En San Andrés y Providencia tenemos razones para no votar por «el que diga Uribe» (II)

     

La abstención se alzó victoriosa en la jornada electoral del pasado 27 de mayo en San Andrés Islas, alcanzó niveles del 74% y opacó por mucho al candidato presidencial Iván Duque, quien obtuvo el primer lugar en votación.

El estado lo sabe: la baja participación electoral es un hecho motivado por el agotamiento de la ciudadanía de cara al drama social que viven las islas, y la baja capacidad de gobierno en atención a su dignidad humana. De lo contrario no existirían informes de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fechados entre 2001 y 2004,  periodo de transición entre los gobiernos de Pastrana y Uribe, que sostienen que la protesta recurrente de los lugareños responde a “condiciones objetivas”.[1]

Contrariamente, algunos analistas anclados en quién sabe cuáles agendas mediáticas, presentan este fenómeno como una consecuencia directa del fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua en el año 2012, cuyas implicaciones resultaron desfavorables y confirmaron nuestras reservas frente a la conducción del proceso en la Haya.

Este enfoque es fragmentario, es decir, contiene una verdad a medias, puesto que hace aparecer tales manifestaciones de inconformidad como hechos discontinuos y atrapados en el acontecer reciente del archipiélago, y como la justificación de una nueva estructura de oportunidad para adelantar despliegues “institucionales” de soberanía, muy poco pensados para el contexto y, generalmente, muy mal logrados.

En esta oportunidad, quisiera sumergirme en nuestra memoria colectiva para traer a la superficie momentos que no se pueden echar en falta para interpretar el devenir de nuestra integridad territorial, y para entender cómo estos se constituyen en otra “condición objetiva” de la protesta local a partir de las consecuencias de las actuaciones de Álvaro Uribe Vélez, sus correligionarios y sus sucesores a la cabeza del estado.

La Haya: “una muerte anunciada” tras “un tiro en la pierna”

El proceso de defensa de nuestras posesiones territoriales ante la Corte Internacional de Justicia tuvo dos etapas, abarcando en tiempo casi los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez: La primera fue desde julio de 2003 hasta el fallo del 13 de diciembre de 2007, y la segunda desde el 11 de noviembre de 2008 hasta el fallo del 19 de noviembre de 2012.

El secretismo diplomático, la ambivalencia de las posturas oficiales, el carácter errático de los plenipotenciarios, la negativa del alto gobierno a la inclusión de raizales e isleños en la defensa, por mencionar solo algunos, hacen parte del inventario de errores cometidos por la defensa colombiana en la gestión de nuestros intereses territoriales en la Haya. Más de una centena de producciones académicas lo señalan, y  todas cuando no la mayoría, han formulado un juicio contundente sobre el proceso, sus responsables y sus resultados.

Resulta de interés para el propósito de esta columna señalar, por lo pronto, los siguientes:

“El estado soy yo”

Hacia 1974 la Corte Internacional de Justicia conceptuó sobre la promesa como acto unilateral de los estados en los casos de Nueva Zelanda y Australia contra Francia y sus ensayos nucleares, reconociendo que las declaraciones unilaterales pueden comprometer jurídicamente al Estado pudiendo ser oponibles al estado autor, porque se constituyen en manifestaciones de voluntad, siempre y cuando sean claras, tengan un objeto preciso y se les otorgue notoriedad al hacerlas públicas (Guerrero y Rodríguez, 2003, p 197).

Las declaraciones hechas por Álvaro Uribe Vélez, en calidad de Jefe de Estado de Colombia, ante la Cumbre Presidencial del Grupo de Río en República Dominicana celebrada el 7 de marzo de 2008 y dirigidas a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua por ese entonces, manifestando que acataría el fallo de la C.I.J. sobre el diferendo limítrofe fuera cual fuera el resultante, y mucho antes de que se produjera en 2012, reúne esas características.

Falta ver si tal promesa sirvió como una de las condiciones de posibilidad para que Nicaragua emprendiera nuevas demandas contra Colombia en el año 2013, incluyendo una por desacato del fallo de 2012, y si la defensa nicaragüense erige un insumo a partir de ella para presentarlo a la Corte.

“Como digo una cosa, digo otra”

El 8 de Julio de 2008, luego de una reunión con el equipo defensor colombiano, Álvaro Uribe Vélez tomó la decisión de adoptar la línea media y abandonar el meridiano 82 como límite, hiriendo de muerte el sentido jurídico que se le había otorgado hasta entonces. Y así lo reiteró en la contra-memoria del 11 de noviembre de 2008.

En opinión de Enrique Gaviria Liévano, jurista estudioso y participe del proceso, “[]…eso facilitó que la Corte rechazara el meridiano 82 en su fallo del 19 de noviembre de 2012, según el cual trazó una línea con grandes perjuicios para Colombia y nos fraccionó el Archipiélago de San Andrés.” (2014, p 105)

De ningún modo se tomó en consideración la reserva de biosfera y su integridad, la historia del «maritorio» implicado y la genealogía cultural de las comunidades costeras,  las practicas culturales ancestrales vinculadas con el mar y la vocación económica de las islas, por señalar solo algunos asuntos.

Conclusión preliminar

Es prudente señalar, que pese a que la responsabilidad política de Uribe en la conducción del proceso pudiera ser compartida con otros exjefes de estado, y en ello guarda complicidad con las fuerzas políticas que hoy se reunifican ante su candidato presidencial, estos dos hechos dan fe de las implicancias significativas y determinantes de sus actuaciones en gobierno sobre la vida de las islas.

En años recientes Uribe ha tenido el descaro de visitar el archipiélago para promover el desacato del fallo de 2012 entre nosotros, así como la no comparecencia ante la Corte y hasta la tentativa al recurso del uso de la fuerza, despropósitos vistos como chovinistas por la opinión pública, al punto de hacerse objeto de abucheos y arengas como “Uribe Go home!”.

A todas luces, pudo verse en sus reacciones, que lejos de prevenir una mayor cesión de territorio y soberanía, sus pronunciamientos buscaron exacerbar los ánimos, cosechar apoyos y perfilar todavía más, y en última instancia, la cortina de humo de sus diferencias con la Unidad Nacional, cuando al día de hoy resultan desmentidas para la escena electoral del 17 de junio.

[1] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-espias-del-das-isla-articulo-393837

About the author

Steve Steele Castillo

Politólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Gerente de proyectos de la Universidad Eafit. Docente de la Universidad de Antioquia, líder juvenil y dirigente kriol de San Andrés y Providencia.