Se aproximan las elecciones regionales y el país se ha estremecido con un episodio de violencia política que parecía un capítulo del pasado. A la lista de candidatos a la alcaldía y el concejo a los próximos comicios electorales, asesinados en el transcurso del mes, le pueden sumar la masacre de Suárez (Cauca) que cobró la vida de seis personas, incluida la candidata a la alcaldía de ese municipio Karina García y de uno de los candidatos a la alcaldía de Toledo, norte de Antioquía.
Colombia, a lo largo de su historia, ha padecido dantescos episodios de violencia en donde políticos han sido asesinados e injustamente señalados por sus posturas políticas, denuncias y actividad dentro de sus comunidades. Algunas de estas perpetradas en connivencia con el mismo Estado, como el caso de la Unión Patriótica, el caso de Álvaro Gómez Hurtado, Carlos Pizarro, Gaitán, etc. Otros han sido perpetuado por grupos armados al margen de la ley como ha ocurrido con el episodio de violencia de los últimos días en el país.
La aparición del video de tres exmiembros del secretariado de las FARC anunciando la retoma de las armas, a pocos días de comicios regionales, han obnubilado desde ya el panorama de las futuras elecciones; la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana en la que reporta, en lo que va del año, 192 amenazas contra personas o movimientos políticos y 13 homicidios relacionados con el contexto electoral. En total, se contabilizan 258 conductas relacionadas directamente con las elecciones y en uno de cada tres municipios están en riesgo por la injerencia de los grupos armados.
La alerta de la Defensoría registra un nivel de riesgo en 402 municipios de todos los departamentos, pero hay situaciones especialmente críticas. Son 11 los departamentos con municipios clasificados con riesgo electoral extremo. Y estos coinciden con las áreas históricamente golpeadas por el conflicto. En varios de esos territorios hay disputas a muerte entre actores armados. Una dinámica alentada por el interés de copar los espacios y el dominio de las actividades ilícitas que dejaron las extintas Farc.
Antioquia es el caso más crítico. Tiene 17 municipios en riesgo extremo. El foco mayor es el Bajo Cauca, región que limita con Córdoba y donde, desde el año pasado, se desató una guerra entre el Clan del Golfo y Los “Caparrapos”, una estructura armada que se separó del clan. Justamente esos enfrentamientos fueron los que derivaron en el asesinato de cuatro soldados, en Caucasia. Esa región también presenta una de las mayores tasas de homicidios del país.
Esas acciones demuestran el interés de las estructuras armadas para influir en los comicios regionales. no obstante, ya no hay amenazas de desestabilización nacional, como las que lanzaba las Farc, púes ningún grupo tiene el amplio cubrimiento territorial que tenía esa guerrilla. Aunque las estructuras ilegales que quedan sí tienen influencia real en muchos territorios. El Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, son las que generan mayor riesgo, según el informe de la Defensoría del Pueblo.
Empero, no sólo las estructuras armadas pueden influir en dichos comicios, desde el supuesto rearme de la nueva Marquetalia, por parte de los displicentes y desertores de las Farc, el Uribismo ha impregnado un discurso de comprobación del fiasco del Tratado de Paz de “Santos”, cuya finalidad ha sido mover masas para tumbar del marco jurídico el tratado, como lo afirmó en su momento el expresidente y actual Senador Álvaro Uribe Vélez poco después de la locución de los desertores.
Aunque el Presidente Duque reafirmó su total respeto y apoyo al tratado a quienes siguen desde el ámbito de la legalidad, ello no ha sido significado de omitir dichas propuestas por parte de Uribe. Entonces, ese discurso anti-Farc, anti- Tratado de Paz, puede pernotar en las elecciones de octubre con candidatos de pensamientos vinculantes al Uribismo, y vinculantes a derrotar a todos aquellos insurgentes que quieren dañar al Estado. Además con todos los episodios de asesinatos por parte de los grupos al margen de la ley, reafirman aún mas su postura.
En efecto, nuevamente la situación del país está volviendo otra vez como antes, bajo fuego. La ilusión de la paz duró sólo tres años y las futuras elecciones están en juego para reafirmar el pilar de la democracia. Los Ciudadanos deben votar conscientemente, libre de la polarización que actualmente se está viviendo; deben votar con miras a seguir construyendo un país en Paz y progreso, bajo el amparo de la legalidad.
Asimismo, el gobierno debe brindar garantías políticas para todos aquellos y aquellas que aspiran a cargos de elección popular, indistintamente del partido, movimiento, postura, colectividad y se debe garantizar a todos la seguridad para llevar a cabo las campañas con total tranquilidad y aumentar el número de votantes.
Fuentes:
- Defensoría del Pueblo
