Todos de una manera u otra hemos sido afectados por el impuesto del ‘trapito rojo’, en especial aquellos que contamos con vehículo.
Esta medida no es más que la recurrencia que tienen muchas personas en nuestras ciudades de vivir o ganarse la vida cuidando carros.
Y digo sin complejo alguno que es un impuesto porque la misma, -quien lo creyera-, se ha convertido poco a poco en un egreso del cual no escapamos. Haga cuentas y analice cuanto entrega usted de manera voluntaria a los del ‘trapito rojo’ mensualmente y podrá sacar su propia conclusión.
Lo peor de todo es que quien no lo pague corre el riesgo de encontrar sospechosamente su vehículo rayado o con algún imperfecto que no tenía y el cual apareció como por arte de magia.
Estos Publicanos -como eran llamados en la antigüedad-, han convertido su oficio en toda una empresa a costa de nuestros aportes voluntarios por sus servicios prestados el cual no tiene ningún beneficio para nosotros. El recaudador del impuesto del ‘trapito rojo’ no tiene la manera de respondernos si el vehículo es robado o rayado. ¿Conoce usted algún caso donde el cuidador de un carro haya respondido por alguna situación indeseada?
Créalo, el negocio es redondo y las ganancias son tan cuantiosas que muchos manifiestan que su plaza o sector no tiene precio. Existen organizaciones delictivas que cobran impuesto al mismo Publicano por dejarlo hacer su trabajo.
Personalmente conozco dos casos excepcionales. El primero de ellos es el ofrecimiento que se le hizo a dos hermanos que tienen adjudicada una plaza. Trescientos millones de pesos fue la oferta por dejar la misma y la respuesta fue: “No podemos dejar la mina de oro que nos ha dado la posibilidad de comprar cada uno su casa, sostener nuestras familias y educar a nuestros hijos”.
El otro caso es el de una empresa reconocida de alimentos de nuestra ciudad. Los mismos dueños en su proyección de expansión y crecimiento locativo, compraron unos predios que eran utilizados por los del ‘trapito rojo’ y por tal motivo los desalojaron pues les cobraban a sus empleados la suma de $40.000 mil pesos mensuales por dejar parquear su moto (eran más de 60 de estos vehículos). Conclusión, la líder del grupo instauró a través de un abogado una Acción de Tutela aduciendo derecho al trabajo.
El Estado colombiano frente a este tipo de procedimiento ha sido apático y renuente. Estoy seguro que en el caso de la empresa de alimentos que presento como ejemplo y que paga impuestos adscritos a la normatividad y la legalidad, va tener que conciliar con la Líder del ‘trapito rojo’ y tendrá por orden de un Juez, pagar una indemnización amparado en la Constitución.
Ya es hora que el Estado ponga orden a este tipo de procedimientos que aparentemente parecen inofensivos, voluntarios e insignificantes, pero que no dejan de ser molestos tanto para unos como para otros y sobre todo cuando la moneda que se entrega es de un valor inferior.
¿Usted por casualidad también fue víctima del impuesto del ‘trapito rojo’ alguna vez que fue al Atanasio Girardot a ver un partido de fútbol? Saque entonces su propia conclusión.
