El reciente conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2025 ha dejado al descubierto una serie de fallas estructurales que afectan tanto el sistema democrático como la estabilidad fiscal del país. La decisión del Gobierno de aprobar el presupuesto por decreto, al no haber logrado el consenso necesario en el Congreso, marca un punto de inflexión en la relación entre ambas ramas del poder y genera una incertidumbre preocupante.
En términos fiscales, la propuesta inicial de 523 billones de pesos se basa en ingresos contingentes que dependen de una reforma tributaria aún por aprobarse. Este enfoque, cuestionado por numerosos expertos, pone al país en una posición de riesgo financiero, ya que, si no se generan los recursos esperados, el Gobierno se verá obligado a recortar el presupuesto en áreas críticas.
Más allá de lo económico, el conflicto refleja una creciente polarización política. La incapacidad de negociar y llegar a acuerdos con el Congreso no solo pone en entredicho la capacidad de gobernar de la administración actual, sino que también socava la confianza en las instituciones democráticas. Es fundamental que se recupere el diálogo y se logre un manejo responsable y consensuado del presupuesto para evitar que estos episodios se conviertan en la norma.
El futuro económico y político de Colombia depende de que el Ejecutivo y el Legislativo superen sus diferencias y trabajen en conjunto para garantizar una gestión fiscal justa y sostenible.
Al analizar por un lado el hundimiento del presupuesto en el congreso y el tener 20 reformas tributarias en 20 años, revela una problemática preocupante en el contexto político y económico de Colombia, particularmente en lo referente a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2025. El hecho de que por primera vez desde la Constitución de 1991 se recurra a un decreto presidencial para aprobar el presupuesto resalta la gravedad de la situación y expone varias fallas estructurales en la dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo.
DEBILITAMIENTO DEL EQUILIBRIO DE PODERES
El principal motivo de inquietud es cómo la aprobación del presupuesto por decreto afecta el equilibrio de poderes. La intervención del Congreso, que representa la voluntad popular, es fundamental para garantizar que el presupuesto refleje un consenso político amplio y justo. Al saltarse este proceso, se debilita la legitimidad democrática del presupuesto y se abre la puerta a decisiones unilaterales del Ejecutivo que podrían favorecer ciertos sectores y perjudicar a otros, creando una sensación de arbitrariedad y centralización del poder.
DESAFÍOS FISCALES Y ECONÓMICOS
El monto propuesto de 523 billones de pesos se basa en ingresos contingentes, específicamente en la expectativa de una reforma tributaria que aún no ha sido aprobada. Este enfoque, que según expertos como el exministro Juan Camilo Restrepo mezcla “peras con manzanas”, plantea un riesgo fiscal evidente: si no se logra generar los recursos adicionales, el Gobierno se verá obligado a recortar el presupuesto en 12 billones de pesos, afectando áreas clave como la inversión pública.
Este tipo de decisiones genera incertidumbre tanto en los mercados como entre los ciudadanos, especialmente en un contexto económico delicado marcado por bajo crecimiento y recaudo tributario insuficiente. Es claro que el Gobierno enfrenta una situación fiscal difícil, pero la falta de consenso con el Congreso agrava la situación y daña la confianza en las instituciones.
UN CONFLICTO POLÍTICO INNECESARIO
La ruptura entre el Congreso y el Ejecutivo no solo expone problemas fiscales, sino que profundiza las divisiones políticas en un momento crucial. Las tensiones entre ambas ramas del poder, exacerbadas por decisiones polémicas como los recortes a la Registraduría, dañan la capacidad del Gobierno para implementar otras reformas importantes, como las laborales y de salud. Esta confrontación innecesaria también puede tener implicaciones negativas para futuras negociaciones y aprobaciones legislativas, afectando la gobernabilidad en general.
¿DICTADURA FISCAL?
Aunque algunos han calificado este acto como el inicio de una “dictadura fiscal”, es importante aclarar que la Constitución permite que el Ejecutivo decrete el presupuesto en caso de que el Congreso no lo apruebe dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, el problema radica más en el mensaje que esto envía. Como señala la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, este impasse debería ser una oportunidad para reevaluar las prioridades fiscales del país y encontrar un manejo más responsable y consensuado.
El manejo del presupuesto de 2025 refleja no solo una crisis fiscal, sino también una crisis política y de liderazgo. La falta de consenso, sumada a las decisiones unilaterales del Ejecutivo, pone en riesgo la estabilidad fiscal del país y socava la confianza en el sistema democrático. Es imperativo que se recupere el diálogo entre el Gobierno y el Congreso para evitar que estos episodios se repitan y se logre un manejo responsable de los recursos nacionales.
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