CUATRO DÉCADAS DE INTENTOS FALLIDOS
Desde hace más de 40 años se tiene conocimiento del primer acercamiento formal entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Fue durante el mandato del presidente Belisario Betancur (1982–1986) cuando se realizó un diálogo inicial en La Uribe, Meta, con participación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Sin embargo, el intento fracasó por múltiples reparos, desconfianzas y la falta de voluntad de las partes.
Durante el gobierno de César Gaviria (1990–1994) se intentó incluir al ELN en las negociaciones con el EPL y el M-19, pero la negativa del grupo guerrillero a ceder posiciones y su intención de imponer condiciones impidió cualquier avance.
En la administración de Ernesto Samper (1994–1998) se instalaron diálogos preliminares y se nombraron negociadores, pero el proceso no alcanzó desarrollo alguno. Con Andrés Pastrana (1998–2002) se estructuró un proceso con modelo, agenda y delegados, conocido como la Convención Nacional. No obstante, luchas internas entre los frentes DINAL y el COCE dieron al traste con la negociación.
Durante los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez (2002–2010) existieron contactos indirectos y voceros liberados, pero el énfasis fue netamente militar y judicial, sin una mesa formal ni una agenda definida.
JUAN MANUEL SANTOS Y LA AGENDA CONCRETA
Con el presidente Juan Manuel Santos (2010–2018) se dieron avances sustanciales. Tras varias fases exploratorias, se oficializó una agenda el 30 de marzo de 2016 y se instaló la mesa de negociación el 7 de febrero de 2017 en Quito, Ecuador. La agenda constaba de seis puntos:
1. Participación de la sociedad en la construcción de paz
2. Democracia para la paz
3. Transformaciones para la paz
4. Víctimas
5. Fin del conflicto armado
6. Implementación
Durante este proceso se lograron avances concretos:
– Cese al fuego bilateral y temporal entre el 1 de octubre de 2017 y el 12 de enero de 2018, con verificación de la ONU y la Iglesia Católica.
– Liberación de casi todos los secuestrados.
– Inicio de diálogos sobre participación política y social en los territorios.
Sin embargo, el proceso fue suspendido tras el cambio de gobierno y el atentado terrorista contra la Escuela de Policía General Santander en enero de 2019.
GUSTAVO PETRO Y LA “PAZ TOTAL”: ¿REINICIO O RETROCESO?
Con la llegada del presidente Gustavo Petro (2022–2026) se reactivó el proceso con el ELN bajo la política de “Paz Total”. En 2023 se firmó el denominado Acuerdo de México, que introdujo una nueva agenda de negociación. Esta modificación ha generado inquietudes, ya que el mismo Comando Central (COCE) que negoció con Santos continúa vigente. Surge entonces la pregunta: ¿por qué cambiar la agenda? ¿Se trata de una nueva dilación estratégica por parte del ELN?
Esta percepción cobra fuerza al observar cómo, mientras el Estado mantiene el cese de operaciones ofensivas en todo el territorio, el ELN gana tiempo, se reorganiza y fortalece, violando abiertamente la Ley 418, que exige zonas de concentración como requisito para levantar órdenes de captura o decretar ceses al fuego.
Se reactiva así un principio clásico de guerra irregular: “la guerrilla gana mientras no pierde, el Estado pierde mientras no gana”.
UNA ESTRUCTURA MUCHO MÁS COMPLEJA
El error del Estado ha sido reducir al ELN a su componente militar, cuando esta guerrilla es mucho más que frentes armados. Según múltiples análisis de inteligencia, apenas el 40% de su estructura es militar. El 60% restante está compuesto por:
– Redes políticas y sociales.
– Estructuras jurídicas, financieras y mediáticas.
– Base popular organizada en territorios.
– Infiltración en instituciones estatales (alcaldías, gobernaciones, universidades, sistemas judiciales).
Esta combinación de todas las formas de lucha les ha permitido avanzar silenciosamente en una estrategia de poder local, regional y nacional, basada en la construcción de hegemonía desde abajo.
ESTADO ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES
Las negociaciones con el ELN están actualmente suspendidas desde enero de 2025, tras una serie de ataques en el Catatumbo que dejaron cerca de 100 muertos y más de 56.000 desplazados. Aunque el gobierno ha manifestado su intención de retomar los diálogos, lo ha condicionado a cambios en la dirigencia y la estrategia del grupo.
No obstante, se mantienen negociaciones avanzadas con la disidencia del ELN conocida como el Frente Comuneros del Sur, que opera en Nariño, una zona clave por su alta presencia de cultivos ilícitos y rutas hacia el Pacífico y Ecuador.
Este frente se separó oficialmente del ELN en marzo de 2024, tras desacuerdos con el COCE sobre la conducción del proceso. Se estima que tiene entre 150 y 300 combatientes y está liderado por alias “HH” (Gabriel Yepes). Con ellos, el gobierno ha firmado acuerdos regionales que incluyen:
– Sustitución de cultivos ilícitos.
– Desminado humanitario.
– Reparación a víctimas.
– Transformación hacia un movimiento político sin armas.
EL ELN EN RECONFIGURACIÓN Y CONFRONTACIÓN
Tras la ruptura del cese al fuego, el ELN ha intentado:
– Reforzar su presencia en el Catatumbo mediante acciones armadas.
– Mantener el control en el Chocó, aunque actualmente lo están perdiendo frente al Clan del Golfo (AGC).
– Enfrentar a disidencias de las FARC en el Cauca.
– Resistir el avance del AGC en el sur de Bolívar, donde sus históricas zonas de retaguardia están en riesgo.
La confrontación ha escalado especialmente en zonas limítrofes de Antioquia, Santander y Bolívar, cerca del puerto de Barrancabermeja, lo que ha activado consejos territoriales de seguridad y el despliegue de fuerzas armadas, junto con advertencias de la Defensoría del Pueblo.
ALARMA HUMANITARIA Y RIESGO ESTRATÉGICO
Preocupan de manera especial las siguientes situaciones:
– Siembra de minas antipersona.
– Secuestros y ataques a infraestructura (como el oleoducto de Ecopetrol).
– Reclutamiento forzado de menores.
– Reorganización de frentes urbanos para atentados terroristas.
Es urgente una acción integral del Estado colombiano, que articule el poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la Fuerza Pública, junto con la Fiscalía General de la Nación, para lograr judicializaciones, capturas, y operaciones contundentes. Resulta especialmente llamativo que aún no se haya restablecido el uso de bombardeos tácticos contra campamentos del ELN, a pesar de su alta peligrosidad.
CONCLUSIÓN: UN ENEMIGO QUE NO CESA
El ELN ha demostrado, una y otra vez, que su objetivo no es la paz, sino la consolidación de poder a través de múltiples frentes: militar, político, social y judicial. La suspensión de los diálogos, su negativa a comprometerse con una hoja de ruta clara, y la utilización del proceso como un mecanismo para ganar tiempo, indican que esta guerrilla no tiene intención real de desmovilizarse bajo este gobierno.
El hecho de que el propio ELN haya declarado que esperará a un nuevo gobierno para continuar los diálogos es evidencia del desprecio por la institucionalidad y la sociedad civil. Colombia enfrenta, en el ELN, un enemigo profundamente estratégico, ideológico y violento, que representa un riesgo mayor para la democracia, la estabilidad y la vida misma de miles de ciudadanos.
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