“Las chuzadas, abominable acto que se enmarcaba como un proceder propio del fascismo, hoy se revierte en el actuar del gobierno del cambio. La justificación de la izquierda para la auto victimización se ve socavada por la falta de motivos sólidos detrás de la crítica, la aplicación de estrategias progresistas y la eliminación del adversario.”
Hay quienes dicen que las verdades se descubren, y las mentiras se construyen, por ello el país espera una investigación profunda y que se devele quiénes están detrás de la aparente interceptación ilegal al despacho de uno de los magistrados de la Corte Constitucional. Las carpetas con seguimientos y perfilamientos, que se dice se están apilando al interior del gobierno del cambio, parecen pasar del mito a la realidad con lo que poco a poco se empieza a conocer. Para verdades el tiempo, y lo que ahora se conoce llama a preguntar si la inclinación, de su presidente, a nombrar aliados ideológicos, del M-19, en cargos dentro de los organismos de inteligencia tiene por objetivo facilitar el seguimiento de opositores, magistrados, periodistas, medios de comunicación, entre otros. Incómodo resulta para su mandatario las evidencias y los incómodos nexos que se tienden con las FARC, el ELN, los paramilitares, y las milicias urbanas (primeras líneas), gestores de paz que parecen estar triangulando una estrategia de desestabilización gestada por el M-19.
El ideario del Movimiento 19 de Abril se hace realidad hoy en Colombia. Su visión y concepción de país no se dejó de lado con la firma del acuerdo el 9 de marzo de 1990, se está implementando ahora con Gustavo Francisco Petro Urrego en la presidencia. El protocolo acordado en Caloto, Cauca, y que fue decisivo en el devenir político de la nación, hoy se constituye en un radicalismo absoluto, otro capítulo más de lo que, desde un sector de colectivo social, se ve como un desgobierno improvisado, caótico y corrupto en manos de la izquierda colombiana. Las chuzadas parecen haber establecido una cultura del secreto y el engaño, que normaliza la violación de la intimidad y la elusión de las normas éticas. Se está al frente de una forma ruin, patrimonio, para tener conocimiento de algún tema. Lo que ahora se hace desde el gobierno del cambio es muy peligroso para todos: las operaciones militares, la integridad de magistrados, periodistas, militares, policías y la propia oposición.
La violación del derecho fundamental a la privacidad y la intimidad es otro abuso de poder por parte de un gobierno que intenta destruir a quienes lo controlan y se oponen a él. El camino hacia una dictadura se está allanando con las mismas cuestiones que antes tanto indignaban a la izquierda, pero que ahora sirven a los propósitos del actual gobierno. Es preocupante que la lucha contra la delincuencia esté siendo dirigida por quienes antes se dedicaban a luchar y atentar contra el estado. Las chuzadas son un arma de intimidación que, en el pasado como en el presente, solo tienen un objetivo: destruir a quien piense diferente. Este escándalo, como los que han acompañado a la administración de Petro Urrego, tiene un factor común: elementos paralelos con gobiernos como los de Nicolás Maduro Moros, José Daniel Ortega Saavedra y Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, escenario de oscuros movimientos en donde ellos se adelantan a las investigaciones para decir que son víctimas.
Parece que la estrategia empleada por la izquierda es utilizar el escándalo como medio para encubrir sus propias fechorías y silenciar a sus oponentes. Se trata de un acto cobarde propio de criminales que debería ser perseguido con todo el peso de la ley. Lo que hoy se ve en Colombia, poco y nada se distancia, de la mordaz critica que años atrás hacían los comunistas a los gobiernos de derecha, por comportarse como la CIA, y al llegar al poder hicieron lo que hicieron con la KGB. Es importante señalar que, según la lógica marxista, ellos sí pueden hacer barbaridades, pero los demás no. No es de extrañar que los allegados a Gustavo Francisco Petro Urrego intenten desviar la atención de la situación afirmando que se trata de una trampa, de la que son cómplices incluso miembros de su familia y colaboradores más cercanos, para traicionarlo y que todo salga mal.
Difícil será para la izquierda hacer caso omiso del tema de las chuzadas, pues en cada acto se corrobora que en el gobierno del cambio todo se vale. El “modus operandi” de pescar en rio revuelto, aproximarse a Armando Alberto Benedetti Villaneda o Roy Leonardo Barreras Montealegre, y muchos otros, para captar votos, hoy lo quieren vender como un entrampamiento para sabotear y enlodar a un hombre bueno. Cada vez es más evidente que el Pacto Histórico está siguiendo una estrategia de confusión, una táctica comúnmente asociada con un gobierno que no ha logrado definir una dirección clara y que, en cambio, está enfocado en llevar a cabo acciones perjudiciales para el país. Las cuestionables tácticas, ahora desmentidas por su presidente, se han convertido en una peligrosa herramienta que busca controlar a los magistrados. Pretenden eliminar todo tipo de garantías para que puedan ejercer sus funciones y revisar las desastrosas reformas que han sido aprobadas por el poder legislativo.
Colombia está en reversa y en peligro, Gustavo Francisco Petro Urrego dice que desde el primer día de su gobierno dio la orden a los organismos de inteligencia de no ser utilizados contra la oposición, la prensa o las cortes. Sin embargo, los hechos demuestran que no es así. Desde el principio, se ha percibido que su mandatario falta a la verdad, realizando acciones que reflejan las de otros en el pasado. El discurso de arrepentimiento y autorreflexión de su presidente lejos está de invisibilizar la realidad, no es producto de la imaginación que los magistrados se sienten vigilados. Es evidente que el gobierno del cambio desconoce y no respeta los principios de la oposición en un sistema democrático. Algunos funcionarios de la administración de Petro Urrego se han mostrado sinceros sobre su participación en el pasado con el M-19. Sin embargo, cuando se les ha interrogado sobre su papel en la historia violenta del grupo, han mostrado incomodidad y enfado. Prueba fehaciente de que el mesías de los humanos quiere imponer una dictadura en la nación se puede encontrar en su alineación con los ideales venezolanos y nicaragüenses.
El deterioro de la trayectoria de un país y de la vida de sus habitantes es consecuencia de la demonización por parte de la izquierda de la inteligencia técnica que la derecha tuvo, durante años, para proteger la democracia. El discurso y la narrativa de odio o resentimiento que hoy se utiliza es una herramienta para imponer y perpetuar un régimen que cada semana tiene un nuevo escándalo. Esta vez les tocó a los magistrados de la Corte Constitucional y a algunos congresistas de oposición. Sin embargo, está por verse qué más hay por saber. Esto tiene el efecto de socavar la democracia, pero como dice el refrán, «dura lex, sed lex», «la ley es dura, pero es la ley», y el gobierno del cambio ha dado pasos en falso en su planteamiento. Gustavo Francisco Petro Urrego emplea una variedad de tácticas, incluyendo la inocencia, la astucia, la intransigencia y la victimización, para avanzar en su agenda política.
El espíritu y la independencia que deberían acompañar a la institucionalidad se ven comprometidos por los intereses personales, políticos e ideológicos de quienes detentan el poder en Colombia. Estos organismos están dirigidos por individuos que se perciben como respetables, pero que prefieren mantener el statu quo en lugar de llegar a un consenso sobre una visión para el país. Es evidente que la nación se encuentra en un momento crucial de su historia. Aunque no hay consenso en todos los asuntos, es posible identificar puntos en común y construir un camino hacia una democracia armoniosa que abarque diversas voces y enfoques para abordar los retos. La izquierda debe adoptar un enfoque más maduro de sus acciones, reconociendo el valor de aprovechar ciertas circunstancias y demostrando su voluntad de negociar y permitir que las políticas estatales avancen. También debe abandonar el papel de victimización en el que basa sus acciones, en lugar de impedir el progreso de los colombianos.
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