“Nadie quiere tumbar al presidente, nadie está en ese propósito tan burdo. Lo que si hay que tumbar es al RÉGIMEN (de corrupción). Para lograrlo hay que achicar el estado, reducir la burocracia, liberar la economía y promover las ideas de la libertad.”
No es menor el hecho de que Olmedo López esté levantando polvo después del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD – del cual era director y es el principal responsable hasta ahora. Está acusando a congresistas y funcionarios del gobierno Petro de ser los artífices de todo el “proceso” y de ser beneficiarios para apoyar al gobierno.
Sin lugar a dudas, la corrupción en la UNGRD es un entramado tan grande que va desde las altas esferas de poder hasta los funcionarios menos reconocidos. Pero lo más grave es que estén ministros y congresistas en contubernio en recibir dineros para que se aprueben las reformas, es decir, utilizaron dineros de los colombianos para comprar conciencias en el parlamento y beneficiar la agenda del gobierno.
Olmedo López, vinculó al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en toda esta maraña de corrupción, afirma López que con el MinInterior tenían buena y constante comunicación. Al ministro no lo acuso de actos delictivos porque todavía no se han demostrado las acusaciones y mostrado pruebas como tampoco soy juez para juzgarlo.
Pero lo que sí puedo y pueden decir los colombianos es que el ministro que maneja la agenda del gobierno en el Congreso, que tiene que estar en constante comunicación con los parlamentarios y que su trabajo es que los proyectos del presidente se aprueben, no hubiese conocido de los entramados que desde la UNGRD se plantearon para que en el Congreso todo fluyera en favor del gobierno.
Lo que he aprendido en mi corto trasegar en la política es que los altos funcionarios del estado siempre saben cosas, están informados y que, si bien algunos no son artífices y/o participes de actos de corrupción, si saben qué puede estar pasando en sus dependencias o en otras. Que al país no se le olvide que un funcionario público puede participar en hechos de corrupción por acción u omisión.
Así que, el MinInterior, aunque no tenga responsabilidad penal alguna – eso lo definirán los jueces en su momento – si tiene responsabilidad política porque es mencionado por quien fue el director de la entidad que ofreció dineros a parlamentarios para beneficiar al gobierno. En todo caso, para que el país no se desgaste más en tanto escándalo, lo que debe hacer el ministro Velasco es RENUNCIAR a su cargo y defenderse sin estar en el gobierno.
Es asqueante todo lo que el país conoce de este gobierno. No hay día en que no haya un escándalo de corrupción, paradójicamente, en el gobierno que se dice ser un luchador contra la corrupción. El país debe entender – ojalá algún día lo haga – que los políticos que en campaña dicen que no robarán, cuando llegan al poder son los que más roban y lo que es peor: quienes dicen que el estado lo debe hacer todo y que por lo tanto se debe agrandar son los que están promoviendo la corrupción. Porque ese acto solo se da por la existencia de un estado gigante con perjuicio de los individuos decentes.
Nota: claro que hay corrupción en lo privado, pero hay una gran diferencia entre la corrupción privada y la pública. En la primera los afectados serán quienes comenten el delito y si son propietarios de empresas y/o bienes, el resultado es que lo perderán todo y tendrán que responder ante la justicia. En el segundo, que es la más grave porque los afectados son TODOS los individuos que componen la comunidad. Quienes comenten el delito seguirán en el poder o si es algo muy grave, tan solo los “conejillos de indias” pagan, pero los autores intelectuales son premiados con cargos y posiciones de poder. Esa es la gran diferencia.
No cabe duda que este entramado de corrupción es de grandes proposiciones, se cuenta que compraron a los presidentes de Senado y Cámara, al presidente de la Comisión de Acusaciones y que más funcionarios del gobierno están involucrados. Esto es muy grave porque, así como el narcotráfico permeó la política en los 80 y 90, hoy la corrupción permeó todas las ramas del poder público y se está convirtiendo en una política de gobierno.
El presidente Petro no puede seguir siendo quien se declare como la víctima de todo. Él es ahora quien gobierna el país, luego tiene que reconocer su responsabilidad política y dejar de señalar con el dedo vindicativo que la corrupción es estructural y que él no tiene nada qué ver.
No puede ser tan irresponsable y apartarse de sus obligaciones. Es que lleva dos años – la mitad del periodo – en donde no hay un día en que su gobierno no se vea inmerso en un acto de corrupción. El mismo presidente nombró personas cuestionadas y el resultado no puede ser otro que el fortalecimiento de esa práctica.
Espero – aunque esto es muy utópico – que estos escándalos no sean promovidos para impulsar una constituyente a manu militari o para la imposición de un régimen autocrático que desde la presidencia se tomen decisiones arbitrarias a través de actos administrativos aduciendo que hay graves problemas en el país y que se debe prescindir del Congreso y los tribunales. Colombia NO quiere una dictadura.
En este escándalo, que tendrá repercusiones judiciales, debe también haber responsabilidades políticas y consecuencias serias. Los mencionados: ministro del interior, Luis Fernando Velasco, debe renunciar; los presidentes de Senado y Cámara, Name y Calle respectivamente, deben renunciar a sus dignidades como presidentes y ser investigados; el presidente de la Comisión de Acusaciones, Wadith Manzur, debe responder ante la opinión pública y ser investigado y que se llegue hasta las últimas consecuencias para descubrir otros actores.
Por último, quiero dejar claro que estos escándalos NO son un “golpe blando” o una estrategia de “lawfare” como lo dice el presidente. Son escándalos fácticos, con hechos fácticos y comprobables. El presidente debe comportarse como el funcionario que es y no como una víctima para causar lástima y confundir a los colombianos.
También adhiero a lo que dijo Álvaro Gómez Hurtado en 1995, días antes de ser vilmente asesinado, parafraseándolo: nadie quiere tumbar al presidente, ni los estudiantes, ni los sindicatos, ni los militares, nadie. Llegaría otro de la misma calaña o peor. Pero lo que si hay que tumbar es al régimen.
El régimen no es otro que el de la corrupción, un régimen que lleva enquistado en el poder por largas décadas y que se acentúa cuando la izquierda o el mal llamado “progresismo” lo toma. Para tumbar ese régimen hay que achicar el gasto público tan gigante, eliminar tanta burocracia, liberar la economía y quitar del estado a tanto político que solo piensa en el interés particular en detrimento del bienestar de los individuos laboriosos.
Adenda. El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez evidentemente tiene fallas graves. Al expresidente le niegan todos los recursos defensivos, le admiten como pruebas cosas ilegales, le reconocen como víctimas a personas que no lo son y cuando se va a defender y muestra sus argumentos no lo escuchan.
En tiempos como los actuales tengo que dejar constancia histórica frente a un proceso de judicialización de la política que no tiene precedentes en el país. Uribe es el primer – y el único de seguro – expresidente de Colombia acusado formalmente por la Fiscalía por delitos que NO tienen acervo probatorio legitimo. Hechos por los cuales violan los derechos procesales y defensivos.
Raro que cuando eligen una Fiscal General de la Nación, ternada por el actual presidente Petro, la Fiscalía que había solicitado dos (2) veces la preclusión con las mismas pruebas, hoy pida y acuse al expresidente Uribe. La justicia tiene errores, y esos errores destruyen la moral de las personas, máxime cuando se hacen por persecución u odio ideológico.
La historia sabrá juzgar los hechos, y la justicia divina es la que prevalece siempre ante las injusticias humanas.
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