“Si existen normas y el Estado no las hace cumplir, ¿qué sentido tiene tener una Constitución Política, promulgar leyes, resoluciones y tener instituciones que supuestamente salvaguardan esos derechos? Si la ley es solo para “los de ruana”, estamos ante un Estado fallido”.
Al expresidente de México Benito Juárez se le adjudica la frase “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Se interpreta como las normas, leyes o reglamentos que nos permiten convivir como sociedad sin necesidad de llegar a la violencia ni que impere la ley del más fuerte. Colombia, como Estado Social de Derecho, tiene en la Constitución de 1991 la carta de navegación para que como ciudadanos podamos convivir.
No es exageración decir que viviríamos en un paraíso si cumpliéramos lo que dice nuestra Constitución. Ese no es el caso, por el contrario, a la Constitución le han sacado chistes como que en sus primeros 20 años era la “niña más violada en Colombia” por el poco cumplimiento de sus artículos.
En Colombia, muchas veces parece estar en desventaja el que cumple la ley y se premia a al que se salta la norma; empezando por los ladrones de cuello blanco que roban del erario y no les importa. Saben que si los “pillan” pagarán con escasos años de cárcel desde la comodidad de sus casas; los ladrones de “cuantías menores”, como celulares, ni siquiera son encarcelados; violadores, con antecedentes, tampoco reciben sanciones ejemplarizantes como Harold Echeverry. Tuvo que violar y matar a una niña indefensa de 15 años en Cali para que lo capturaran y luego la justicia estableciera que era un violador en serie. Triste sería que en pocos años saliera de la cárcel por buena conducta y haber estudiado; si eso llega a pasar, lo más probable es que siga violando y matando a gente inocente.
Empresas como Zijin Continental Gold en Buriticá, Cerrejón en La Guajira, Cerro Matoso en Montelíbano, que generan empleo formal, pagan impuestos y tienen permisos del Estado para sus operaciones, son atropelladas por distintas fuerzas que les impide realizar sus actividades:
Zijin Continental Gold demandó al Estado colombiano porque este no le garantiza la seguridad para sus actividades: sus trabajadores han sufrido ataques con armas de fuego y atentados con cilindros bomba. Lamentablemente han tenido heridos y dos personas fallecidas por la incapacidad del Estado para garantizar su seguridad (ver); este otorga permisos y licencia ambiental para que esta empresa cumpla su misión y al mismo tiempo la deja sola y no le da garantías para desempeñar su labor.
El pasado 15 de diciembre, Cerrejón denunció ataques con explosivos en su vía férrea (ver). Por esa misma fecha, Cerro Matoso, empresa que extrae ferroníquel en el departamento de Córdoba, sufría bloqueos en las vías de acceso de la mina, por parte de contradictores, siendo afectados 450 empleados, quienes estuvieron encerrados durante 4 días (ver).
Es muy interesante la propuesta que planteó el expresidente Santos de incentivar a las empresas para que trasladen sus operaciones a los municipios más afectados por el conflicto armado bajo la figura de las Zomac (Zonas más afectadas por el conflicto), con el fin de generar empleo formal e inclusión social; pero esto quedará en nada, si el Estado no tiene autoridad ni presencia en los territorios, ni es garante de la seguridad y derechos de todos los actores, incluidas las empresas a quienes invita a invertir en el país y en estas zonas.
Todos los ciudadanos tenemos derecho a protestar y a manifestarnos a favor o en contra de cualquier iniciativa, pero como dice Juárez, esto no puede rayar con la vulneración de los derechos de los que no piensan como nosotros. En los casos aquí relatados se vulneran el derecho al trabajo, a la libre movilidad, a la vida, a la paz, al libre desarrollo de la personalidad.
Si existen normas y el Estado no las hace cumplir, ¿qué sentido tiene tener una Constitución Política, promulgar leyes, resoluciones y tener instituciones que supuestamente salvaguardan esos derechos? Si la ley es solo para “los de ruana”, estamos ante un Estado fallido.
El país necesita autoridad, que haya sanciones drásticas y ejemplarizantes, es lo que nos marca el rumbo de la convivencia y el desarrollo. Singapur lo logró implementando cadena perpetua para corruptos y pena de muerte para narcotraficantes. Mostraron que incumplir la ley no era sinónimo de chiste sino de sanción dura para garantizar rectitud en el comportamiento de la mayoría de sus habitantes. Hoy es uno de los países más ricos del mundo por PIB per cápita y uno de los tres países mejor educados del planeta según las pruebas PISA (en las que Colombia se rajó nuevamente), junto con Japón y Taiwán. No todo en Colombia puede ser zanahoria. Como ciudadanos hay que aprender a asumir las consecuencias de las actuaciones mal hechas y más, si son adrede.
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