“No olvidemos que los objetivos de los directivos profesionales no son construir una mejor sociedad ni mejorar la calidad de vida de las personas, sino mantener la grandeza de las corporaciones y la búsqueda de su propia gloria”
Durante la primera guerra mundial los hombres de Estado enviaron a las trincheras a millones de personas a nombre del imperio. Tuvieron opciones diferentes al entendimiento de las armas, pero fueron incapaces de contrariar sus propios cálculos. Por ejemplo, el Káiser Guillermo II y el canciller Bethmann pudieron haberle expresado al emperador Francisco José que no estaban de acuerdo con la invasión a Serbia ni con obligar a sus súbditos a empuñar las armas en caso de una intervención Rusa, puesto que la vida de ellos son demasiado importantes como para endosarlas a intereses imperialistas. De haber ocurrido así, muy posiblemente la guerra jamás hubiera opacado la luz de Europa. De igual forma Asquith, Poicaré y Viviani habrían podido conversar con el zar Nicolás II, negarle el envío de sus nacionales a morir en los campos europeos, decirle que los compromisos previos entre el imperio Ruso y Serbia, y entre la triple entente, no eran motivos suficientes para sacrificar seres humanos. Pudieron haber tenido un diálogo bohemio sobre lo efímero que es la vida, y cómo esa obsesión por poseer territorios, colonias, recursos y rutas mercantiles han llevado precisamente a hacerla más corta.
Hoy sabemos que estas conversaciones más humanas no se dieron. Por el contrario hubo una conjunción de toda la estupidez mundana en unos pocos hombres con tan mala suerte de que poseían el suficiente poder como para generar 10 millones de muertos y el inicio de la autodestrucción de los imperios. Keynes escribió en 1919 que “las virtudes más comunes de los individuos faltan, con frecuencia, en los representantes de las naciones. Un hombre de Estado que no se representa a sí mismo, sino a su país, puede aparecer, sin incurrir en una censura exagerada, vengativo, pérfido y egoísta”.
Nos quedan las enseñanzas: una, los actores que toman las decisiones son importantes, dos, todo poder debe tener controles y límites.
Hoy en día hay personas que encarnan grandes poderes al estilo de los emperadores, pero arropados bajo un aura de tecnicismo (no de divinidad): los directivos profesionales de las grandes corporaciones (gerentes, directores generales, presidentes de juntas, CEO, ingenieros). Muy posiblemente sus alcances no nos llevarán a una guerra mundial, pero sí definen en cierta medida la forma en que vivimos. Ellos no son los propietarios de las empresas, pero toman las grandes decisiones y actúan como tal. En este punto vemos una separación entre propiedad y control, en contraposición al viejo capitalista que es el dueño de la empresa y decide el destino de su capital. Esta característica empuja al discernimiento sobre las motivaciones del accionar de los directivos profesionales.
Las decisiones tomadas por ellos tienen repercusiones internacionales en los ámbitos económicos, sociales, políticos y ambientales. Pensemos en temas como calentamiento global, desechos plásticos, contaminación de los mares y ríos, deforestación, pérdida de la capa de ozono, partículas PM 2.5, productos cancerígenos, desempleo estructural, costos farmacéuticos, etc. Todos estos males son originados o han sido intensificados por decisiones de directivos profesionales. Por ejemplo en la crisis del año 2008, fueron las decisiones de un puñado expertos los que desestabilizaron el orden social, económico y político en la mayoría de los países del mundo. Quienes estuvieron detrás de tales decisiones se suponía que sabían lo que hacían, por cuanto, en teoría, eran los expertos. Esto último nos lleva a un tema más serio: el uso del conocimiento y la experticia para sobrepasar las barreras de control, esto es, el poder de la información experta.
Una de las estrategias que implementaron los gobiernos en el año 1914 fue controlar la información que emitían los medios de comunicación con el fin de mantener el ánimo guerrerista dentro de la población. Los directivos profesionales tienen un poder aún mayor: ellos son los expertos, son la fuente de información, es a ellos a quienes se consulta, le hablan al oído al rey (o al gobierno de turno).
Volvamos sobre las motivaciones de su accionar. En el ejemplo de la primera guerra mundial, los jefes de Estado argumentaban sus causas en la grandeza del imperio. ¿La motivación de los directivos profesionales es la grandeza de la corporación y su gloria personal?. Ya sabemos que su interés no es el ensanchamiento de su propio capital, puesto que, recordemos, ellos manejan el capital de otros (aunque de todas maneras ganan muy bien). Ahora bien, enlacemos esto último con el poder de la información experta, y vemos que los dueños del capital también pierden el control de su propiedad por el desequilibrio de información que tienen frente a los expertos. Por tanto ¿Quién controla a los expertos?
Analicemos el panorama de los límites y el control. Existen regulaciones y entidades que vigilan las actividades de las corporaciones. Aquí son posibles dos fallas: la primera es que puede darse una cooptación del Estado, de las entidades que cumplen la función de vigilancia y de quienes deben crear las regulaciones (el congreso por ejemplo). El origen de tal falla está en la ventaja comparativa de recursos que tienen las corporaciones sobre los reguladores, tanto en capital como en información, lo cual les permite sobrepasar, incidir y conducir las regulaciones y decisiones públicas acordes a sus intereses particulares. La segunda es que hay externalidades que sobrepasan las fronteras y las capacidades mismas de los Estados, pues el origen del daño se da por fuera de sus jurisdicciones, por tanto se requieren acciones internacionales coordinadas para hacerles frente, por ejemplo en temas como el calentamiento global.
En Colombia han habido casos de apropiación del regulador (el cartel de azúcar, por ejemplo) y de desestabilización social, económica y ecológica por decisiones de directores profesionales (hidroituango, por ejemplo). Casos como estos nos obligan a estudiar las estrategias por utilizan para cooptar el regulador y sobrepasar las barreras de control y los filtros democráticos. Por ejemplo: la mediatización de sus posturas, la producción de información con carácter de cientificidad que corroboran y difunden las tesis que quieren demostrar (y que les convienen), y el lobbismo. Tomemos un ejemplo actual en Colombia: la reforma pensional.
El directivo profesional visible es Santiago Montenegro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos Pensionales y Cesantías, Asofondos. Estas compañías manejan recursos superiores a los 200 billones de pesos. Montenegro es una voz que tanto el gobierno, el poder legislativo y los medios de comunicación van a escuchar. Su objetivo es eliminar el régimen de prima media (RPM). Para ello implementa estrategias mediáticas consistentes en demonizar a su oponente (el RPM) exponiéndolo como el culpable de la inequidad pensional, la baja cobertura y la insostenibilidad fiscal. También utiliza estrategias discursivas tales como información incompleta, falsas analogías, tergiversación del discurso y términos desligitimadores de su contraparte tales como “miopes fiscales” y “populistas”. Posiciona en la agenda pública el imaginario de que la reforma pensional no da espera utilizando estudios de carácter científico (hechos por ANIF, centro de pensamiento financiado por ellos mismos) que demuestran cuantitativamente que el RPM es una bomba a punto de explotar (o “bomba pensional” como ellos lo llaman). ¿Podemos confiar en sus recomendaciones expertas?
La intención no es hacer una exposición detallada de los problemas del sistema pensional en Colombia. Basta con proponer otras perspectivas de análisis para dar cuenta de que las recomendaciones que ellos dan esconden intereses particulares. Por ejemplo, dos de los problemas que citan como propios del RPM (baja cobertura e inequidad) también los tiene el régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), régimen que ellos representan. De hecho este último sumaría otros problemas adicionales: la baja tasa de reemplazo y el bajo porcentaje de pensionados entre quienes alcanzan las semanas cotizadas requeridas y la edad de pensión (entre otras porque no es la edad y la acumulación de semanas lo que importa en el RAIS, sino el capital ahorrado, el cual debe alcanzar para comprar en el mercado una renta vitalicia). Frente al argumento de la insostenibilidad fiscal podemos preguntar ¿cuánto es fiscalmente sostenible?, ¿1%, 4%, 10% del PIB?. Lo cierto es que la respuesta a tal pregunta depende de la concepción filosófica que se tenga frente a la relación individuo-sociedad, de los fundamentos teóricos-económicos en los que se sustentan, y de los valores político-sociales que los componen. Es decir, no es un algoritmo el determinante, sino las diversas concepciones de justicia y libertad que se tienen, las cuales dependen a su vez del lente con el cual se mira al mundo.
El ejemplo anterior se cita no como una propuesta para proscribir la opinión de los expertos o profesionales directivos de las discusiones públicas, sino para tener presente que dentro del mundo del conocimiento no existen verdades absolutas (mucho menos en economía) y que los expertos también tienen intereses particulares. No olvidemos que los objetivos de los directivos profesionales no son construir una mejor sociedad ni mejorar la calidad de vida de las personas, sino mantener la grandeza de las corporaciones (o del imperio) y la búsqueda de su propia gloria, aun a costa del bienestar social y del buen vivir.
Seguramente las decisiones que se dicten sobre la reforma pensional no tendrán repercusiones mundiales como las que produjeron los valores CDO, pero sí incidirán sobre nuestras vidas. Así como en el ejemplo de las pensiones, hay directivos profesionales de corporaciones petroleras, mineras, financieras, alimenticias, farmacéuticas, automotrices, etc. que están tomando decisiones que afectan nuestra calidad de vida y que tienen, además, la capacidad de influir o llegar a controlar las entidades que se suponen deben vigilarlas. Entre los ejemplos actuales en Colombia podemos citar los debates que se están dando alrededor de temas como la fracturación hidráulica y el uso de glifosato, donde el conocimiento experto adquiere alta relevancia y puede llegar a utilizarse iguales estrategias de mediatización intencionada y apropiación discursiva tal cual como la ha realizado Santiago Montenegro.
