El senador de la Alianza Verde, León Fredy Muñoz Lopera, presentó una acción de tutela contra el Senado de la República, en particular contra la Mesa Directiva y la Secretaría General, con el objetivo de obtener la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la participación política (artículo 40 de la Constitución), al debido proceso legislativo (artículo 29 C.P. y Ley 5ª de 1992), a la imparcialidad en la función pública (artículo 209 C.P.), y al derecho de contradicción y defensa institucional (artículo 10 de la Ley 5ª de 1992).
La acción fue interpuesta a raíz de los hechos ocurridos durante la sesión plenaria del Senado del 14 de mayo de 2025, en el marco del trámite de la votación de la proposición de consulta popular sobre la reforma laboral, donde se presentaron graves irregularidades que violaron el procedimiento parlamentario legalmente establecido y afectaron el ejercicio de la función legislativa en condiciones de legalidad, transparencia e imparcialidad.
“Lo que ocurrió el 14 de mayo fue una jugadita sucia para callar al pueblo. Cerraron la sesión a la fuerza, no contaron los votos con transparencia, ignoraron nuestras apelaciones, nos negaron la palabra, y al final, silenciaron la posibilidad de que el pueblo decidiera sobre la reforma laboral”, afirmó el senador Muñoz Lopera.
Entre las anomalías señaladas en la tutela, se documenta la omisión de la campanilla reglamentaria, exigida por el artículo 129 de la Ley 5ª, lo cual impidió que los congresistas tuvieran claridad sobre el inicio de la votación; la modificación extemporánea de votos por parte de algunos senadores luego de cerrado el registro; el registro manual de sufragios de congresistas ausentes, y la suspensión abrupta de la sesión sin proclamar el resultado ni dar trámite a las apelaciones presentadas, lo que constituye una vulneración directa al debido proceso legislativo y al derecho a la contradicción y defensa parlamentaria.
“La consulta popular no era un trámite más, era la posibilidad de que el pueblo colombiano decidiera sobre un modelo de país. Cuando se calla a un senador, se pretende callar al pueblo. Y eso, ni la ley ni la Constitución lo permiten”, agregó el senador antioqueño.
La tutela enfatiza que se impidió al pueblo colombiano ejercer su derecho a participar en las decisiones que los afectan a través de mecanismos de democracia directa, como lo garantiza el artículo 40 de la Constitución Política. Asimismo, advierte que la Mesa Directiva del Senado actuó de forma parcializada, abandonando su rol de garante neutral y comprometiendo el principio de imparcialidad en la función pública consagrado en el artículo 209 constitucional.
Ante este panorama, la acción judicial busca que se suspendan los efectos de la votación viciada y que se reabra el procedimiento de manera transparente, imparcial y conforme a los principios constitucionales, garantizando los derechos políticos de los congresistas y del pueblo colombiano.
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