Al filo de la medianoche del pasado 10 de octubre el Congreso peruano destituyó a la presidenta Dina Boluarte. El veredicto que contó con el respaldo de un amplio bloque multipartidista resultó inequívoco: incapacidad moral permanente. Así, Boluarte, quien asumió en el cargo el 7 de diciembre de 2022 tras el fallido autogolpe promovido por el expresidente Pedro Castillo, se unió al panteón de presidentes vacados. Es el último eslabón de una crisis política crónica que le reporta al Perú un antirécord en la región: siete presidentes en menos de una década.
Con la vacancia a Boluarte se cierra, parcialmente, un episodio tragicómico de una aguda crisis política que no ha parado de acentuarse desde mediados de 2016 cuando Ollanta Humala —condenado a 15 años de prisión por lavado de activos—le cedió el poder a Pedro Pablo Kuczynski, un mandatario débil y sitiado por una monolítica oposición fujimorista que, sin cumplir los dos años, renunció a la presidencia en medio de acusaciones de sobornos y corrupción.
Tras la salida de Kuczynski de la Casa de Pizarro se abrió una espiral de inestabilidad democrática que a la fecha se ha representado en tres actos del “momento peruano”.
Primer acto. El vicepresidente Martín Vizcarra asumió el poder el 23 de marzo de 2018 y ante la solidez del obstruccionismo fujimorista no vio más alternativa que disolver el Congreso unicameral, pero esa movida, tan audaz como incierta, no le salió del todo bien, puesto que el Congreso que se eligió en enero de 2020, caracterizado por su fragmentación partidista, lo destituyó diez meses después echando mano del artículo 113 inciso 2 de la Constitución: incapacidad moral permanente.
Segundo acto. Consumada la vacancia a Vizcarra sus seguidores iniciaron una serie de movilizaciones y protestas que tenían como único objetivo a Manuel Merino, entonces presidente del Congreso que por sucesión constitucional asumió la presidencia el 10 de noviembre. Al quinto día de las protestas Merino se quedó sin respaldo político y rápidamente le entregó el poder a Francisco Sagasti quien inició un “gobierno de transición y emergencia” que concluyó —con pocos sobresaltos— el 28 de julio de 2021
Tercer acto. El 6 de junio de 2021 Pedro Castillo, sindicalista y maestro de escuela rural, se impone en segunda vuelta a Keiko Fujimori. Su victoria removió los cimientos políticos de la sociedad peruana, pero no logró, tanto por incapacidad personal como por obstruccionismo de la derecha, concertar una gobernabilidad estable. Sus 500 días en la presidencia se caracterizaron por los reiterados choques con el Congreso, por la “falta de confianza”, por la remoción sistemática de ministros y gravísimas acusaciones de corrupción. Concluyó su experiencia de gobierno con un patético intento de autogolpe que lo llevó a la cárcel.
Como epílogo ridículo de ese tercer acto, Dina Boluarte, entonces vicepresidenta, no apoyó a Castillo en su intentona golpista y antes se apresuró a solicitar la bendición del Congreso para vacar a Castillo y asumir la presidencia. Su legitimidad solo obedecía a esa relación circunstancial con el Congreso. Aliada desde ese momento con el fujimorismo —promulgó la polémica ley de amnistía a militares y policías— nunca gozó del favor popular con registros de aprobación que llegaban al 3%. Su vacancia es sintomático de un cambio en la correlación de fuerzas de cara a las elecciones del próximo año.
O, como lo expresó Petro —con quien Boluarte nunca tuvo la mejor relación— en una sentencia con aire shakespeariano: “La traidora fue traicionada”.
Más allá de la cantidad de presidentes que ha dejado la polarización política extrema, la crisis crónica que atraviesa Perú se ha saldado con decenas de muertos, tan solo en las protestas de 2021, la primera fase del “estallido peruano”, se registraron 28 fallecidos, 392 heridos y 147 detenido. Para marzo de 2023, concluida la segunda fase del estallido, se sumaban 67 muertos y 1881 heridos. A lo que se agregan múltiples acusaciones de exceso de fuerza, represión y violación a los derechos humanos. La crisis política ha tenido un correlato violento y trágico en las calles.
Los factores que explican el “momento peruano” son múltiples y tienen que ver, en mayor medida, con una profunda polarización social; con un diseño institucional derivado de la Constitución de 1993 que le otorga un poder impresionante al Congreso; con la incapacidad de los gobernantes para crear coaliciones políticas estables y con una vocación de permanencia; con cuestiones todavía no resueltas asociadas al funesto legado de Alberto Fujimori.
No es claro si en las elecciones generales del próximo año la crisis política podrá ser resulta, porque esta no pasa, única y exclusivamente, por un asunto electoral, también implica un profundo diálogo y en establecer consensos estables, tanto sobre el pasado como sobre el presente. Por el momento, la reminiscencia a la pregunta que fórmula Zavalita —alter ego de Mario Vargas Llosa— en “Conversación en La Catedral”, tiene una vigencia aterradora: “¿En qué momento se había jodido el Perú?”.
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