Que la universidad sea un espacio de participación política, un lugar diferente del lugar de la política nacional, es algo que solamente los demócratas participativos vieron a partir de entender que la democracia no se podía dejar solamente en manos de representantes políticos y ciudadanos votantes. Según los demócratas participativos y deliberativos se requería un tipo de sociedad acostumbrada a participar, deliberar, interesada en hacerlo, y para esto era importante cultivar las aptitudes democráticas de los ciudadanos en otros ámbitos de la vida, como el mundo del trabajo o la universidad (Mansbridge 1983).
El término de «democracia participativa» fue acuñado por el movimiento estudiantil en USA, Francia, Alemania y posteriormente fue usado por muchos otros movimientos sociales. Lo primero que llegó a significar fue otro tipo de universidad, menos jerarquizada, burocratizada y compartimentada, menos dogmática, menos alejada de los problemas reales de la sociedad, comprometida con derrotar la apatía política entre sus estudiantes y en formar buenos ciudadanos.
La universidad debe organizar, entonces, de otra manera su sistema de representación, no solamente para ampliar la participación, sino para regular todas las formas en que esta se debe producir. Representación sin regulación convierte a la democracia universitaria en un sistema inequitativo e injusto.
La no regulación hace posible que, como parece ha sucedido en algunas de nuestras universidades, miembros de la dirección universitaria usen su poder administrativo para apoyar a uno u otro candidato o para apoyarse a sí mismos. O para que un miembro del Consejo Superior (CS) estigmatice la administración para, mediante un escándalo mediático, perfilar un determinado candidato/a. El respeto a la representación presupone la reserva de los asuntos tratados en una instancia directiva.
La representación en la universidad —para designar al rector y a los decanos— debe orientarse por valores meritocráticos relacionados con las capacidades académicas, el talento y los esfuerzos individuales, y no por expectativas relacionadas con el poder político o económico, o con los intereses de actores externos a la universidad, o con intereses de grupos particulares definidos en función del género, la raza, entre otros.
La política en la Universidad de Antioquia (UdeA), como en las demás universidades públicas, fue concebida y articulada en la Ley 30 de 1992. Según el procedimiento establecido en el capítulo II de esta Ley, el CS, que es el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad, designa al Rector (a) para un período de tres años en una sesión fijada para tal designación. El CS está integrado por ocho miembros.[1] Los profesores y los estudiantes están débilmente representados frente a los miembros del gobierno o frente a las eventuales alianzas de los representantes del gobierno con los otros representantes. El Estado por medio de la Ley 30, al haberle dado una fuerte influencia al gobierno en la conformación de los consejos superiores, menoscabó la autonomía universitaria.
Este modelo de gobierno político o de organización de la representación en las universidades públicas ha sido cuestionado muchas veces desde hace muchos años, por profesores y estudiantes, utilizando todas las formas de lucha, desde la argumentación razonada en asambleas de estudiantes y profesores, hasta la resistencia civil. Se ha formulado la idea de una constituyente universitaria, de abolir la representación, y se han propuesto diferentes modelos para ampliar el número de representantes en el CS. Sin embargo, hay que decir que todo esto no se ha podido concretar, que la representación definida por la Ley 30 ha permanecido intacta, y es la que define en este momento cómo se designa un nuevo rector. En la universidad pública no se ha podido dar el paso político para cambiar este sistema representativo, caduco, no incluyente, vinculado a poderes políticos no académicos —a pesar de las luchas estudiantiles y los esfuerzos hechos recientemente en el Congreso— para proponer y desarrollar otro modelo de representación y gobierno de la universidad, centrado en la inclusión, en una política deliberativa, basada en la argumentación y en la justificación de razones.
Lo que se tiene que plantear en la universidad pública es cómo ponerle fin a este tipo de representación, que deja el asunto del gobierno universitario solamente en manos de unos representantes que están autorizados para decidir todo y de profesores/as, estudiantes/egresados/as, que tienen solamente un voto no vinculante y ningún poder para decidir. Es necesario crear entonces otra forma de representación democrática, deliberante y participativa. Proponer fórmulas como tener más representantes de los profesores, los estudiantes, las mujeres, puede ser adecuado, pero esto debe ser enmarcado en otra forma de entender la política democrática.
¿Qué puede decir el modelo deliberativo frente a una institución como la universidad? La democracia deliberativa es un modelo político normativo cuyo fin fundamental es que las decisiones políticas sean tomadas mediante un procedimiento de deliberación democrática. Este modelo ha sido desarrollado específicamente para la deliberación dentro de las instituciones políticas, como el parlamento y los tribunales. Sin embargo, los Estados democráticos y liberales permiten la deliberación en aquellas instituciones en las que esta es en sí misma constitutiva, como lo son las universidades.
El procedimiento deliberativo sirve para desarrollar los procesos de justificación o legitimación de las decisiones políticas y su elemento democrático consiste en que los participantes en la deliberación debe ser todos aquellos potencialmente afectados por la decisión que va a ser deliberada. Si la decisión está en el ámbito de la política nacional, los afectados somos todos los ciudadanos. Si la decisión tiene que ver con la educación pública universitaria, los afectados somos los universitarios. Y como tales deberíamos tener el derecho de participar de diferentes maneras en los procesos de toma de decisiones en la universidad o en el Congreso o de incidir en esas decisiones. Para evitar malos entendidos, no se trata de democracia directa, ni del poder constituyente universitario. Las palabras deben ser cuidadosamente escogidas. Aquí se trata de representación deliberativa.
“La democracia debe ser participativa, pero no en el sentido de requerir que los ciudadanos se involucren en todas las decisiones políticas. Por el contrario, una democracia debe ser participativa en el sentido de que cuente con instituciones que facilitan una alineación constante entre las políticas a las que están sujetos los ciudadanos y los procesos de formación de la opinión y la voluntad políticas en la que ellos (activa y/o pasivamente) participan” escribe Cristina Lafont.
En este sentido, es a través de la deliberación pública que los ciudadanos pueden discutir los méritos de las leyes, políticas y normas universitarias y, por lo tanto, aprobarlas o rechazarlas reflexivamente. Debe quedar claro que vivimos en un mundo en el que todo tipo de instancias representativas deben compartir su espacio representativo con otras instituciones de los otros poderes del Estado y con una cantidad infinita de organizaciones sociales.
“En ese mundo, la elección ha perdido su monopolio de la representación y ha cedido terreno a otros métodos de reclutamiento, como la selección aleatoria, las instituciones lotocráticas, y los minipúblicos”, escribe Felipe Rey. Hoy se están desarrollado propuestas para insertar instituciones como asambleas de ciudadanos, jurados de ciudadanos, conferencias de consenso, encuestas deliberativas, y los llamados minipúblicos en el proceso político. Estos nuevos espacios están diseñados para promover debates de alta calidad, brindando a los ciudadanos información detallada sobre los temas a tratar, asesoramiento de expertos, tiempo para reflexionar y deliberar, entre otros asuntos cruciales. Esto permite que las opiniones de los ciudadanos participantes pasen por un proceso de filtro deliberativo que incrementa la calidad epistémica de la opinión pública generada al interior de la institución democrática (https://bit.ly/3I3ismI2023).
Así queda indicado un posible camino para reemplazar en el gobierno universitario, la forma de gobierno dominante —representativa, centrada y definida en función de intereses particulares y de grupos de poder— por un tipo de universidad con una política deliberativa, basada en la argumentación, en la presentación de razones y en su justificación.
Todas las columnas del autor en este enlace: Francisco Cortés Rodas
[1] El presidente de la República o su delegado, el ministro de Educación o su delegado, el Gobernador o su delegado, un ex rector, un representante de las directivas académicas, uno del sector privado, uno de los profesores y uno de los egresados.
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