El problema venezolano es también el problema colombiano: prueba de ello es el hambre y la miseria de la comunidad wayúu.
No es de extrañar las características del problema: la izquierda es bastante predecible, ya que toma territorios bastante ricos, les aplica sus nefastas políticas en envolturas de leyes difíciles de controvertir por sus intenciones aparentemente bondadosas y luego, mágicamente, logra situar ese territorio originalmente rico en la extrema pobreza. Este es el caso paradójico de territorios enormemente opulentos y al mismo tiempo excesivamente pobres, como La Guajira, (Colombia y Venezuela).
Es menester tener clara la historia, pues algo destacable de este conjunto de individuos «bienintencionados» es su escasa ignorancia. Podríamos llamarles muchas cosas menos ignorantes, debido a que, en el fondo saben lo autoritario y monstruoso de sus ideas e instituciones. Simplemente optan por ocultarlo bajo la premisa de la lucha por los pobres, desamparados y oprimidos (sí, esos mismos que son producto de sus ideas).
Luego de la expulsión de los liberales radicales por parte de los liberales independientes y el conservadurismo, bajo la comandancia de Rafael Núñez, logra ganar el centralismo en Colombia promulgando la Constitución de 1886. El Partido Liberal logró de nuevo llegar a la presidencia aprovechando la división conservadora (esta vez por 16 años) llamándose la Segunda República liberal, caracterizada por una filial progresistas y socialdemócratas. En este período se realiza la reforma constitucional de 1936, la cual tiene ,entre sus principales logros izquierdistas, (y que hasta el día de hoy se posan en el ambiente académico y político como un gran logro) la función social de la propiedad y la intervención del Estado en la economía.
En 1974, Alfonso López Michelsen ostenta el cargo de presidente de la República de Colombia por el partido Liberal colombiano, partido que categorizamos como el nuevo fortín socialista, con una agenda pre establecida por el presidente en cuestión.
Justo en 1976, se firma la concesión minera que sería hoy la mayor mina a cielo abierto del mundo, El Cerrejón, concesión que se inicia con un 50 % de participación del Estado colombiano. Es aquí donde las políticas bienintencionadas terminan beneficiando a los ricos (de quienes profesan un eterno odio), y por el otro, perjudican a los pobres (por quienes reclaman a gritos protección). En el marco de la reforma constitucional de 1936, ya se había declarado la función social de la propiedad, entonces, se le hizo fácil al Estado colombiano (junto con una empresa en concesión) el desalojo de los indígenas, priorizando el interés general de la explotación del carbón sobre el interés particular de los tenedores de tierras en la Guajira, la comunidad wayúu.
Luego, en 1992 el partido liberal colombiano ingresó a la Internacional Socialista, premio que estuvo reñido con su par ideológico, el M-19, que también entró pero como observador. Este logro socialista venía siendo impulsado por el entonces expresidente Alfonso López Michelsen, quien llevaba el trabajo de la agenda socialista en Colombia ya hacía 15 años atrás.
Un factor determinante en el fracaso o éxito de un país es el grado de respeto que se tiene a la propiedad. Sin embargo, frente a esto los izquierdistas aplauden cual focas de circo cuando se habla de expropiación. Este es el ejemplar caso de juzgar una política por sus intenciones y no por sus resultados.
Por cientos de años las comunidades afro, indígenas y mestizas habían habitado el territorio de la Guajira desde la serranía del Perijá, la Sierra Nevada y el extremo norte de la península. Pero eso no es de importancia para los colectivistas de la propiedad quienes a través del Estado: lograron despojar de sus tierras a las comunidades que habitaban sobre la superficie de los grandes yacimientos de carbón. Con esto, La Guajira fue saqueada ilegítimamente, ignorando la consagración de uso exclusivo de la tierra para la agricultura y la ganadería. El Estado, junto con la concesión en ese entonces mixta, entregó títulos de propiedad, persuadió a algunos de vender a bajo precio a cambio de salud, educación y mejor calidad de vida. Los que se negaron, fueron desalojados. Claramente, la función social de la propiedad logró, como norma constitucional, expropiar a 35 comunidades wayúu, afro y afro-wayúu. De las anteriormente mencionadas, solo cinco comunicades han sido reubicadas parcialmente, y la promesa de educación, salud y mejor calidad de vida quedó casi tan distante como las opiniones izquierdistas sobre este pedazo de la historia que no les conviene «democratizar».
Ahora bien, ¿existe una relación entre la miseria que vive el departamento Guajiro y el fracaso del gobierno venezolano? Podemos concluir que sí, pues algo que se debe mencionar es la ubicación geográfica que existe entre el territorio guajiro (Colombia) y el territorio venezolano, con el cual limita al sureste. Sin embargo, el pueblo wayúu no tiene una frontera política establecida pues habitan 17 300 kilómetros cuadrados entre el departamento de La Guajira, en Colombia, y el Estado Zulia, en Venezuela. Por consiguiente las comunidades ostentan la doble nacionalidad reconocida por la Constitución colombiana y en parte por la venezolana. Sin embargo, no es importante para la agenda socialista estos tipos de cabos sueltos. Lo recurrente es usar estas banderas de luchas humanas como método de justificación de lo autoritario de sus ideas. Desde que inició el brazo armado del socialismo en Colombia en la figura de las FARC-EP o ELN, hasta en las confrontaciones políticas como el Partido Liberal, M-19 (Alianza Verde), Polo Democrático, Unión patriótica y ahora FARC, se ha velado por un progresivo avance del consenso del Foro de São Paulo o mejor expresado, el socialismo del siglo XXI.
Luego del triunfo chavista, las expectativas de cualquier avance moderno de la comunidad wayúu quedaron enterradas con el declive económico de Venezuela. Para los habitantes provincianos de la Guajira, no es un secreto el aporte económico que había en la comunidad indígena en la zona fronteriza pues, el comercio entre Venezuela y Colombia (en esta parte relativamente pobre) era necesario para su propia supervivencia. Los productos venezolanos solían ser parte fundamental de la canasta básica de las familias Guajiras colombianas. Esta práctica fue fuertemente arrasada por el chavismo hoy representado por Nicolás Maduro, colocando actualmente en jaque la existencia misma de la comunidad wayúu. «Sin embargo, para los wayúus que viven en Venezuela, el punto de quiebre llegó con la devastación económica durante la presidencia de Nicolás Maduro», expresó al respecto el New York Times.
Es aquí donde me pregunto si es razonable decir que el problema venezolano no es un problema colombiano, pues si bien, las medidas adoptadas por el gobierno puedan parecer fácilmente foráneas, estas no dejan de representar una amenaza para nuestra población.
La comunidad Guajira mantuvo una resistencia por su libertad y supervivencia por más de 400 años: en 1500, luchó contra las presiones permanentes de ejércitos esclavistas y en 1900, en la guerra de los mil días, en la que diversos terratenientes quisieron ocupar los territorios. Sí, 400 años de resistencia en los que ningún ejército pudo lograr hacer lo que el socialismo está logrando hasta la fecha: acabar con la cultura wayúu.
