Una vez más, la ciudadanía se encuentra atrapada en el fuego cruzado entre el Gobierno Nacional y las EPS. Mientras se habla de un desabastecimiento de medicamentos que azota a varias ciudades, las agremiaciones del sector insisten en alertar sobre la limitada capacidad de pago, lo que agrava una deuda ya insostenible con los gestores farmacéuticos. ¿Hasta cuándo seremos rehenes de esta guerra sin cuartel?
En este macabro juego de poder, ni la Supersalud, ni el Invima, ni el Ministerio de Salud, ni la Contraloría, ni la Procuraduría parecen tener la llave para abrir las puertas de la salud digna. El derecho fundamental a la salud se ha convertido en una súplica desgarradora, en un ruego por medicamentos oportunos que salvan vidas. ¿Dónde están los guardianes de nuestra salud?
En esta historia de terror, la línea entre el villano y la víctima se difumina. ¿Es el Gobierno, con su reforma de salud bajo el brazo y su amenaza de estrangular el sistema, el culpable? ¿O son los prestadores de salud, ejerciendo su poder de veto y negando medicamentos en un acto de oposición política? La verdad se pierde en un laberinto de acusación y justificaciones.
Mientras tanto, miles de historias desgarradoras se acumulan en las filas de la desesperación. Rostros cansados, cuerpos agotados, almas mendigando un servicio que debería ser un derecho inalienable. El clima inclemente, el hambre, los empujones, los tramitadores… un viacrucis interminable que clama por justicia.
El desabastecimiento de medicamentos no es un fantasma reciente, sino un espectro que nos persigue desde hace años. El flujo de recursos, la savia que alimenta el sistema, se ha convertido en un río seco. Los gestores farmacéuticos, empresas que buscan sobrevivir, se ven obligados a racionar los medicamentos ante la falta de pago. ¿Dónde está la responsabilidad social?
A esta crisis se suma la inestabilidad del Invima, el guardián de la calidad de medicamentos y alimentos. La lentitud en la importación y los permisos de uso de medicamentos agravan la situación, dejando a los pacientes en un limbo de incertidumbre. ¿Quién protege nuestra salud?
Y como si fuera poco, el desabastecimiento internacional de materias primas esenciales, como analgésicos y relajantes, añade leña al fuego. Los expertos advierten sobre las dificultades en la producción, mientras los pacientes sufren las consecuencias. ¿Hasta cuándo seremos víctimas de esta cadena de negligencia?
El Gobierno Nacional, con sus intervenciones a las EPS, no hace más que agitar las aguas turbulentas. El ciudadano de a pie, el paciente que busca alivio se ve atrapado en una marea de precios exorbitantes y servicios inaccesibles. Un trasplantado sin su medicamento de control, un insulinodependiente sin su dosis diaria, son potenciales pacientes de urgencias y cuidados intensivos, inflando aún más los costos del sistema. ¿Quién paga esta factura? ¿Hasta cuándo permitiremos que la salud sea un privilegio y no un derecho?
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