La reciente aprobación de la Resolución 377 del 26 de diciembre de 2024 por parte del Ministerio de Agricultura ha generado una ola de incertidumbre en el Suroeste antioqueño, una de las subregiones más dinámicas de Colombia en términos económicos y culturales. Aunque esta medida busca delimitar Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), muchos temen que las restricciones impuestas afecten drásticamente las actividades productivas tradicionales y el desarrollo económico local.
¿QUÉ ESTABLECE LA RESOLUCIÓN?
La resolución tiene como objetivo principal establecer polígonos destinados exclusivamente a la producción agrícola en 250.000 hectáreas de los 23 municipios del Suroeste antioqueño, lo que representa el 39,2 % de la subregión. Esto implica restringir actividades como la minería y la ganadería, argumentando preocupaciones ambientales. Sin embargo, críticos señalan que estas medidas no han sido suficientemente socializadas y podrían tener consecuencias negativas en sectores fundamentales como el café, los cítricos y la minería, pilares económicos del territorio.
IMPACTOS POTENCIALES EN LA ECONOMÍA REGIONAL
Café y agricultura:
Más del 35 % de las tierras aptas para la agricultura en la región están dedicadas al cultivo de café y cítricos, generando empleo y sostenibilidad para miles de familias.
La delimitación de áreas podría implicar la pérdida de territorios clave para esta actividad, lo que afectaría la productividad y los ingresos de los pequeños y medianos agricultores.
Minería:
Municipios como Jericó, Támesis, Amagá y Angelópolis tienen una fuerte dependencia de la minería. Restricciones en estos territorios pondrían en riesgo proyectos como el de Quebradona, que busca extraer millones de toneladas de concentrado de oro y que ya enfrenta oposición desde distintos sectores.
Ganadería y turismo:
La ganadería, una actividad tradicional en la región, también podría verse afectada si las zonas seleccionadas para APPA se superponen con terrenos destinados a pastoreo.
El turismo, que se ha convertido en un motor de desarrollo sostenible, podría enfrentar dificultades si los territorios protegidos limitan la expansión de actividades turísticas relacionadas con la cultura cafetera y la conservación ambiental.
PREOCUPACIONES SOCIALES Y JURÍDICAS
El principal reclamo de las comunidades y autoridades locales es la falta de socialización de la resolución. Muchos propietarios de predios desconocen si sus tierras estarán incluidas en los polígonos delimitados, lo que genera incertidumbre sobre el valor de la tierra y la viabilidad de proyectos futuros. Además, los vacíos legales y la ambigüedad en los criterios de selección han dejado en vilo a los habitantes de la región.
POSICIONES ENCONTRADAS
Ministerio de Agricultura: Defiende la medida como una estrategia para garantizar la seguridad alimentaria y proteger tierras agrícolas estratégicas.
Opositores locales: Consideran que la resolución ataca actividades clave como la minería, sin considerar los impactos económicos y sociales. Representantes como Hernán Cadavid aseguran que la medida genera «una incertidumbre jurídica tremenda» y amenaza la estabilidad económica de la región.
EL LLAMADO A LA ACCIÓN
La resolución ha desatado una reacción en cadena que incluye la intención de demandarla y solicitar medidas cautelares que frenen su implementación. Mientras tanto, las comunidades exigen una mayor transparencia, diálogos abiertos y una evaluación integral que contemple las múltiples vocaciones económicas del Suroeste antioqueño.
El desafío radica en equilibrar la necesidad de proteger áreas agrícolas estratégicas con el respeto por las dinámicas económicas y sociales que han sostenido al Suroeste antioqueño por décadas. Cualquier política pública debe construirse desde el diálogo y la concertación, garantizando que el desarrollo sostenible no sea sinónimo de sacrificio desmedido para las comunidades.
El futuro del Suroeste antioqueño está en juego. Las autoridades locales y nacionales deben encontrar soluciones que armonicen la protección ambiental con el desarrollo económico, para que las decisiones tomadas hoy no comprometan el bienestar de las generaciones futuras.
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