La reciente Resolución 025421 del Ministerio de Educación Nacional (MEN), mediante la cual se releva de su cargo al rector Arboleda, plantea una disyuntiva compleja para la comunidad académica del Alma Máter: asumir una defensa inflexible del concepto de autonomía universitaria —que, en la práctica, puede conducir a la continuidad de una administración cuyos resultados han sido ampliamente cuestionados por distintos sectores— o aceptar la intervención estatal como un “mal necesario” que abre una oportunidad de renovación institucional, aun cuando para algunos ello represente una posible vulneración de principios universitarios largamente defendidos. No se trata, por supuesto, de una decisión sencilla, y cualquiera de los caminos entraña riesgos institucionales y políticos que no pueden subestimarse.
A propósito de este tipo de dilemas, el filósofo Andrés Mejía sostiene en su libro La ruta del pragmatismo que los seres humanos nos enfrentamos de manera permanente a decisiones en las que optar por una alternativa implica, necesariamente, renunciar a otras. Toda elección, afirma, debería realizarse con pleno conocimiento tanto del costo de esas renuncias como de los beneficios esperados. Estas situaciones generan en algunas ocasiones tensiones entre nuestros principios y la necesidad de encontrar soluciones realistas, lo que da lugar a lo que el autor denomina “costo de oportunidad”. Este marco resulta particularmente útil para analizar el momento que atraviesa hoy la Universidad de Antioquia.
La administración Arboleda, que transita su tercer período, enfrenta una crisis financiera cuyas causas son, en buena medida, estructurales. Sin embargo, distintas cifras, informes y análisis disponibles en el debate público universitario indican que determinadas decisiones de gestión han contribuido a agudizarla, en particular la expansión en regiones y posgrados sin una financiación suficiente ni una planeación académica y administrativa acorde con su escala. Otro elemento ilustrativo de esta dinámica es el peso creciente de la contratación a través de la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS), cuya magnitud ha llegado a superar la de la planta administrativa propia. Independientemente de la calificación jurídica que se adopte —tercerización o intermediación laboral—, el hecho de que una proporción sustantiva de las funciones de apoyo misional y administrativo se canalice por fuera de la estructura universitaria formal plantea interrogantes legítimos sobre eficiencia, gobernabilidad y sostenibilidad. Arreglos diseñados para otorgar flexibilidad pueden, cuando se expanden sin una regulación clara, configurar una administración paralela difícil de controlar.
Por otro lado, tras cerca de veinte meses desde que la crisis se hizo evidente para amplios sectores de la comunidad universitaria, no se identifican con claridad replanteamientos estratégicos de fondo ni señales consistentes de un liderazgo capaz de conducir un proceso de transformación institucional de la magnitud requerida. La coyuntura actual no parece admitir soluciones parciales o meramente coyunturales, sino reformas estructurales profundas que, hasta ahora, esta administración no ha logrado impulsar de manera convincente. En este contexto, resulta razonable prever que el respaldo financiero de actores externos, públicos o privados, enfrente serias dificultades si la Universidad continúa encabezada por una dirección asociada —al menos en la percepción pública— al agravamiento de su situación de vulnerabilidad.
Aunque algunos sectores han calificado las decisiones del MEN como arbitrarias, lo cierto es que la Ley 1740 de 2014 faculta a dicha entidad para reemplazar directivos en instituciones sometidas a vigilancia especial cuando se configuran causales como la obstaculización de medidas gubernamentales o la alteración u omisión de información requerida para la labor inspectiva. La resolución ministerial se fundamenta en tres elementos centrales: el incumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Financiero (PISF), el alejamiento del Plan de Mejoramiento inicialmente acordado y la existencia de dificultades técnicas o insuficiencia en la entrega de información. Desde la perspectiva del MEN, estos elementos constituyen causales jurídicas suficientes para el reemplazo, sin perjuicio del derecho que asiste a las personas o instancias interesadas de impugnar la decisión ante los órganos competentes.
Más allá del plano estrictamente jurídico, el contexto de alta polarización política incide de manera significativa en la forma como se interpreta esta crisis. Si bien la resolución cuenta con sustento normativo, ciertos hechos han generado una suspicacia comprensible en distintos sectores: la actuación previa del gobierno nacional en el proceso de designación de rector en la Universidad Nacional; la ampliamente cuestionada presencia de un miembro de inteligencia estatal en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la UdeA; y el anuncio, por parte del gobierno nacional, de un aporte de 70.000 millones de pesos al día siguiente de expedida la resolución. En conjunto, estos elementos han alimentado la percepción de que la crisis institucional podría estar siendo instrumentalizada en clave política.
Por su parte, los gobiernos departamental y distrital han privilegiado una lógica de confrontación abierta con el gobierno nacional, en lugar de promover espacios de análisis propositivo que permitan discutir, con rigor y corresponsabilidad, el futuro de la institución. Si bien es legítimo que estas instancias expresen sus reparos y preocupaciones, la ausencia de iniciativas conjuntas y de políticas concretas orientadas a enfrentar los desafíos contemporáneos de la educación superior ha terminado por relegar a un segundo plano su responsabilidad con los miles de jóvenes de la región que tienen en la UdeA su principal proyecto de formación.
Es atendible la crítica de quienes cuestionan algunos procedimientos de la inspectora in situ, particularmente la solicitud de un informe extenso con un plazo reducido de apenas dos días. La falta de notificación formal oportuna y el carácter preliminar del informe también alimentan la percepción de improvisación y fragilidad procedimental. Al mismo tiempo hay que resaltar que el informe preliminar recoge diagnósticos que han sido señalados desde hace tiempo por diversos sectores universitarios: la existencia de una crisis sistémica y de gobernabilidad asociada a una estructura de poder caracterizada como “cíclica y endogámica”. Ante este panorama, el debate no puede limitarse a un relevo personal en la rectoría; la sostenibilidad institucional del Alma Máter exige transformaciones estructurales de mayor alcance.
Aunque la normativa vigente faculta al MEN para designar al rector encargado, atendiendo a las particularidades de la vida universitaria, habría sido deseable que dicho nombramiento contara con una mayor participación o respaldo del Consejo Superior Universitario. La experiencia indica que la única manera de involucrar de forma decidida a los distintos niveles de gobierno en la búsqueda de salidas duraderas es que quien asuma la conducción institucional cuente con un mínimo de consenso político e institucional. Lamentablemente, la polarización actual ha erosionado los canales tradicionales de diálogo y ha derivado en confrontaciones públicas incluso entre miembros del propio CSU.
En este escenario, el dilema entre mantener una administración cuya capacidad para superar la crisis ha sido ampliamente cuestionada, o asumir una nueva conducción que cuenta con base legal pero genera interrogantes sobre los procedimientos que la rodearon, no admite respuestas simples. Retomando el enfoque pragmático planteado al inicio, es plenamente legítimo que quienes lo consideren pertinente recurran a las instancias jurídicas correspondientes para impugnar la decisión. Al mismo tiempo, desde una perspectiva institucional orientada a la superación de la crisis, resulta razonable respetar la decisión del MEN mientras se mantenga vigente y exigir que el rector encargado cumpla de manera estricta su mandato de atender los hallazgos derivados de la vigilancia especial, garantizando una agenda genuinamente universitaria, participativa, incluyente y libre de presiones externas.
Hoy, la defensa efectiva de la autonomía universitaria pasa menos por consignas y más por la construcción de un buen gobierno: mecanismos colegiados reales, procesos de deliberación informada, sistemas de rendición de cuentas basados en información verificable y una transparencia que someta la gestión al escrutinio permanente de la comunidad académica y de la ciudadanía.
La autonomía no es un cheque en blanco para el inmovilismo ni una excusa para eludir la autocrítica que la institución requiere; es, ante todo, una responsabilidad que se protege con rigor, apertura y visión de futuro. Tampoco puede sostener una concepción de universidad cerrada sobre sí misma, ajena a aportes externos legítimos y constructivos que reconocen su misión pública. Si aceptamos que el modelo vigente muestra signos de agotamiento, el desafío actual consiste en exigir que la gestión en encargo se convierta en el punto de partida de una transformación necesaria, capaz de corregir el rumbo de nuestro barco bicentenario y de preservar a la Universidad de Antioquia como faro intelectual de la región en los siglos por venir.
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