Además de la existencia de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos en materia de derechos humanos, la ONU ha contemplado tres grandes enfoques globales a favor de la inclusión de esta población alrededor del mundo: un enfoque de doble vía que entiende que el tema debe ser abordado de manera transversal; que exista una intersectorialidad entendiendo el género, la edad y la ubicación geográfica; y la presencia de una coordinación y coherencia para acelerar las acciones. A su vez, propone 4 áreas principales de abordaje: a) Una acción enfocada al trabajo con lideres y directivos, b) la inclusividad enfocada a personas con discapacidad y colectivos, c) asesoramiento y evaluación en la materia y d) una cultura institucional a través de la divulgación de información.
Precisamente, en junio del presente año Colombia participó en la 16° Sesión de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York en donde además de socializar de primera mano estas temáticas a un nivel macro, a través de la delegación tuvo distintos acercamientos con la Enviada Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad y se dio la reunión con la unidad de discapacidad de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Alianza Internacional de la Discapacidad y representantes del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), poniendo sobre una mesa internacional este gran reto que ha ido asumiendo el país.
En Colombia, el trabajo se ha fortalecido en su marco legal en un momento sin precedentes hasta ahora, a través de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 que establece disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, la Resolución 113 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud, que presentó un sistema de Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) y estableció a las entidades territoriales incluir en sus presupuestos los recursos para su implementación, así como la reciente Resolución 1239 de 2022 que fortalece y exige a las secretarías departamentales, municipales y distritales la Certificación de esta población en el país, en un trabajo conjunto que parte desde la gestión de lo público hasta la participación de EPSs e IPSs en el proceso.
Lo anterior no impide anotar que el abordaje a favor de la inclusión y garantía de derechos a favor de las personas con discapacidad deberá ser holístico, abarcando no solamente a la persona misma, sino también a sus familiares, cuidadores, comunidad, personal de salud y no menor, contar con una incansable presencia y acompañamiento desde el ámbito público a través de autoridades locales, departamentales y nacional, en un trabajo que no solamente apuntará a los más de 2 millones de personas que ya sea por una condición auditiva, física, intelectual, visual, de sordoceguera, psicosocial o múltiple se identifiquen dentro de este colectivo en el país, sino a cada colombiano que comparte el mismo territorio y medios de vida.
Existen aún grandes retos por superar si se quiere apuntar a una mayor garantía de derechos que perdure en el tiempo como el acondicionamiento de espacios públicos que garanticen una facilidad en la movilidad, una mayor inclusión laboral, mayor visibilidad de estas temáticas en redes y sobre todo el fortalecimiento del trato humanizado hacia este tipo de población. Se vislumbra un futuro prometedor a favor de este colectivo, pero dependerá también de cada uno de nosotros a través de la acción, vigilancia, control, seguimiento y apropiación, acelerar o ralentizar el proceso en lo que podría ser el gran momento para las personas con Discapacidad.
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