La tercera legislatura del Congreso de la República concluye con una excelente noticia para los trabajadores: la aprobación de la reforma laboral. No me cabe la menor duda de que se trata de la mayor reforma social de la última década, al lado, por supuesto, de la reforma pensional. Con su aprobación, tras un intenso tire y afloje en el Senado, el presidente Petro restituye los derechos que millones de trabajadores y trabajadoras dieron por perdidos tras la nefasta contrarreforma laboral que Álvaro Uribe y un Congreso dominado por la derecha promovieron en el 2002.
Por eso, la aprobación de la laboral, en la centralidad de la agenda reformista del Gobierno -con la pendiente reforma a la salud y la pensional- es tanto un acto de justicia histórica como de dignificación del trabajo.
Y ciertamente no fue una tarea fácil, para nada, el Gobierno tuvo que echar mano de una serie de estrategias, un plan A, B, C y D, para presionar su discusión, así como para desactivar un bloqueo institucional orquestado desde las oficinas de algunos gremios y grupos económicos. Los mismos que en 2002, ante el asedio del embrujo autoritario del uribismo, no vieron problema en lesionar los derechos de los trabajadores bajo al argumento falaz de generar más empleo.
Con fortuna, la presión ciudadana a favor de la consulta popular; la radicación de la consulta popular 2.0; la actitud de amplitud y concertación del Gobierno, y claro está, la sensatez de algunos sectores independientes permitió que la reforma fuera una realidad tras su paso por la Cámara de Representantes y que el proceso de conciliación -en la cual se decidió acoger el texto aprobado en el Senado- no representara un riesgo para su eventual sanción y entrada en vigor.
Ya lo que sigue es que la reforma sea una realidad que se sientan contante y sonante en el bolsillo de los trabajadores; para ello, tanto el Gobierno como el sector privado deberán acordar una hoja de ruta; primero, para que su implementación sea ordenada y corresponda a las debidas actualizaciones en los sectores más impactados -servicios, seguridad privada etc.-; y segundo, para que no se le haga “conejo” a los trabajadores o aprendices del Sena.
Porque con la reforma laboral no puede pasar aquello que se repite con ironía cuando desde el Congreso se aprueba una ley: que, hecha la ley, hecha la trampa. No señor, los derechos y la dignidad de los trabajadores deben ser una prioridad en cualquier gobierno, y nunca, nunca más podemos permitir que se vuelvan a cercenar bajo el argumento falaz que desmejorado los derechos laborales se genera más empleo. Ya quedo demostrado que es hipótesis, tan esgrimida por la derecha, no tiene el más mínimo sustento.
A la aprobación de la laboral se suma otra gran noticia: la cifra de desempleo más baja en lo que va del siglo, puesto que, según el Dane, el mercado laboral en el país registró un avance significativo en abril, con la creación de 711.000 nuevos empleos y una reducción de 454.000 personas en situación de desempleo.
¡la tasa de desempleo se ubicó en el 8,8%, lo que representa una disminución de 1,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior!
Son avances, son hechos y son objetivos centrales del Gobierno del cambio. Tanto la formalización laboral como la generación de empleo. Indicadores que, confiamos, seguirán mejorando en el trascurso de los próximos meses y que me permiten afirmar con contundencia: el Gobierno del cambio le cumple a los trabajadores.
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