
“¿cómo pueden quienes defienden estas sanciones decir que están del lado del pueblo venezolano? Porque si de algo podemos estar seguros es de que las crisis económicas, cuando son inducidas, no afectan a los de arriba, sino a los de abajo.”
Hace unos días, Donald Trump, con su ya habitual estilo de diplomacia de puño de hierro, decidió que Venezuela es, nuevamente, un objetivo de sus sanciones. No lo hace directamente, claro. Su estrategia es la de siempre: declarar o mantener un estado de guerra latente con el país para justificar medidas económicas que, en teoría, castigan al gobierno, pero en la práctica golpean con brutalidad a la gente común.
El plan es sencillo: imponer un arancel del 25% a los países que compren gas y crudo de petróleo venezolano. ¿El resultado? Un castigo que no solo afecta a Venezuela, sino que mete en aprietos a empresas extranjeras, algunas de ellas europeas, que han invertido en el país en los últimos años, como Repsol.
Pero esta no es solo una medida económica. Es, una vez más, Donald Trump jugando a ser el dueño del mundo, imponiendo sus leyes y sus ideas a empresas transnacionales y a otros países, violando su autodeterminación y autonomía. Porque no se trata solo de Venezuela, sino de la forma en que Estados Unidos cree que puede dictar las reglas del juego sin que nadie le cuestione.
Recientemente, la administración Trump revocó los permisos que permitían a empresas internacionales, como Repsol, exportar crudo y derivados desde Venezuela. Esta decisión forma parte de una estrategia para aislar económicamente al régimen venezolano. Trump ha defendido que estos aranceles han tenido un «fuerte efecto» en la economía venezolana, destacando que países como China han reducido sus compras de petróleo venezolano debido a estas sanciones. Mientras tanto, empresas extranjeras ahora enfrentan la disyuntiva de cesar sus operaciones en el país sudamericano o arriesgarse a enfrentar sanciones estadounidenses.
Aquí hay algo que me parece fundamental: más allá de la retórica de la «democracia» y la «libertad», estas sanciones violan todos los protocolos internacionales y, peor aún, ponen en riesgo los derechos humanos de los venezolanos. Porque, seamos claros, ¿quiénes van a pagar el precio real de estas medidas? ¿El gobierno de Maduro? No. Los que sufrirán son los venezolanos de a pie, aquellos que ya lidian con una crisis económica feroz, con una inflación que no da tregua y con un sistema de vida que cada vez se vuelve más insostenible.
Y como si todo esto fuera poco, Trump justifica sus acciones con otro de sus argumentos favoritos: el miedo. Asegura que Nicolás Maduro está enviando terroristas venezolanos y miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos de manera intencional. Sin embargo, lo que se ha demostrado es que muchas de estas personas han sido arrestadas y, en algunos casos, enviadas directamente a las cárceles de Nayib Bukele sin un juicio justo. Un castigo sin proceso que no solo viola los derechos de estas personas, sino que refuerza la discriminación contra la población venezolana migrante.
Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿cómo pueden quienes defienden estas sanciones decir que están del lado del pueblo venezolano? Porque si de algo podemos estar seguros es de que las crisis económicas, cuando son inducidas, no afectan a los de arriba, sino a los de abajo. Y esos, por más que quieran disfrazarlo con discursos grandilocuentes, son los que menos importan en esta ecuación.
Mientras tanto, las empresas que hace poco regresaron a Venezuela debido a la crisis energética mundial, particularmente tras la guerra en Ucrania, ahora enfrentan un dilema enorme. Repsol y otras compañías europeas ven con preocupación las fechas límite que Trump quiere imponerles para cesar sus operaciones. La pregunta es: ¿se atreverán a desafiar estas sanciones o terminarán cediendo a la presión?
La historia nos ha enseñado que las sanciones rara vez logran sus objetivos políticos, pero siempre dejan una estela de destrucción en la vida de la gente común. Esta vez no será la excepción. Y mientras algunos aplauden la mano dura de Trump, el ciudadano venezolano promedio seguirá contando cada billete con la esperanza de que aún le alcance para comer mañana.
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