El privilegio en Argentina es estar dentro

¿Alguna vez sentiste que, incluso cuando hagas todo bien, el sistema igual te deja afuera? Hay una escena que se repite a diario y que, sin embargo, casi nunca entra en el debate público —por más visible que sea—. Por ejemplo, un pibe manda currículums durante meses y no lo llaman. Una mujer quiere blanquear su emprendimiento, pero descubre que hacerlo la deja en rojo. A la vez, un repartidor trabaja doce horas diarias, paga impuestos cada vez que compra algo, pero no tiene obra social ni jubilación. Ni siquiera el jubilado, tras décadas de aportes, se libra de pensiones que se licúan ni de servicios de salud que no acompañan su envejecimiento.

Ahora bien, no se trata de excepciones aisladas. Por el contrario, son la norma.

En ese sentido, todos estos casos son síntomas de una estructura social y económica que, más allá de los discursos, bloquea la movilidad social real y perpetúa privilegios de acceso. Son historias silenciosas, sin micrófono ni sindicato, que no entran en los relatos épicos ni en los actos partidarios. Tampoco aparecen en las estadísticas que se celebran ni en las directrices que prometen protección. No obstante, constituyen la base concreta sobre la que funciona buena parte de la economía argentina.

En Argentina, entonces, el privilegio no es ganar bien: es estar dentro. Dentro del empleo formal, de los sistemas protegidos y de las reglas que otorgan derechos a unos y apartan a otros.

Por lo tanto, no se trata solo de ingresos. No. Se trata también de pertenencia: del acceso a un conjunto de beneficios que, aunque todos contribuyen a financiarlos, no están disponibles para todos por igual.

Durante años, discutimos la desigualdad como si el único problema fuera cuánto gana cada uno. Sin embargo, la grieta más profunda no es de ingresos: es de acceso. En otras palabras, la división real se da entre insiders y outsiders, entre quienes están cobijados por el sistema y quienes solo lo financian.

De hecho, según el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina), cerca del 45 % de los trabajadores argentinos se desempeñan en la informalidad. Es decir, trabajan, producen y sostienen la economía cotidiana, pero quedan fuera de los derechos laborales básicos. Ahora bien, la informalidad no es una falla moral ni una preferencia cultural. Más bien, es en gran medida una respuesta racional a un sistema que penaliza la formalización con cargas excesivas, burocracia y riesgo jurídico.

Así, cada regulación “protectora”, cada sobrecosto a la contratación y cada rigidez pensada para cuidar al trabajador formal no hacen más que levantar un muro más alto para quien busca su primer empleo o intenta formalizarse. En este punto, diversos estudios del Banco Mundial y de la OIT muestran que los mercados laborales más rígidos tienden a excluir, especialmente, a jóvenes, mujeres y trabajadores de baja calificación. En Argentina, lejos de ser una abstracción teórica, esto se vive como experiencia cotidiana.

El asunto es que el debate público suele mirar solo a quienes están adentro; es decir, al trabajador registrado, al empleado público, al afiliado sindical. Desde luego, sus derechos importan. No obstante, casi nunca se habla del costo invisible de sostener ese esquema: millones de trabajadores condenados a la precariedad permanente.

Ahí es donde aparece la trampa. La protección no es universal, sino selectiva; y cuando se concentra, deja de ser justicia social para convertirse en privilegio. Como advertían Friedman y Hayek, en ese punto ya no se trata de solidaridad, sino de poder: beneficios para algunos, costos ocultos para otros y una igualdad ante la ley cada vez más debilitada.

Algo similar ocurre con los sindicatos. Si bien nacieron para defender a los trabajadores, en muchos casos funcionan como estructuras cerradas que priorizan conservar beneficios para los afiliados actuales, aun cuando ello implique limitar el ingreso de nuevos trabajadores. De hecho, la evidencia comparada muestra que los sistemas sindicales más abiertos y competitivos favorecen un mayor empleo formal, mientras que los monopolios de representación tienden a rigidizar el mercado y a proteger insiders.

Asimismo, el empleo público se convierte en otro ejemplo incómodo. En un país con alta informalidad, un puesto estatal con estabilidad de por vida no es solo un trabajo: es una garantía de pertenencia. Y no siempre se basa en el mérito, sino en el acceso, muchas veces condicionado por vínculos políticos antes que por capacidad.

Mientras tanto, el outsider paga. Paga impuestos al consumo, soporta inflación y recibe servicios deficientes, pero sin acceso a la estabilidad ni a la previsibilidad. En consecuencia, es contribuyente permanente y ciudadano ocasional.

A esto se suma que la inflación opera como un impuesto encubierto que no golpea a todos por igual. Por el contrario, amplía la brecha entre quienes pueden cubrirse y quienes quedan expuestos. La CEPAL lo advierte desde hace años: América Latina no enfrenta solo desigualdad de ingresos, sino una profunda falta de movilidad social. Sin reglas que faciliten el ingreso y la competencia, el sistema cerrado convierte la desigualdad en herencia.

Por eso, el foco del debate está corrido. No se trata de quitar derechos, sino de extenderlos y dejar de administrarlos como privilegios. Porque, en última instancia, un derecho que no puede ejercerse pierde su sentido.

Si de verdad queremos hablar de justicia social, entonces hay que animarse a mirar lo que incomoda: regulaciones excluyentes, estructuras que protegen a los de siempre y una política más preocupada por conservar poder que por abrir oportunidades.

En definitiva, el verdadero privilegio en Argentina no es tener más: es no quedar afuera.