Cada desastre que enfrenta hoy Venezuela es la consecuencia directa e ineludible de las acciones criminales del régimen chavista: casi tres décadas de expropiaciones, ceses de pago en serie, corrupción sistémica y narcotraficantes al frente de una empresa petrolera estatal. Así fue como Venezuela se ganó cada sanción que recibió y por qué el desenlace era previsible.
Venezuela posee 303 mil millones de barriles de petróleo, las mayores reservas probadas del planeta: más que Arabia Saudita, más que Rusia y más que cualquier otro país de la Tierra. Pese a ello, produce menos petróleo que Omán, una nación desértica con apenas cinco mil millones de barriles en reservas.
Esto no es un misterio. No es mala suerte. Y, desde luego, no son las sanciones. No. Es lo que ocurre cuando un régimen criminal convierte una empresa petrolera de clase mundial en una operación sistemática de saqueo, coloca a narcotraficantes sancionados internacionalmente a la cabeza de la política petrolera, incurre en un impago de 150.000 millones de dólares y amenaza a cualquiera que se atreva a denunciarlo. Cada sanción que enfrenta Venezuela fue ganada; cada consecuencia era inevitable.
Cómo el chavismo saqueó a las petroleras y destruyó la inversión
Entre 2007 y 2012, el régimen chavista ejecutó la nacionalización forzosa de activos petroleros valorados en más de 30.000 millones de dólares. El 1 de mayo de 2007, Hugo Chávez apareció en cadena nacional y anunció la nacionalización inmediata de los proyectos de la Faja del Orinoco, las joyas de la corona del sector petrolero venezolano.
Empresas como ConocoPhillips, ExxonMobil, Chevron, Total, Statoil y BP habían invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de estos campos bajo contratos legalmente vinculantes. Chávez rompió unilateralmente dichos contratos mediante decreto presidencial, ofreciendo una elección brutal: aceptar participaciones minoritarias con el Estado controlando las operaciones, o marcharse sin nada.
Pero la ola no se detuvo allí. En 2008, Chávez nacionalizó las plantas cementeras de Cemex y Holcim. En 2009, confiscó activos de servicios petroleros pertenecientes a Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes. En 2011, expropió la mina de oro Las Cristinas a Crystallex, tras años de obstrucción regulatoria deliberada.
La justificación del régimen fue la misma de siempre: “recuperar la soberanía nacional frente a los imperialistas yanquis”. La realidad jurídica era otra: Venezuela había suscrito tratados bilaterales de inversión que garantizaban protección frente a expropiaciones sin compensación justa. Chávez violó cada uno de ellos.
Los tribunales internacionales de arbitraje fallaron de manera unánime contra Venezuela:
- ExxonMobil: 1.600 millones de dólares (2014).
- Crystallex: 1.400 millones de dólares (2016).
- ConocoPhillips: 8.700 millones de dólares (2019), el mayor laudo arbitral de la historia.
¿La respuesta del régimen? Negarse a pagar. Desacreditar a los tribunales tildándolos de “instrumentos imperialistas”. Celebrar el impago como una victoria política.
El impacto fue fulminante: ninguna empresa petrolera internacional seria volvería a invertir en Venezuela. El mensaje era inequívoco: contratar con Venezuela significaba que el Estado se apropiaría de los activos y bloquearía cualquier recurso legal.
PDVSA siempre dependió de socios extranjeros. La Faja del Orinoco alberga crudos extrapesados que requieren tecnología avanzada y enormes volúmenes de capital, capacidades de las que PDVSA nunca dispuso por sí sola. Cuando esos socios fueron expulsados, PDVSA quedó operativamente aislada.
El colapso de la producción fue el resultado directo:
- 1998: 3,5 millones de barriles diarios de petróleo (bpd).
- 2007: 2,6 millones de bpd.
- 2013: 2,4 millones de bpd.
- 2017: 1,5 millones de bpd.
- 2023: 500 mil bpd.
Lo anterior representa un colapso del 86 %.
Un dato clave de tiempo: las primeras sanciones sectoriales relevantes de Estados Unidos llegaron en agosto de 2017, cuando la producción ya había caído de 3,5 millones a 1,9 millones de bpd. Para entonces, Venezuela había perdido 46 % de su producción antes de cualquier sanción importante; el colapso precedió a las sanciones por una década.
Cómo el chavismo dejó de pagar y perdió toda credibilidad
El 2 de noviembre de 2017, Nicolás Maduro anunció que Venezuela “reestructuraría” su deuda, es decir, entraría en impago. No hubo negociaciones con los acreedores. No hubo participación del FMI (Fondo Monetario Internacional). Solo una declaración unilateral según la cual Venezuela pagaría “cuando pudiera y como pudiera”.
El entonces ministro de Economía, Simón Zerpa, sostuvo que el país priorizaba “alimentos y medicinas” por encima de los “tenedores de bonos de Wall Street”. La realidad fue otra: el régimen incumplía sus obligaciones, importaba lujos para las élites, sostenía subsidios petroleros por seis mil millones de dólares anuales a Cuba y canalizaba miles de millones de dólares al exterior.
Para enero de 2018, Venezuela había acumulado:
- Más de 60.000 millones de dólares en bonos soberanos impagos.
- 23.000 millones de dólares en bonos impagos de PDVSA.
- Más de 20.000 millones de dólares en préstamos chinos impagos.
- Más de 12.000 millones de dólares en laudos arbitrales impagos.
- Cuatro mil millones de dólares en cuentas por cobrar impagas de Petrocaribe.
Total: más de 150.000 millones de dólares en impago.
Ni siquiera los aliados salieron ilesos. Rosneft, la petrolera estatal rusa, vendió sus activos en Venezuela en marzo de 2020 para evitar la exposición a sanciones estadounidenses. China cortó cualquier nuevo financiamiento tras acumular 20.000 millones de dólares en impagos. Cuando incluso los socios geopolíticos abandonan el barco, el mensaje es inequívoco: te vuelves radiactivo.
Venezuela no puede emitir bonos, acceder a crédito ni participar en empresas mixtas con firmas occidentales. El aislamiento financiero es absoluto.
La comparación regional es elocuente:
- Brasil atrajo más de 100.000 millones de dólares en inversión petrolera entre 2015 y 2024. Su producción alcanza 3,2 millones de barriles diarios (bpd).
- Guyana descubrió petróleo en 2015 (11 mil millones de barriles, equivalentes al 4 % de las reservas venezolanas). Atrajo más de 30.000 millones de dólares y hoy produce 400 mil bpd, con tendencia creciente. Un país que no producía petróleo hace una década ya supera a Venezuela.
- Colombia cuenta con dos mil millones de barriles en reservas y produce 800 mil bpd.
Venezuela, con 303 mil millones de barriles —más que los tres países combinados—, produce apenas 500 mil bpd.
La diferencia no tiene nada que ver con la dotación de recursos. Tiene que ver con las instituciones: derechos de propiedad, certeza contractual e independencia judicial. Venezuela destruyó todas.
Cómo PDVSA se convirtió en el cajero automático del chavismo
El saqueo sistemático de PDVSA desde su interior desmanteló su capacidad operativa. No fue un desorden administrativo ni una desviación ocasional: fue robo a escala industrial, institucionalizado y ejecutado como política de Estado.
De acuerdo con investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, al menos 4.500 millones de dólares fueron desviados de PDVSA entre 2011 y 2018 mediante contratos inflados, ventas fraudulentas y esquemas de lavado de dinero.
Los criminales no eran burócratas de bajo nivel: eran altos funcionarios del régimen.
- Alejandro Andrade (exguardaespaldas de Chávez y tesorero nacional): se declaró culpable en 2018 de haber recibido más de mil millones de dólares en sobornos. Gastó 50 millones en caballos, cinco millones en relojes y 10 millones en automóviles. Actualmente cumple una condena de 10 años en una prisión federal de Estados Unidos.
- Luis Carlos de León Pérez (director de Seguridad de PDVSA): admitió haber recibido 600 millones de dólares en sobornos.
- Nervis Villalobos (viceministro de Energía): fue arrestado en España en 2021 por lavar 1.200 millones de dólares provenientes de fondos de PDVSA.
- Rafael Ramírez dirigió PDVSA entre 2004 y 2014. Bajo su gestión, la nómina de la empresa se disparó de 40.000 a 150.000 empleados, mientras la producción se desplomaba. Al presente, es investigado en Italia, Andorra, España y Estados Unidos por enriquecimiento ilícito por montos que ascienden a cientos de millones de dólares. Vive en el exilio, fuera del alcance de la justicia.
- Diego Salazar (primo de Rafael Ramírez) fue arrestado en España en 2018 por lavar dos mil millones de dólares a través del mercado inmobiliario europeo.
- El escándalo Odebrecht expuso 98 millones de dólares en sobornos pagados a funcionarios venezolanos, entre ellos Eulogio del Pino (presidente de PDVSA entre 2014 y 2017), Luis Motta Domínguez (ministro de Energía) y Nelson Martínez (presidente de PDVSA en 2017), quien murió en circunstancias misteriosas tras su arresto.
- El esquema de los bonos fue igualmente revelador. En 2014, PDVSA emitió cinco mil millones de dólares en bonos. El régimen los colocó con descuentos del 70 % a intermediarios vinculados al poder, quienes los revendieron de inmediato. PDVSA recibió apenas 1.500 millones de dólares. El Estado entregó 3.500 millones. Los jerarcas del régimen se embolsaron la diferencia.
Tal corrupción endémica no solo destruyó el valor de PDVSA: convirtió a la empresa en un activo legalmente intocable. Bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) y las legislaciones europeas contra el soborno, las compañías occidentales enfrentan responsabilidad penal por hacer negocios con entidades sistemáticamente corruptas. Ningún director jurídico responsable puede autorizar operaciones en Venezuela sin exponer a su empresa a riesgos legales de magnitud catastrófica.
Cómo colocar a narcotraficantes en el poder garantizó las sanciones
Si la corrupción no hubiese sido suficiente, el régimen decidió ir aún más lejos: colocar a narcotraficantes sancionados internacionalmente al frente del corazón estratégico de la industria petrolera.
El 13 de febrero de 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Tareck El Aissami —entonces vicepresidente ejecutivo de Venezuela— bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), la misma normativa aplicada contra Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán. El Aissami fue acusado formalmente de facilitar el envío de más de mil kilogramos de cocaína a través del territorio venezolano.
¿La respuesta de Nicolás Maduro? Mantenerlo en la Vicepresidencia. Y no solo eso: el 26 de abril de 2020 lo designó ministro de Petróleo y presidente de PDVSA.
Un individuo oficialmente señalado como narcotraficante por las autoridades estadounidenses pasó, así, a controlar la empresa petrolera estatal venezolana.
La consecuencia jurídica fue automática e irreversible: cualquier compañía que hiciera negocios con PDVSA estaría realizando transacciones con una persona designada por la OFAC, lo que constituye un delito federal bajo la legislación de los Estados Unidos. Ninguna empresa estadounidense podía operar legalmente. Ninguna compañía internacional con exposición al sistema financiero norteamericano podía participar sin arriesgarse a sanciones secundarias y a persecución penal.
Tareck El Aissami permaneció como ministro de Petróleo hasta enero de 2023. Su gestión coincidió con el punto más bajo operativo de PDVSA: la producción cayó de 800 mil bpd (abril de 2020) a menos de 400 mil bpd en 2021.
Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, es señalado por la DEA como líder del llamado Cartel de los Soles, una red de narcotráfico que utiliza infraestructura de PDVSA para exportar cocaína. En marzo de 2020, Estados Unidos imputó a Nicolás Maduro, a Cabello y a otros altos funcionarios por cargos de narcoterrorismo, ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares por la captura de Cabello.
Delcy Rodríguez —vicepresidente desde 2018 y exministra de Relaciones Exteriores— ha sido identificada por diversas investigaciones como facilitadora de esquemas de corrupción en PDVSA, operaciones ilegales de oro y mecanismos de evasión de sanciones mediante intermediarios turcos y acuerdos de trueque con Irán. Su hermano, Jorge Rodríguez —presidente de la Asamblea Nacional—, forma parte del mismo entramado criminal.
Esto no es un comportamiento normal de gobierno. Es una organización criminal que controla las instituciones del Estado.
Cuando un régimen coloca a individuos señalados por narcotráfico al frente de la política petrolera, las sanciones no constituyen una agresión: son la única respuesta racional y jurídicamente inevitable.
Cómo el chavismo amenazó al mundo y cómo el mundo respondió
El chavismo convirtió la amenaza en lenguaje diplomático oficial. El 26 de febrero de 2008, Hugo Chávez amenazó con cortar el suministro de petróleo a Estados Unidos: «Si se meten conmigo, el petróleo hacia Estados Unidos se jodió». Estas amenazas se repitieron públicamente en 2012.
Nicolás Maduro fue más allá. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2017, calificó a Donald Trump como «el nuevo Hitler» y prometió «respuestas contundentes» frente a las sanciones internacionales. En enero de 2019, tras el reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente interino, Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y expulsó al personal de la embajada. Jorge Rodríguez declaró entonces: «Venezuela responderá con guerra si es necesario».
Delcy Rodríguez utilizó foros internacionales para defender abiertamente a Irán, Siria, Corea del Norte y Rusia. En marzo de 2017, Venezuela firmó acuerdos de cooperación petrolera con Irán, en abierta violación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Además, Venezuela ha brindado refugio seguro a grupos narcoguerrilleros colombianos —ELN y disidencias de las FARC—, transfiere anualmente cerca de seis mil millones de dólares en subsidios petroleros a Cuba y mantiene vínculos operativos con organizaciones catalogadas como terroristas por el gobierno de los Estados Unidos.
Cuando un gobierno amenaza con interrumpir el suministro energético, se asocia con Estados forajidos sancionados, facilita el narcotráfico, da refugio a organizaciones terroristas y coloca a criminales sancionados al frente de industrias estratégicas, las sanciones no son una agresión: son un acto de defensa.
Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Suiza y otros países impusieron restricciones no por capricho ideológico, sino porque el chavismo transformó a Venezuela en una amenaza para la seguridad hemisférica.
Todo lo que perdimos es culpa del chavismo
La destrucción de PDVSA no fue causada por las sanciones; fue el resultado de casi tres décadas de expropiaciones, corrupción, incompetencia y confrontación internacional bajo las gestiones de Rafael Ramírez, Eulogio del Pino, Nelson Martínez, Manuel Quevedo, Tareck El Aissami y Pedro Tellechea.
Las sanciones llegaron después del colapso, no antes. En agosto de 2017, cuando se impusieron las primeras sanciones sectoriales, la producción ya había caído un 46 %. Para enero de 2019, cuando la OFAC sancionó directamente a PDVSA, la producción ya se había desplomado hasta 1,1 millones de barriles diarios.
La producción cayó en un 90 % porque el régimen:
- Expulsó a todos los socios extranjeros competentes.
- Saqueó miles de millones de dólares en lugar de invertirlos en mantenimiento.
- Sustituyó la experticia técnica por lealtad política.
- Colocó a narcotraficantes al mando de las operaciones.
- Destruyó por completo la credibilidad institucional.
La devastación no vino de afuera: vino desde adentro.
Lo que perdimos:
- Catástrofe económica: el PIB colapsó en un 75 % entre 2013 y 2020. La hiperinflación superó el 1’000.000 % anual. Tasa de pobreza: más del 94 %.
- Crisis humanitaria: más de siete millones de venezolanos huyeron del país, el mayor desplazamiento humano del hemisferio. El sistema de salud colapsó. Desnutrición y brotes de enfermedades prevenibles se volvieron cotidianos.
- Aniquilación institucional: los derechos de propiedad fueron destruidos. El Estado de derecho El poder judicial capturado. El fraude electoral institucionalizado.
- Aislamiento internacional: los mercados de crédito se cerraron. La inversión fue vetada. Venezuela se convirtió en un paria diplomático y en un factor de desestabilización regional.
Todo ello —cada consecuencia— se remonta de forma directa a las decisiones políticas del chavismo.
La lección: las acciones tienen consecuencias
Un régimen que expropia 30.000 millones de dólares en activos extranjeros no puede luego quejarse de que ninguna empresa vuelva a invertir. Un régimen que incurre en un impago de 150.000 millones de dólares no puede exigir acceso a los mercados de capitales. Un régimen que coloca a narcotraficantes al frente de la industria petrolera no puede fingir sorpresa cuando llegan las sanciones.
¿Qué esperaban los chavistas? ¿Que podían saltarse todas las reglas, violar todos los contratos, robar cada dólar y no enfrentar ninguna consecuencia?
1. La catástrofe económica fue ganada
El PIB se desplomó un 75 % entre 2013 y 2020. La hiperinflación superó el 1’000.000 % anual. La moneda se volvió prácticamente inútil. La pobreza alcanzó a más del 94 % de la población. La producción petrolera cayó un 86 %, no porque desaparecieran las reservas, sino porque el régimen expulsó a todos los que sabían cómo extraerlas, saqueó los fondos de inversión y colocó criminales al mando.
La fuga de capitales superó los 150.000 millones de dólares. Cuando expropias, el capital huye; cuando incumples, los inversionistas no regresan; cuando destruyes los derechos de propiedad, la producción se detiene.
2. El aislamiento político fue provocado
Venezuela, de ser una potencia regional, pasó a convertirse en un paria internacional. Se rompieron relaciones diplomáticas con decenas de países. Organismos regionales condenaron el fraude electoral y las violaciones sistemáticas de derechos humanos. La Unión Europea, Canadá y Suiza impusieron sanciones.
Más de siete millones de venezolanos huyeron del país: el mayor desplazamiento humano en la historia de América Latina. Cada nación vecina hoy enfrenta flujos masivos de refugiados y señala al mismo responsable: el régimen que los expulsó.
La seguridad regional colapsó porque Venezuela se transformó en un santuario narcoestatal para guerrillas y traficantes colombianos. Cuando se protege a criminales, los vecinos responden con hostilidad. Eso no es imperialismo: es legítima defensa.
3. La destrucción social fue criminal
El sistema de salud colapsó. Los hospitales operan sin insumos básicos. La mortalidad materna se disparó un 65 %. Enfermedades erradicadas décadas atrás reaparecieron: malaria, difteria, sarampión.
La desnutrición se volvió endémica. El venezolano promedio perdió 24 libras de peso entre 2017 y 2018 por hambre, no por dieta. Miles de niños padecen retraso en el crecimiento y daños cognitivos permanentes.
El sistema educativo se desintegró. Docentes abandonaron la profesión. Las universidades se desangraron por la fuga de profesores. A toda una generación se le negó una educación de calidad, mientras los hijos del régimen asisten a colegios y universidades de élite en el extranjero.
Las familias se desgarraron. Millones quedaron separados de hijos, padres y cónyuges que no pudieron emigrar. Carreras profesionales truncadas. Vidas suspendidas. El régimen no solo demolió las instituciones: rasgó el tejido social del país.
4. Entonces, ¿qué esperaban?
¿Creían que podían robar 30.000 millones de dólares sin enfrentar represalias? ¿Incumplir 150.000 millones de dólares en deuda y seguir teniendo acceso al crédito internacional? ¿Colocar a narcotraficantes en el poder y que las empresas occidentales ignoraran las leyes de cumplimiento y anticorrupción?
¿De verdad pensaron que el mundo los vería arrasar a Venezuela y no haría nada? Cada sanción fue ganada mediante conductas criminales; cada restricción fue una respuesta directa a las acciones del régimen; y cada medida de aislamiento fue provocada por las amenazas, las violaciones y los desmanes del chavismo.
Las acciones tienen consecuencias. Cuando rompes contratos, la gente deja de contratar contigo; cuando robas, la confianza desaparece; cuando amenazas, los demás se defienden; y cuando te alineas con criminales, te tratan como a un criminal más.
Haz el mal y enfréntate al castigo. Devasta las instituciones y cosecha aislamiento. Traiciona la confianza y piérdelo todo.
El chavismo sembró ruina. Hoy, Venezuela recoge la factura. Y es exactamente la que el régimen se ganó.
EN CONCLUSIÓN
El régimen chavista destrozó a Venezuela mediante decisiones deliberadas que transgredieron de forma sistemática los principios fundamentales del comercio internacional, el respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica. Las sanciones contra PDVSA y contra el Estado venezolano no son ataques imperialistas ni conspiraciones geopolíticas: son respuestas racionales de la comunidad internacional frente a un Estado que convirtió el robo, el impago y la amenaza en doctrina oficial, y que colocó a narcotraficantes sancionados internacionalmente —como Tareck El Aissami y Diosdado Cabello— en posiciones de poder, mientras oligarcas corruptos como Rafael Ramírez, Delcy Rodríguez y Alejandro Andrade saqueaban PDVSA.
Todo tiene consecuencias. Quienes siembran destrucción institucional cosechan aislamiento; quienes violan contratos pierden acceso a la inversión; quienes amenazan y provocan enfrentan sanciones; quienes colocan criminales al frente de empresas petroleras terminan en la bancarrota; y quienes convierten a una nación en botín personal acaban por devastarla. Venezuela no fue víctima de fuerzas externas: Venezuela fue víctima del chavismo. Y mientras no asumamos esa responsabilidad con absoluta claridad, no habrá reconstrucción posible.
El camino hacia adelante exige desmontar cada elemento del aparato estatal chavista, restaurar los derechos de propiedad, honrar los laudos arbitrales, reconstruir la credibilidad institucional e implementar reformas de libre mercado como las que transformaron a Chile, Estonia y Singapur de desastres económicos en historias de prosperidad. Venezuela tiene los recursos. Lo que le falta es un gobierno que respete la libertad individual, la propiedad privada y el Estado de derecho. Hasta que esas instituciones fundamentales no sean restauradas, ninguna cantidad de riqueza petrolera nos salvará del costo de nuestras propias decisiones políticas.
Esta columna fue publicada originalmente en Carlos Alberto Espinoza | Substack.
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