Caminando por Laureles, un barrio emblemático de Medellín, me encontré con una escena que me dejó perplejo, varios habitantes de calle deambulando por sus calles, dos de ellos con tatuajes que cubrían la totalidad de sus brazos. Esta imagen me recordó una noticia de la Personería de Medellín en 2023, donde se informaba que más de 40 extranjeros de diversos países habían ingresado a los albergues de la ciudad para personas en situación de calle.
La situación de los habitantes de calle en Medellín es un problema creciente que parece no tener fin. Se estima que en la ciudad hay alrededor de 8.000 personas en esta condición, cifra que se ha duplicado desde 2019. Si esta tendencia continúa, para 2030 podríamos tener cerca de 14.000 habitantes de calle en Medellín.
Ante esta realidad, surge la pregunta de cómo abordar esta problemática. ¿Deberían los habitantes de calle, especialmente aquellos con problemas de consumo, ser declarados interdictos o inhabilitados? Algunos expertos plantean que la atención psiquiátrica es inútil si no es voluntaria, y que la interdicción limita la libertad individual sin solucionar el problema de fondo.
En 2018, se presentó un proyecto de ley en el Congreso para proteger a los habitantes de calle con discapacidad mental, proponiendo la interdicción como herramienta para lograr este objetivo. Sin embargo, este proyecto no prosperó. La Corte Constitucional, en su sentencia C-0040 de 2006, declaró que la mendicidad y la habitabilidad en calle no son delito, y que nadie puede ser obligado a recibir tratamiento de rehabilitación contra su voluntad.
La presencia de habitantes de calle es una realidad que no podemos ignorar. A menudo los vemos deambular por la ciudad, hurgar en la basura o pedir dinero a los conductores. Su presencia nos genera sentimientos encontrados: miedo, repulsión, pero también reflexión sobre la degradación humana.
Es necesario un debate profundo sobre cómo abordar esta problemática. ¿Qué soluciones podemos implementar para ayudar a los habitantes de calle a salir de esta situación? ¿Qué acciones efectivas se debe debatir en el Congreso de la República? ¿Cómo podemos garantizar sus derechos y su dignidad? Se requiere respuestas urgentes por parte de los políticos de este país.
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