El pasado 01 de agosto vivimos en México la primera consulta popular organizada (seriamente) por el Instituto Nacional Electoral. La primera ya que, anteriormente, al comienzo del sexenio vivimos un evento similar, pero sin resultados vinculantes ni organizado por alguna autoridad, sino por el partido que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, Morena. En esa ocasión fue un ejercicio de refrendo al ganador de la contienda electoral, sin embargo, no fue más que una simulación (o simulacro) de lo que podría ser la democracia directa en México. Simulacro porque las preguntas tenían respuestas sumamente obvias: si se estaba de acuerdo en cada una de las promesas de campaña.
Pero en esta ocasión no voy a rememorar aquel simulacro, sino la consulta popular de este año, aquella consulta fracasada que tuvo un costo, pagado por los contribuyentes (no podía ser de otra forma), de 528 millones de pesos (https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/02/cada-voto-de-la-consulta-contra-expresidentes-costo-79-pesos/). Dinero que pudo ser utilizado para mejorar las condiciones de la infraestructura educativa de este país, que, si bien es una deuda histórica que tienen los gobiernos para con los ciudadanos, ahora con la pandemia de Covid-19, se ensanchó el problema, agregándole la falta de condiciones sanitarias para que los estudiantes puedan permanecer, de manera segura, en un aula.
Esta consulta supuestamente serviría para enjuiciar a los expresidentes que en el discurso lopezobradorista son “enemigos del país” al tratarse de expresidentes que mantuvieron políticas neoliberales. Así se vendió la consulta por parte del partido en el poder y sus aliados y paleros. Sin embargo, la pregunta que realizó la Suprema Corte para la consulta fue totalmente diferente:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
(https://portal.ine.mx/consultapopular/)
Una vez descrita la consulta, veamos los resultados, que es lo más importante: por normativa, se necesitaban 37 millones de participantes, aproximadamente, para que el resultado fuera vinculante. Debemos recordar que el presidente AMLO ganó los comisión de 2018 con poco más de 30 millones de votos (https://www.forbes.com.mx/consulta-popular-llamados-a-votar-y-baja-asistencia-dos-caras-de-la-misma-moneda/), así que debían contar con más apoyo que en esa ocasión. Necesitaban más de siete millones más para que la consulta “valiera la pena”, considerando que mantuvieran la misma plataforma social. El resultado fue sumamente humillante, ya que solo asistieron 6’474,708 ciudadanos.
Lo que nos demuestran los datos anteriores es que la base social que mantenía alta la popularidad del presidente López Obrador está disminuyendo conforme pasan los daños. Está viviendo un desgaste su gobierno como los anteriores (basta con ver las estadísticas de popularidad de exmandatarios y compararlas con las de el actual). Este desgaste se debe a los pobres resultados que ha dado su administración respecto a la inseguridad, narcotráfico, desempleo y pobreza. Los males de siempre, pero con soluciones más ridículas, improvisadas y simplemente simuladas. Donde los programas sociales existen en el discurso, pero en la realidad no; donde la corrupción sigue adueñada de los cargos públicos y donde el discurso de “transformación” y “revolución pacífica” lopezobradorista se diluyen al no ver ningún resultado que demuestre el compromiso real del gobierno federal encaminado a la justicia social, que tanta falta le hace a este país.
Tan malos resultados se tuvieron con la consulta, que nadie la menciona en estos días. Porque, para escribir sobre ella, preferí esperar unas semanas para ver qué temas se abordaban en la discusión pública referentes a este fracaso, pero resulta que esos temas no existen, porque el gobierno ha hecho todo lo posible para que olvidemos su existencia.
Se comprobó que el poder de convocatoria del presidente López ya es casi inexistente: repito, mientras que en 2018 movilizó a su favor a 30 millones de votantes, ahora, a mitad de su sexenio, solo puede movilizar a poco más de 6 millones de votantes, en un país de cerca de 90 millones.
Estos resultados deberían preocupar al presidente, porque tendría que ocurrir un milagro que levante su popularidad (o un fraude muy bien organizado) para que, en marzo de 2022, pueda ganar el referéndum sobre su gestión, donde se definirá su permanencia en el cargo. A mi ver, con estos resultados se puede predecir que va a perder… pero ya veamos si la compra de votos le alcanza para ganar.
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