“Un país con pagos rápidos, tasas altas y tributos sobre cada transacción no profundiza su sistema financiero sino lo encarece. Para que BRE-B sea más que una innovación tecnológica, se necesitan medidas estructurales: i) La eliminación inmediata del 4×1000, sin reemplazos disfrazados; ii) Una nueva metodología para la Tasa de Usura, segmentada por tipo de crédito y riesgo.”
Ante los múltiples reclamos de economistas, gremios y representantes del ecosistema digital, el Gobierno Nacional decidió modificar el proyecto de decreto que proponía una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos realizados a través de BRE-B, Nequi, Daviplata, dale y otras billeteras digitales.
El Ministerio de Hacienda explicó que el objetivo técnico de la propuesta era unificar el tratamiento fiscal entre pagos con tarjetas débito o crédito y los efectuados mediante billeteras o sistemas de bajo valor como BRE-B, por lo cual propuso eliminar el gravamen de ambos tipos de transacciones.
La respuesta fue necesaria, pero tardía porque no se puede castigar la digitalización con nuevos costos. Brasil ya demostró en 2023 que incluso el rumor de un gravamen al sistema Pix redujo su uso 22 % en pocas semanas. La confianza digital es frágil, y reconstruirla cuesta más que recaudar.
Mientras tanto, el 4×1000, nacido como medida temporal hace más de dos décadas, sigue castigando la formalidad, penaliza cada movimiento dentro del sistema financiero, desincentiva el ahorro y encarece la transaccionalidad.
En un país que busca masificar los pagos digitales, mantener un impuesto al uso del dinero formal es una contradicción estructural. El 4×1000 debió desmontarse hace años. Hoy, la prioridad no es reemplazarlo por otro gravamen, sino eliminarlo de forma gradual y técnica, sin afectar la estabilidad fiscal.
A lo anterior se suma una tasa de usura que funciona como una camisa de fuerza. Su fórmula 1,5 veces la Tasa de Interés Bancario Corriente (TIBC) fue creada para evitar abusos, pero hoy limita la atención de segmentos de mayor riesgo o costo operativo.
El cálculo actual, basado en promedios simples y rezagados, no distingue entre productos, montos ni perfiles de riesgo, dejando fuera del sistema formal a millones de colombianos que terminan recurriendo a crédito informal: “los gota a gota”.
Un país con pagos rápidos, tasas altas y tributos sobre cada transacción no profundiza su sistema financiero sino lo encarece. Para que BRE-B sea más que una innovación tecnológica, se necesitan medidas estructurales:
- La eliminación inmediata del 4×1000, sin reemplazos disfrazados.
- Una nueva metodología para la TIBC, segmentada por tipo de crédito y riesgo.
- Transparencia y competencia real, con paneles públicos de tasas y costos financieros.
El superintendente financiero César Ferrari ha señalado la urgencia de mejorar la eficiencia del crédito pero, esta tarea exige acción conjunta del Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera de Colombia.
Modernizar la tasa de interés y desmontar los tributos que castigan el dinero formal no requiere leyes, sino voluntad técnica y coherencia institucional. Cada mes sin cambios significa más exclusión, menos ahorro y una economía menos competitiva.
Colombia no puede construir un sistema de pagos del siglo XXI sobre una base tributaria y crediticia del siglo pasado. BRE-B representa la urgencia y la oportunidad de que el reloj corre y las decisiones deben tomarse ya.
Revisar la tasa de usura y eliminar los gravámenes al uso del dinero formal no es populismo financiero es racionalidad económica y justicia social. Solo cuando el crédito sea accesible y las transacciones digitales dejen de ser castigadas, la inclusión dejará de ser discurso y se convertirá en realidad.
Comentar