“Cuando el gobierno se expande, la libertad se contrae.”
— Ronald Reagan
El hundimiento de la reforma tributaria: una victoria contra la expansión burocrática y la corrupción
El reciente rechazo del Congreso a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Gustavo Petro representa una defensa crucial contra la creciente burocracia y los escándalos de corrupción que han caracterizado su administración. Esta decisión no solo protege a los contribuyentes de una carga fiscal adicional, sino que también cuestiona la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Expansión desmedida de la burocracia estatal
Desde el inicio de su mandato, el gobierno de Petro ha impulsado una expansión significativa del aparato estatal. Un ejemplo claro es la creación de nueve nuevas embajadas y la reapertura de otras, como la destinada a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en Roma, que estuvo inactiva durante 25 años. Esta medida, oficializada mediante el decreto 1882 del 7 de noviembre de 2023, también incluye la creación de 116 nuevos cargos en la Cancillería, lo que genera preocupaciones sobre el incremento de la burocracia y el gasto público. 
Además, la Cancillería ha proyectado la apertura de diez embajadas y 20 consulados adicionales, con un costo anual estimado de 66.857 millones de pesos. Esta expansión incluye misiones en países como Arabia Saudita, Barbados, Etiopía, Guyana, Nueva Zelanda, Polonia, Senegal, Rumania, Haití y Palestina. Sin embargo, muchas de estas oficinas aún no cuentan con el beneplácito de las naciones receptoras, lo que retrasa su apertura y cuestiona la planificación y necesidad de estas inversiones.
Escándalos de corrupción y mala gestión
La administración actual también ha enfrentado serios señalamientos de corrupción. Un caso emblemático es el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se descubrió una trama de corrupción que involucraba la compra irregular de carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira. Este escándalo llevó a la renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a investigaciones contra varios congresistas por su presunta participación en actos de cohecho y peculado. 
Otro ejemplo es la creación del Ministerio de la Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. Aunque su objetivo es loable, la falta de recursos y funciones claras ha limitado su efectividad, generando dudas sobre la eficiencia en la asignación de recursos y la proliferación de entidades sin un impacto tangible en la sociedad.
El hundimiento de la reforma tributaria es una respuesta necesaria a un gobierno que ha priorizado la expansión burocrática y ha estado envuelto en escándalos de corrupción. Es imperativo que, antes de considerar nuevas cargas fiscales para la ciudadanía, se implementen medidas de austeridad, se combata la corrupción y se garantice una gestión eficiente de los recursos públicos. Solo así se podrá recuperar la confianza de los colombianos en sus instituciones y asegurar un desarrollo sostenible para el país.
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