En el ejercicio de su autonomía universitaria, la Universidad de Antioquia ha establecido diversos procedimientos para evaluar múltiples actividades académico-científicas desarrolladas por los profesores. Destaco aquí dos de ellas, aunque no son las únicas. Primero, el papel que cumple el Comité para el Desarrollo de la Investigación (CODI) en la aprobación de los proyectos presentados por los docentes. Este comité aplica un método de evaluación que, aunque no exento de controversias, goza de nuestra confianza gracias a su rigor y a unas reglas de juego claras. El segundo ejemplo es el proceso de ascenso en el escalafón docente, debidamente reglamentado. Un aspecto a resaltar en ambos casos es que se recurre incluso a evaluadores externos a la Institución, lo que fortalece la legitimidad de los resultados.
En el entorno universitario es común subrayar la importancia de mantener la autonomía institucional e incentivar la democracia. Sin embargo, con frecuencia se omiten dos condiciones esenciales para garantizar la sostenibilidad de ambas: una evaluación clara y transparente de todas las actividades universitarias —incluyendo los cargos directivos— y la existencia de mecanismos de pesos y contrapesos que permitan controlar las decisiones y exijan una fundamentación clara para cada acción académica. En el caso particular de la evaluación de los directivos, se evidencian serias falencias. Estas podrían dar lugar incluso a un estudio completo sobre cómo aplicar las buenas prácticas del gobierno corporativo en las Instituciones de Educación Superior (IES). No obstante, aquí me concentraré en un caso específico que ilustra múltiples problemáticas: la evaluación de la gestión del actual rector.
Esta semana, el Consejo Superior Universitario (CSU) evaluó el primer año de gestión del tercer periodo del rector John Jairo Arboleda. De manera poco habitual, el rector fue reprobado: obtuvo una calificación equivalente a 1.75 en una escala de 1 a 5. Solo un miembro del CSU lo calificó con una nota superior a 3.0. Un ejercicio como este, en condiciones normales, debería servir para que tanto el CSU como el equipo rectoral definieran un plan de mejoramiento claro, con metas de cumplimiento obligatorio para el segundo año de gestión. Aunque es un avance que el CSU se tome el trabajo de evaluar al rector, preocupa que, más allá del resultado negativo, no se conozca hasta el momento ninguna reflexión institucional al respecto. Esta omisión se agrava considerando la profunda crisis que atraviesa la UdeA, especialmente durante el último año. Podemos caracterizar esta crisis en al menos cuatro dimensiones:
Crisis en la planeación académica. Durante la última década, se ha dado un crecimiento no suficientemente planeado de nuevos programas académicos, tanto de pregrado como de posgrado. Paradójicamente, este crecimiento no ha venido acompañado de una ampliación real en la cobertura estudiantil. Por el contrario, desde 2015 hasta la fecha, la cantidad de estudiantes matriculados ha disminuido en ambos niveles educativos. Esto nos lleva a cuestionar el papel que jugaron tanto el CSU como el Consejo Académico, órganos que durante todos estos años no advirtieron ni intervinieron ante esta situación anómala.
Crisis financiera. Los problemas financieros que atraviesa la Universidad son ya bien conocidos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado un plan de ajuste presupuestal realista y estructurado que permita afrontar, por ejemplo, el déficit de casi 200.000 millones de pesos proyectado para 2025 entre lo presupuestado y los ingresos estimados. Todo indica que el equipo rectoral ha optado por confiar en que, en algún momento, esos recursos llegarán desde las entidades territoriales del orden nacional o departamental, a pesar de que no existen compromisos formales en ese sentido. Aunque la universidad tiene planes de desarrollo decenales y planes de acción para cada periodo rectoral, es evidente que estos planes no han tenido un sustento presupuestal riguroso, lo que ha ahondado el déficit que atraviesa la institución.
Crisis de convivencia. La convivencia en el campus universitario es otro factor crítico. A los ya recurrentes problemas de venta y consumo de drogas y la presencia de vendedores ambulantes, se suma el control que ejercen los encapuchados sobre la Ciudad Universitaria. Con frecuencia estos grupos se toman el campus y sus alrededores, intimidando a la comunidad universitaria y dificultando la realización tranquila de eventos académicos, especialmente aquellos que cuentan con invitados externos. Incluso han llegado a interrumpir ceremonias de grado. Como lo señala la Comisión de la Verdad, estos grupos que recurren a la violencia han utilizado históricamente el campus para fortalecer sus proyectos armados. A esto se suma la lentitud con la que la administración universitaria ha respondido a los múltiples casos de violencia basada en género (VBG) que se han presentado.
Crisis administrativa. En el ámbito administrativo, para quienes formamos parte de la UdeA es evidente la ausencia total de liderazgo por parte del equipo rectoral y la negación reiterada de la existencia misma de la crisis, lo que ha impedido que se formulen iniciativas institucionales sólidas para superarla. Lo único que se percibe es un rector en silencio y que evade dar explicaciones, como ocurrió cuando fue citado a la Asamblea Departamental, en donde se excusó y delegó la asistencia en el Vicerrector General.
Frente a esta situación, cabe preguntarse: ¿qué consecuencias debería traer para la Universidad y para la actual administración una calificación tan baja como la recibida? ¿Está el CSU dispuesto a reconocer el error de haber reelegido, por tercera vez, a un rector cuya gestión ya muestra signos evidentes de fracaso? La universidad lo necesita más que nunca
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