFM Madrid, la democracia liberal se sostiene sobre tres pilares fundamentales. El primero es el pilar democrático, que garantiza la libertad de las personas para elegir y ser elegidas. El segundo es el pilar liberal, basado en el compromiso con los derechos y libertades individuales dentro de una comunidad política. Finalmente, el pilar republicano, que remite a la separación e independencia de los poderes públicos. En conjunto, estos pilares buscan asegurar que el motor de una sociedad con instituciones sólidas sea el imperio de la ley y no la voluntad arbitraria de quienes ejercen el poder político.
Comprendida esta definición, resulta preocupante observar en redes sociales las posturas ideológicas de algunos candidatos que parecen dispuestos a “dinamitar” la tradición liberal de la democracia que —no sin dificultades— ha construido nuestro país. Afirmaciones como “la ONU y la OEA son directorios políticos de izquierda que no han servido para nada” o “hay que revisar la participación de Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” revelan un talante que coquetea con el autoritarismo y limita seriamente la posibilidad de un debate informado sobre el papel de los organismos multilaterales.
Estas instituciones han sido, precisamente, un contrapeso frente a los abusos de los Estados contra grupos poblacionales e individuos que quedan al margen de la ideología dominante. Cuestionarlas de manera simplista supone un claro resquebrajamiento del pilar liberal, que reconoce la importancia del arbitraje de instancias externas en materia de derechos humanos. Surge entonces una pregunta clave: ¿a quién acudir cuando es el propio Estado el que vulnera los derechos fundamentales?
En el caso colombiano, organismos como la CIDH han condenado al Estado por violaciones sistemáticas de derechos humanos, contribuyendo a la reparación de las víctimas y a la adopción de garantías de no repetición. Desde luego, es legítimo —y necesario— revisar críticamente la eficacia, las acciones y omisiones de estas instancias en distintos contextos internacionales. Sin embargo, aislar a Colombia de estos espacios multilaterales equivaldría a un grave retroceso, incompatible con la idea de una sociedad civilizada en la que el poder estatal está sujeto a controles, incluso de carácter internacional.
Resulta paradójico que quienes enarbolan en sus campañas la defensa de las libertades y los derechos sean los mismos que, al explicar sus propuestas, diluyen esos principios y ponen en entredicho los mecanismos que históricamente han servido para protegerlos.
La pregunta, entonces, sigue abierta:
¿seremos capaces de salvar la democracia liberal?
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