El acuerdo de Escazú, declarado en Colombia exequible por la Corte Constitucional el pasado 28 de agosto de 2024, representa para el país un avance importante en lo que respecta al acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Así mismo, este acuerdo robustece el marco jurídico para protección de los defensores ambientales, aspecto no menor si tenemos presente las cifras que Global Witness presenta y en las cuales denuncia que desde el 2012 hasta el 31 de diciembre de 2022 se reportaron 1910 personas defensoras del ambiente y el territorio asesinadas en el mundo, y de ellas, el 70%, es decir 1335, ocurrieron en países latinoamericanos. Según esta entidad, solo en 2022 Colombia registró 60 crímenes contra quienes defienden el medio ambiente y los derechos humanos (Mongabay, 2024). Ampliando la perspectiva , Indepaz (2022) expresa que desde la firma del acuerdo de paz al 31 de diciembre de 2022 712 líderes y lideresas ambientales fueron asesinados.
Aunado a lo anterior, Colombia presenta profundos conflictos socioambientales derivados de la presencia de diversos sectores económicos, entre los cuales, según el informe de Indepaz (2022) Conflictos socioambientales en Colombia, el sector minero, seguido del monocultivo agroindustrial y la infraestructura, son los que mayor conflictividad socioambiental genera como se puede apreciar en la siguiente gráfica.
Fuente: Indepaz, Tipos de conflictos medioambientales, 2022.
En esta medida, el acuerdo de Escazú aborda cuatro elementos fundamentales para la justicia ambiental y la tramitación de conflictos socioambientales a nivel territorial: la garantía de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Naciones Unidas, 2022). Así las cosas, Escazú representa una gran oportunidad para tramitar de manera asertiva los conflictos socioambientales que tiene el departamento de Antioquia a raíz de mega proyectos mineros como el caso del Bajo Cauca, Nordeste y el Suroeste de Antioquia con el proyecto Quebradona; hidroeléctricos como en el caso del oriente antioqueño con las PCH; de parcelaciones como en el caso del Norte, Oriente y Occidente de Antioquia y la deforestación en función de grandes extensiones de monocultivo como el caso del Urabá antioqueño, por enunciar solo algunos.
Cada uno de estos conflictos socioambientales han dejado a la fecha altos costos a nivel social, ambiental y cultural en los territorios, en especial hacia las personas que han liderado procesos de denuncia y veeduría ciudadana a este tipo de proyectos. No hay ejemplo que ilustre mejor esta situación que el asedio judicial al cual se han visto abocados campesinos y campesinas, jóvenes, adolescentes, mujeres, periodistas y adultos mayores del Suroeste de Antioquia, que se han manifestado pacíficamente en contra de un proyecto de desarrollo con el cual no se sienten representados. Esta situación es la clara muestra de que el abordaje de las conflictividades socioambientales requiere de un tratamiento especial y diferenciado.
En esta medida, es indispensable que el acuerdo de Escazú empiece a verse materializado en la protección a los líderes y lideresas ambientales, en el acceso a la información, en la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y en el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Así mismo, Escazú, requiere de una postura decidida por parte de quienes tenemos el rol de hacer control político para que este tratado se traduzca en garantías para la protección a los derechos humanos y de los bienes naturales del departamento.
Bibliografía
Indepaz. (2022). Conflictos socioambientales en Colombia. Indepaz. Recuperado de: https://indepaz.org.co/conflictos-socioambientales-en-colombia/
Mongabay. (4 de septiembre de 2024). Colombia ratifica el Acuerdo de Escazú. Mongabay. Recuperado de: https://es.mongabay.com/podcast/2024/09/colombia-ratifica-el-acuerdo-de-escazu/#:~:text=Con%20esta%20decisi%C3%B3n%2C%20Colombia%20se,pa%C3%ADs%20en%20revalidar%20su%20firma.
Naciones Unidas. (2022). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a6049491-a9ee-4c53-ae7c-a8a17ca9504e/content
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