[i].
En 2026, la cuestión migratoria estadounidense ya no puede mirarse como un mero producto de intereses políticos o debates electorales, lo anterior, presenta consecuencias humanas profundas ya altamente documentadas con evidencia sólida y alarmante. Al analizar el actuar del Immigration and Customs Enforcement (ICE por sus siglas en inglés), emerge con claridad una realidad que desafía los principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos que Estados Unidos se ufana de defender.
El propio ICE ha inaugurado estructuras de detención de gran escala como Camp East Montana en Texas (El Paso), el cual es considerado el mayor centro de internamiento del país, informes oficiales y de organizaciones especializadas documentan que en los primeros días de operación se violaron al menos 60 estándares federales de detención con testimonios de abusos físicos y sexuales, negligencia médica e intimidación para que los detenidos acepten la deportación voluntaria a sus países de origen. Adicionalmente, según afirma el diario El País de España, una nueva víctima se suma a las ya documentadas a lo largo de su operación.
Más allá de casos -que no son aislados- organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU por sus siglas en inglés) continúan recibiendo denuncias recientes de abuso físico, condiciones insalubres y denegación de atención médica adecuada en centros como Fort Bliss y otros espacios de detención, lugares en donde las violaciones de normas básicas de trato humano han sido señaladas de forma consistente.
En consecuencia, las prácticas críticas no solo se centran en instalaciones concretas, reportes de Human Rights Watch han documentado campañas de redadas masivas en comunidades como Los Ángeles, donde ICE y otras agencias federales arrestan a personas en espacios cotidianos -mercados, negocios, calles, escuelas incluso iglesias- con un patrón que indica que la raza, etnia y origen percibido son factores determinantes en quién es detenido. En respuesta a los abusos cometidos por parte de los agentes, ciudadanos estadounidenses o residentes legales han sido arrestados sin criterios confiables únicamente por levantar su voz de protesta contra las arbitrariedades cometidas lo que atenta -evidentemente- contra los derechos civiles y derechos procesales fundamentales.
Adicionalmente, el uso prolongado de confinamiento solitario -a menudo por semanas o meses- ha sido condenado por organismos internacionales como constitutivo de trato cruel, inhumano o incluso tortura (evocando periodos de un pasado que cada día se resiste más a desaparecer).
Mientras estas prácticas persisten, la estructura institucional federal ha enfrentado serios cuestionamientos judiciales, a modo de ejemplo: el juez Patrick Schiltz del distrito de Minnesota citó al director de ICE a declarar por presuntos delitos de desacato tras fuertes denuncias por impedir la supervisión judicial de acciones del cuerpo policial migratorio.
De forma paralela, la sociedad civil y activistas siguen amplificado su rechazo, ciudades como Minneapolis, observadores civiles que documentaban acciones de ICE fueron detenidos, agredidos e incluso sometidos a gas lacrimógeno durante campañas como Operation Metro Surge[ii], lo que subraya la dificultad de fiscalizar prácticas que deberían ser transparentes.
Ahora bien, el impacto tangible de estas políticas va más allá de cifras: millones viven en un clima de miedo que limita su participación en actividades cotidianas -desde acudir al médico, desplazarse a sus lugares de trabajo hasta llevar a sus hijos a la escuela- por temor a ser detenidos en redadas sorpresivas. Es evidente entonces que las familias se fracturan, la ansiedad se incrementa y vulnerabilidad social se profundiza.
Finalmente, voces en el ámbito cultural y político no solamente en los Estados Unidos de Norte América han expresado rechazo: artistas y figuras públicas en eventos internacionales han señalado el “trato cruel” hacia migrantes y han exigido respeto por la humanidad de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.
Reflexión: estado de derecho versus fuerza.
No hay contradicción en reclamar seguridad y orden migratorio; todo Estado soberano puede establecer límites y procesos, sin embargo el punto crítico es que la aplicación de la ley no puede neutralizar la dignidad humana ni las garantías procesales esenciales ya que desde el momento en que las prácticas de una agencia federal transgreden estándares éticos y legales, generan no solo daños individuales sino un debilitamiento del propio sistema democrático que se pretende proteger y en consecuencia, la seguridad a largo plazo, se aminora.
La evidencia actual exige un debate basado en hechos -no de mitos ni polarización- sobre cómo Estados Unidos implementa sus políticas migratorias, creemos que las reformas no pueden ser cosméticas ni reactivas: deben devolver la centralidad a los derechos humanos, garantizar supervisión independiente real y poner fin a prácticas que han generado sufrimiento, desconfianza y erosión del Estado de derecho.
[i] Por: Nicolás E. Guzmán C., abogado, conciliador extrajudicial en derecho, especialista en Derecho Constitucional con maestría en Derecho Público.
[ii] Según la Casa Blanca, a la fecha, más de 4.000 inmigrantes han sido arrestados en el Estado de Minnesota desde el lanzamiento de la Operación Metro Surge.
Imagen recuperada de China Xinhua News.
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