Las políticas públicas son un factor común de la política y de las decisiones del gobierno. A partir de ellas se pueden diferenciar problemas y establecer soluciones en un plano social para lograr mejorar una situación presente y vigente en el territorio. Para esta columna, evaluaré el problema que representa la inexistencia de una política pública que pretenda mejorar el impacto de las problemáticas resultantes de las acciones realizadas para la erradicación de los cultivos ilícitos en Colombia.
No es un misterio que en gran parte del territorio colombiano se presentan cultivos ilícitos. Según información recolectada por ArcGIS, los cultivos de coca iniciaron en el bajo Putumayo a finales de la década de los setenta y se fueron convirtiendo en la actividad económica principal de los habitantes de esta y otras zonas. Esta problemática ha sido abordada bajo diferentes métodos y enfoques para su erradicación, entre estos el más usado son las aspersiones aéreas por su gran alcance en amplias extensiones de tierra cultivadas. Sin embargo, su utilización presenta consecuencias en la que los costos que se asumen son mayores que la posibilidad de obtener un resultado efectivo. La fórmula es en esencia sencilla: al erradicar los cultivos se crea la necesidad de crear y producir nuevos para asumir la demanda y cubrir el aumento de los costos de venta y producción.
Adicionalmente, la aspersión con glifosato afecta gravemente, y de manera casi irreversible, al entorno natural y con éste, a la población cercana. Entre las afectaciones encontramos: deforestación, contaminación de aguas, disminución de alimentos, afectación de la fauna, desplazamientos de la población, efectos negativos a la salud humana, entre otras. Por ello, es preciso entender que esta acción no es adecuada ni completamente funcional, pues además de las consecuencias mencionadas anteriormente, se ha identificado que en esas tantas ocasiones en las que ha sido aplicada, no ha garantizado que elimine completamente la germinación de la semilla ni logre tener algún efecto sobre la expansión del cultivo hacia otros terrenos. Sorpresivamente, sigue siendo el método más usado.
A esta problemática debe sumársele aristas culturales, ancestrales y de supervivencia. La erradicación de estos cultivos por medio del glifosato atenta a las tradiciones indígenas que hacen uso de la hoja de coca de manera ancestral. Además, la afectación a los polinizadores, como las abejas, genera un daño de dimensiones inimaginables no solo para campesinos, indígenas y demás habitantes de estas zonas, sino también para la población en general: según Elementa DDHH (2020), los polinizadores son esenciales para la seguridad alimentaria planetaria y para el mantenimiento de la biodiversidad y los ecosistemas.
Como si fuera poco, por medio de varios estudios como el de Mejía (2011) se ha determinado y advertido sobre los altos costos económicos que acarrean las fumigaciones con glifosato, pues “estos muestran que para eliminar una hectárea de coca mediante aspersión aérea hay que fumigar cerca de 33 hectáreas. Cada hectárea destruida cuesta entre 60 mil y 110 mil dólares” p (24). Dentro de estos costos, también se ve comprometido el uso de una gran cantidad de litros de agua, ya que por cada 1.4 litro de glifosato se utilizan 13 litros de agua para cubrir una hectárea. Bajo los argumentos expuestos, cuestionémonos: ¿por qué siguen haciendo uso del mismo sistema si este no es contundente ni completamente efectivo?
Las mejores estrategias estarían, precisamente, en el cambio total de este sistema de fumigación. Existe una necesidad antropológica y sociológica de reconocer el uso diverso de la hoja de coca, además de garantizar el acceso al empleo digno a las familias del campo, indígenas y comunidades afrocolombianas que hacen parte del territorio afectado. Fundamentalmente, la propuesta debe proponer proyectos productivos con amplia participación de las comunidades, generar un impulso científico de la investigación e innovación del uso de la hoja y apostarle a la formulación de estrategias en las que se discutan los intereses y las realidades de los habitantes de las zonas.
«Este ejercicio de escritura surge en el marco de la clase de Análisis y Diseño de Políticas Públicas de la Universidad EAFIT. Los y las estudiantes debían poner de manifiesto, a través de columnas de opinión, un problema público de su interés».
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